Decreto del 27/03/1984 y posteriores modificaciones
LA JUNTA DE VECINOS DE COLONIA
ACUERDA Y DECRETA:
TITULO I
AMBITO DE APLICACION
Capítulo Unico
Artículo 1º.- Este Estatuto comprende a todas las personas que nombradas por la autoridad competente, desempeñan función pública en el Gobierno Departamental de Colonia.
Rige, en consecuencia, a quienes ocupan un cargo cuyo rango, destino y remuneración se halla previsto en el Presupuesto General Municipal; así como todas las relaciones de trabajo o servicios, en lo que fuera aplicable, siempre que expresamente no se las excluya del Estatuto por el Reglamento respectivo.
A los fines del Estatuto, las personas comprendidas en sus disposiciones serán consideradas funcionarios municipales y, frente a la Administración, en situación estatutaria y reglamentaria.
Art. 2º.- Para los efectos de este Estatuto, el significado legal de los términos que se indican a continuación serán el que se contiene en las definiciones que siguen:
a) Empleo público, es la función pública, remunerada o no, que se realiza en cualquier servicio del Gobierno y Administración Departamental de Colonia, y que se especifica por su cometido.
b) Funcionario, agente o empleado público, es la persona que desempeña un empleo público en algún servicio del Gobierno y Administración Departamental, en virtud de una relación funcional.
TITULO II
Ingreso a la función pública municipal
Capítulo I
Categorías Funcionales
Artículo 3º.- Los empleados del Gobierno y Administración Departamental de Colonia estarán clasificados en categorías y grados, según su jerarquía y las funciones que les están asignadas.
Art. 4º.- Para el personal de la Intendencia Municipal de Colonia, institúyase las siguientes categorías funcionales:
A. Profesional;
B. De Particular Confianza;
C. Especializada;
D. Administrativa;
E. Obrera y de Servicio.
Art. 5º.- Las categorías funcionales se integrarán de la siguiente manera:
A. La categoría "Profesional", estará integrada por los funcionarios que, para el desempeño de sus cargos, deben poseer título expedido por la Universidad de la República.
B. La categoría "De Particular Confianza", estará integrada por los funcionarios cuyos cargos hayan sido estatuídos con esa calidad por decreto del órgano legislativo departamental, con la mayoría requerida por el artículo 62 inciso 2º de la Constitución.
C. La categoría "Especializada", estará integrada por los funcionarios que desempeñen cargos que requieran una capacidad especial y reconocida, y posean habilitación expedida por la Universidad del Trabajo o Instituciones similares.
D. La categoría "Administrativa", estará integrada por los funcionarios capacitados para desempeñar tareas relacionadas con el manejo, tramitación y elaboración de documentos y recaudos, instrucción de expedientes y procedimientos y actos administrativos en general.
E. La categoría "Obrera y de Servicio", estará integrada por los funcionarios que desempeñan tareas relacionadas con oficios, trabajos manuales, capatacías, limpieza, vigilancia y portería.
Capítulo II
Requisitos de Ingreso
Artículo 6º.- Para ingresar a la función pública municipal, con excepción de los cargos para los cuales la Constitución y la ley establezcan un régimen especial de nombramiento, se debe reunir las condiciones siguientes:
1. Poseer 18 años de edad cumplidos a la fecha de la designación;
2. Ser ciudadano natural o legal, en este último caso, debiendo poseer carta de ciudadanía con tres años de otorgada antes del nombramiento;
3. Gozar de aptitud física y mental para desempeñar el cargo a que aspira, según certificación del Servicio Médico Municipal;
4. Comprobar aptitud moral, presentando Certificado Policial de Buena Conducta y Antecedentes;
5. Aprobar las pruebas, exámenes y/o concursos a que sea sometido; de acuerdo a lo que disponga este Estatuto o su reglamentación;
6. Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional;
7. Haber dado cumplimiento a los requisitos que sobre la obligatoriedad del voto, establece la ley 13.882, del 18 de setiembre de 1970 en cuanto corresponda;
8. Haber cumplido las obligaciones de la Ley de Instrucción Militar, y presentar certificado de la Jura de la Bandera;
9. Formular una declaración determinando que no ocupa cargo en la Administración Pública, Gobiernos Departamentales, o Entes Descentralizados, cuya acumulación con el que motiva el ingreso, esté legalmente prohibida;
10. Firmar una declaración jurada de adhesión al sistema de Gobierno Democrático-Republicano, establecido en la Constitución de la República; de no pertenecer a organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia, tienden a destruir las bases de la nacionalidad; y de repudio a los regímenes que por esa vía persiguen dicha finalidad.
Capítulo III
Provisión de los Empleados Públicos
Artículo 7º.- El ingreso a la Categoría Profesional se realizará en carácter de contratado.
Art. 8º.- Los cargos pertenecientes a la Categoría de Particular Confianza serán provistos por nombramiento directo, quedando eximidos, solamente, de los requisitos preceptuados en el artículo 6º, numeral 5º de este Estatuto.
Las personas incorporadas a dichos cargos no estarán incluidas en la carrera administrativa, y podrán ser declaradas cesantes en cualquier momento, sin expresión de causa, por resolución del Ejecutivo Municipal.
Art. 9º.- El ingreso a la Categoría Especializada, se realizará en el grado respectivo y por el sistema de concurso, siempre que la especialización sea objeto de enseñanza en cursos dictados por organismos oficiales.
Cuando no existan funcionarios con derecho al ascenso, según las previsiones de este Estatuto, el referido concurso de oposición y/o méritos será restringido a los funcionarios municipales que reúnan las condiciones para integrar dicha categoría y ocupar los cargos respectivos.
En caso de que el concurso se declarara desierto por no presentarse ningún funcionario, o por no llegar ningún concursante al puntaje mínimo previamente establecido, se llamará a concurso abierto, incluyendo a aquellas personas que no posean la calidad de funcionario municipal.
Si aún así este nuevo concurso fuere declarado desierto por las causas indicadas en el inciso precedente, el ingreso se realizará por el sistema de nombramiento directo.
Art. 10.- El ingreso a la Categoría Administrativa, se realizará por el último grado del escalafón, por concurso abierto de méritos y pruebas.
El llamado a concurso se efectuará por resolución del Intendente Municipal en cada caso, atendiendo las necesidades de las diferentes reparticiones con una anticipación no menor de treinta (30) días con relación a la fecha en que deberán realizarse las pruebas. Dicho llamado deberá publicarse en un periódico, por lo menos, del Departamento. Las bases del concurso deberán estar a disposición de los interesados en la Intendencia Municipal y Juntas Locales correspondientes a partir de la fecha de publicación del llamado en el periódico indicado.
Los cargos concursados serán provistos atendiendo, rigurosamente, al puntaje obtenido por los aspirantes.
Art. 11.- El ingreso a la Categoría Obrera y de Servicio se realizará por sorteo, en la forma que determinará la reglamentación respectiva.
A tales efectos se abrirá un Registro de Aspirantes, que tendrá carácter permanente; y a través del cual, se le asignará a cada aspirante en el momento de la inscripción, un número que será correlativo al orden de presentación y que servirá para individualizarlo en la oportunidad que se efectúe el sorteo.
Art. 12.- Los nombramientos que se efectúen conforme a este Estatuto se considerarán provisionales por el término de 90 días contados desde su fecha. Si dentro de ese plazo no se adoptar resolución fundada en contrario, el nombramiento se considerará definitivo sin necesidad de nueva resolución de Administración.
Art. 13.- El acto de designación inviste a la persona designada con calidad de funcionario municipal; pero los derechos y deberes derivados del ejercicio de la función, sólo serán exigibles desde la aceptación expresa o tácita del cargo. Se reputará aceptación tácita el ejercicio efectivo de las funciones inherentes al cargo.
TITULO III
DEBERES, DERECHOS E INCOMPATIBILIDADES DE
LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Capítulo I
Deberes y obligaciones de los funcionarios
Artículo 14.- El funcionario municipal tiene la obligación de desempeñar personalmente el cargo para el cual ha sido designado, quien de ningún modo puede confiar su desempeño a terceras personas, sea parcial o totalmente, momentánea o parcialmente.
Art. 15.- Los funcionarios contraen desde el momento de su incorporación, la obligación de desempeñar las tareas para que han sido designados, dentro de los horarios ordinarios y extraordinarios que establezcan las autoridades competentes.
El agente deberá continuar actuando, aún cuando sus funciones hubieran terminado legalmente, si se tratara de un servicio que no pueda paralizarse sin grave daño o perjuicio para la Administración, y no se presentare oportunamente la persona que deba reemplazarlo. En tal evento, comunicará inmediatamente lo ocurrido al jerarca superior del servicio, quien adoptará las medidas correspondientes para dar solución a la situación producida.
El funcionario que, en cumplimiento de lo expresado en este artículo prolongue su desempeño funcional, tendrá todas las obligaciones, responsabilidades, derechos y deberes inherentes al empleo.
Art. 16.- El agente municipal cumplirá fiel y esmeradamente sus deberes para el servicio, y tiene la obligación de obedecer las órdenes que, en materia de su competencia, les impartan sus superiores jerárquicos.
Dichas órdenes constarán por escrito, si de su cumplimiento debe quedar constancia en el expediente, o expedirse algún recaudo. Cuando las órdenes sean verbales el funcionario sin perjuicio de cumplirlas debidamente, tendrá derecho a que se deje constancia escrita de las misma y de su cumplimiento.
Si el funcionario municipal estimare ilegal una orden deberá observarla por escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, quedando en este caso exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior que hubiere insistido en el orden.
Tanto el funcionario que observare la orden, como el superior que la reiterara, enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a Secretaría General.
Art. 17.- Todo funcionario que tiene el deber de atender correcta y diligentemente a las personas que concurran a las dependencias municipales para promover o tramitar gestiones o solicitar informes sobre asuntos de su interés, quedando terminantemente prohibido aceptar recompensa alguna por tal concepto.
Art. 18.- Los funcionarios que por la naturaleza de sus cargos manejan dinero o valores, deberán presiar fianza a satisfacción de la Administración.
Art. 19.- Los agentes municipales contraen, desde el momento de su incorporación al cargo, hasta después de su cese, y durante el tiempo que determinará la reglamentación, el deber general de discreción por los actos que lleguen a su conocimiento normal o incidentalmente.
Están obligados a la más estricta reserva respecto de los asuntos y operaciones de la Intendencia, con relación a terceros, por los actos en los cuales, personal o directamente, deberán intervenir por razón del cargo. Entre los terceros inclúyase a las autoridades que no sean los superiores jerárquicos del obligado, a menos que, por decisión funcional componente, sean relevados de tal obligación.
Sólo podrán informar a particulares o interesados, de las distintas resoluciones recaídas en los diversos trámites, cuando estén autorizados por el jerarca respectivo.
Art. 20.- El agente debe guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de su naturaleza o por instrucciones especiales. La infracción, que se considera grave, será sancionada administrativamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que los hechos dieren lugar.
Art. 21.- Todo funcionario municipal tiene la obligación de sustituir al titular inmediato superior en caso de ausencia temporaria o acefalía del cargo esta obligación regirá aún cuando hubiera grados vacantes intermedios.
Los órganos departamentales competentes según los casos, podrán designar al funcionario que, cumpliendo tales condiciones, desempeña transitoriamente el cargo. La designación deberá recaer, en todo caso, en cualquiera de los titulares de los cargos del grado inmediato inferior del mismo escalafón del subrogado. En caso de vacancia de éstos se seguirá el orden descendente que corresponde.
Ninguna subrogación podrá realizarse por un término superior a dieciocho meses. Dentro de dicho término, el cargo deberá proveerse de acuerdo a las reglas del ascenso.
Art. 22.- La resolución a que hace referencia el artículo anterior establecerá el derecho del funcionario a percibir las diferencias de sueldo del cargo que pasa a ocupar y del suyo propio, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso siguiente.
El funcionario así designado tendrá derecho a percibir la diferencia existente entre le sueldo del cargo que pasa a ocupar y el del suyo propio, a partir de la fecha en que tome posesión de aquél y siempre que hubieran transcurrido, por lo menos , noventa días de la ausencia del titular. Si no hubiera vencido dicho lapso al iniciar el nuevo cometido, la liquidación de las diferencias de sueldo se iniciará una vez transcurridos los citados noventa (90) días.
Capítulo II
Derechos de los funcionarios
Artículo 23.- Todo funcionario, desde el día de la toma de posesión provisoria o definitiva, tiene el derecho a desempeñar el cargo para el que ha sido designado, y a permanecer en él al menos que medie una causa legal de expiración de funciones.
Del mismo modo, tiene derecho a percibir la remuneración correspondiente. Dicha retribución comprende el sueldo base y las compensaciones y remuneraciones accesorias que fueran asignadas por las normas presupuestales dictadas por el Gobierno y Administración Departamental.
Art. 24.- La remuneración que perciban los funcionarios es inembargable, salvo por resolución judicial ejecutoriada cuando se trate de deudas provenientes de pensiones alimenticias, o relativas a tributos, de condenaciones penales; y hasta el límite, en estos dos últimos casos, de una tercera parte del sueldo.
Art. 25.- Queda prohibido deducir de la remuneración del empleado otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cuotas y servicios de deudas de seguridad social y otros descuentos establecidos por las leyes.
Art. 26.- No podrá anticiparse la remuneración de un empleado municipal, ni siquiera en parcialidades, salvo en casos justificados y con la autorización del Intendente Municipal.
Art. 27.- Establécese por este estatuto la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados del Gobierno y Administración Departamental de Colonia.
Art. 28.- Todo funcionario municipal presupuestado tiene derecho al ascenso cuando haya de proveerse por promoción un cargo vacante, y en consecuencia, exigir que se respeten las normas que sobre este derecho subjetivo se indican más adelante.
Art. 29.- Los empleados municipales tendrán derecho a gozar las licencias que este decreto reconoce y les acuerda.
Art. 30.- Los agentes municipales podrán ejercer libremente sus derechos cívicos, conforme a la Construcción y las Leyes y emitir libremente opiniones sobre cuestiones políticas.
Sin embargo, no podrán usar de la autoridad funcional que emane de un empleo o función pública para favorecer o perjuiciar a cualquiera tendencia o partido político; respetando rigurosamente lo dispuesto en el artículo 32 de este Estatuto.
Art. 31.- El Gobierno y Administración Departamental protegerá a sus funcionarios, conforme a las leyes y reglamentos, por los ataques, menoscabos, injurias o difamaciones de que puedan ser objeto a consecuencia del ejercicio regular y prudente de la función pública a su cargo.
Capítulo III
Prohibiciones e Incompatibilidades
Artículo 32.- Los funcionarios municipales están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigencia a fines de proselitismo de cualquier especie.
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitista, utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o indicándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.
Art. 33.- Queda prohibido a los funcionarios:
1. Intervenir directa o indirectamente, como gestores de asuntos que se tramitan en la Intendencia, y en general tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a sus funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni aún procurar activar en otras oficinas el despacho de los asuntos. Las observaciones a pedidos que se les formulen sobre asuntos del servicio, deberán trasmitirlas exclusivamente a los respectivos Jefes a los efectos que correspondan.
2. NOTA: DEROGADO por el Decreto del 01/10/1999.
3. Arrogarse atribuciones que no le correspondan.
4. Ser, directa o indirectamente, proveedor o contratista habitual o accidental de la Intendencia.
5. Utilizar las funciones o poderes de su cargo en beneficio de cualquier partido político. Hacer proselitismo político, gremial o sindical en el desempeño de su función o tarea.
6. Tomar en cuenta la filiación política, ideológica o jerárquica de los ciudadanos, para darle un tratamiento de favor o para ejercer discriminaciones contra los mismos.
7. Coartar, por cualquier clase de influencia o presión la libertad de sufragio de los subordinados.
8. Promover o aceptar homenajes y todo otro acto que implique sumisión y obsecuencia a los superiores jerárquicos.
9. Organizar, ordenar, hacer descuentos o retenciones de haberes, o llevar a cabo en los locales de las oficinas colectas de fondos para cualquier finalidad de carácter político.
10. Hacer circular o promover listas de suscripción o donaciones de cualquier índole, dentro de la repartición sin autorización del Intendente Municipal o de la Junta de Vecinos, según los casos. Esta autorización no se concederá si los fines estuvieren prohibidos por disposiciones superiores.
11. Solicitar o percibir, directamente o por interpuesta persona, estipendios o recompensas que no sean las determinadas por normas vigentes; aceptar dádivas, obsequios o ventajas de cualquier índole, aún fuera del servicio que se les ofrezcan como retribución de actos inherentes a sus funciones o a consecuencia de ella.
12. Usar de las credenciales otorgadas por el servicio, para autentificar su calidad de funcionario en forma indebida o para fines ajenos a sus funciones.
13. Entrar en las Oficinas, estando suspendidos.
14. Ir a otras reparticiones municipales, salvo que sea por asuntos relacionados con la Oficina y obedeciendo órdenes del superior, en cuyo caso, sólo demorarán el tiempo que fuera imprescindible.
15. Recibir en dependencias, vendedores ambulantes, corredores, etc..
16. Presentar a los superiores peticiones colectivas de cualquier tipo, admitiéndose únicamente las individuales, salvo las que presentan las Asociaciones Gremiales constituidas de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
Art. 34.- Queda prohibida la retención de todo el sueldo o parte del sueldo para cualquier agrupación partidaria, aunque la retención sea autorizada por el interesado.
Art. 35.- Los funcionarios no podrán efectuar entre ellos operaciones de préstamos en dinero, cuando formen parte del personal de una misma oficina. En los casos de garantías para la realización de operaciones de crédito, no podrán estar otorgadas de un empleado inferior a un superior.
Art. 36.- La infracción a las disposiciones del artículo anterior será considerada falta disciplinaria, penada con la pérdida de un mes de sueldo para el empleado que hubiese realizado el préstamo u otorgado la garantía, y será tenida en cuenta al apreciar la conducta de los funcionarios en los casos de ascensos.
Art. 37.- Ningún funcionario público podrá solicitar contribuciones de otros funcionarios para hacer regalos a los superiores.
Art. 38.- Ningún funcionario podrá ser miembro de un partido político u organización de cualquier clase que se proponga cambiar de forma ilícita la organización democrática del Gobierno de la República.
Art. 39.- Prohíbese a los funcionarios públicos solicitar comunicaciones a larga distancia por medio de los aparatos telefónicos oficiales y urbanos instalados en sus oficinas, sin la previa autorización escrita de los Directores de Oficinas y en cada caso.
Art. 40.- Prohíbese a los funcionarios dependientes de la Intendencia Municipal su presentación en los llamados a Licitación para las provisiones de cualquier naturaleza del Gobierno y Administración Departamental de Colonia.
Las autoridades o reparticiones que intervengan en esos casos, no darán curso a ninguna propuesta que se presente en esas condiciones debiendo rechazarlas sin más trámite dejando constancia en acta, y dando aviso al superior.
Art. 41.- En todas las dependencias de la Administración Departamental será rechazada, en todo llamado a licitación en que el Municipio sea vendedor o comprador, cualquier oferta que provenga de una firma a la cual están vinculados por razones de dependencia o dirección, funcionarios de la repartición que intervenga en la venta o en la adquisición.
Los funcionarios que no obstante lo establecido en el artículo precedente concurrieran por si o por interpuestas personas o no denunciaren que están vinculados a una firma oferente, serán posibles de un mes a seis meses de suspensión sin goce de sueldo, y los casos de evidente colusión serán causa suficiente para solicitar la máxima sanción administrativa para el empleado o empleados responsables.
En las mismas sanciones incurrirán los superiores que conociendo las incompatibilidades, dieran curso a las propuestas inhabilitadas conforme a estas normas.
Art. 42.- Incurrirá en omisión todo funcionario público que desempeñando cargos de dirección , inspección, contralor, fiscalización y/o asesoramiento en cualquier órgano del Gobierno Departamental de Colonia intervenga como Director, Administrador, empleado, Asesor o con funciones de asesoramiento y/o fiscalización de Empresas que contraten obras o suministros con el órgano de que forma parte, así como también cuando tramiten o dirijan asuntos de terceros ante el mismo.
Art. 43.- Los funcionarios públicos que se encuentran vinculados o se vinculan en el futuro con actividades privadas, sujetas al contralor directo y específico del servicio a que pertenece el cargo, deberán comunicarlo de inmediato al Ejecutivo Comunal.
Declárase incompatible, para los funcionarios municipales, el desempeño de toda tarea que en cumplimiento de funciones inherentes al cargo, se refieran a las actividades privadas a las que se encuentren vinculados.
La violación a lo dispuesto en este artículo será considerada causal de destitución.
Art. 44.- No podrá actuar dentro de la misma repartición y oficina la persona que se halle vinculada con el Jefe de la misma repartición u oficina, por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.
En este caso, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios sin que se perjudique la categoría de ningún funcionario a fin de que se cumpla en todos los casos lo preceptuado en el inciso anterior.
TITULO IV
Carrera Administrativa
Capítulo I
Calificación de los funcionarios
Art. 45.- Todos los funcionarios presupuestados serán calificados por la gestión que han cumplido durante el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.
Art. 46.- El Tribunal de Calificación se integrará de la siguiente manera:
a) Secretario General;
b) Asesor Letrado;
c) Director de la Dirección de Personal.
Art. 47.- A los efectos de la calificación anual del funcionario, se considerarán dos aspectos:
a) Calificación de la antigüedad del funcionario.
b) Calificación de la actuación del funcionario.
Los puntajes de cada uno de los aspectos anteriores se sumarán, y el resultado será el puntaje final del funcionario calificado.
Art. 48.- El día 31 de diciembre de cada año civil se cerrará el período de calificación y la Dirección de Personal elevará al Tribunal de Calificación, con relación a cada uno de los funcionarios los informes siguientes:
a) Antigüedad en la Intendencia, como funcionario presupuestado.
b) Antigüedad en el grado que ocupa efectivamente a la fecha del informe.
c) Licencias por enfermedad o por cualquier otra causa sin goce de sueldo, registradas durante el desempeño del cargo.
d) Faltas con o sin aviso, registradas desde la época en que desempeña el cargo del que es titular.
e) Sanciones anotadas en el Legajo Personal, desde la fecha en que desempeña el cargo del que es titular.
Art. 49.- El Tribunal de Calificación, con la información expresada en el artículo anterior, estudiará el Legajo Personal de cada funcionario presupuestado.
A los efectos de fijar el puntaje individual de cada funcionario que se denominará "Antigüedad Calificada del Funcionario", se adoptarán las bases del cálculo siguiente:
 
I- Puntaje positivo:
  • a) Antigüedad como funcionario presupuestado: 0,20 por año o fracción mayor de 6 meses.
b) Antigüedad en el cargo del que es titular al día del informe: 0,30 por año o fracción mayor de los 6 meses.
 
II- Puntaje negativo:
a) Licencias por enfermedad -con excepción de las motivadas por accidentes de trabajo- y Licencias sin goce de sueldo: 0,02 por día.
b) Faltas con aviso 0,03 por día.
c) Faltas de trabajo sin aviso: 0,08 por día
d) Suspenciones: 0,10 por día, por cada día de suspensión.
Art. 50.- El puntaje resultante -que podrá ser negativo- se denominará "Antigüedad Calificada del Funcionario", y tendrá un máximo de 10 (diez) puntos.
Art. 51.- El informe de actuación funcional anual de cada funcionario será realizado por su Jefe inmediato en caso de existir, y el Director del Departamento, y será elevado al Tribunal de Calificación respectivo en la oportunidad en que se realice la calificación del funcionario. El informe de Jefes y Directores será efectuado por el señor Intendente.
Art. 52.- Los informes de actuación funcional indicarán, necesariamente, la actuación de cada funcionario con referencia a cada uno de los factores previstos en el artículo siguiente. Dichos factores se dividirán en 5 (cinco) grados y los informantes deberán señalar el grado que corresponda a cada uno, sin perjuicio, en caso necesario, de efectuar todas las apreciaciones que consideren pertinentes para mejor ilustración del Tribunal.
Art. 53.- Los factores a utilizarse en la calificación de los funcionarios serán los siguientes:
Factor I- Cualidad: Rendimiento; Cantidad de tareas que el funcionario realiza en la jornada con relación al trabajo que, común y corriente, se cumple normalmente en ella;
Grados:
1. Trabaja en forma muy lenta, lo cual se traduce en un rendimiento insuficiente.
2. Tiene dificultades para cumplir con las exigencias mínimas de rendimiento.
3. Produce a nivel satisfactorio de acuerdo a las metas fijadas como normales.
4. Rinde a un nivel más alto que la generalidad de los empleados comparables.
5. Trabaja con suma rapidez, a un nivel muy alto de rendimiento, lo cual se traduce en el logro de cantidades excepcionales del mismo con relación a las normales.
Factor II- Cualidad; Responsabilidad;
a) Actuación equilibrada acorde con los objetivos, procedimientos, normas y sistemas establecidos.
b) Realización del trabajo a conciencia, de tal manera que se cumpla con las exigencias administrativas y técnicas necesarias para lograr una adecuada calidad y la oportuna entrega de los trabajos.
Grados:
1. En general se desempeña en forma descuidada haciendo que la calidad de los trabajos sea deficiente.
2. Trabaja en forma adecuada, aunque algunas veces la calidad no alcanza los niveles normales.
Procede con sentido de responsabilidad, entregando normalmente los trabajos en forma oportuna y de acuerdo a la calidad exigida.
3. Se desempeña aun nivel de responsabilidad, aplicación y minuciosidad que le permite entregar trabajos de calidad superior a la generalidad de los empleados.
4. Trabaja en un nivel de calidad excepcionalmente alto, superando largamente las exigencias administrativas y técnicas.
Factor III- Cualidad: Iniciativa:
Proposición de ideas útiles que permiten innovaciones tecnológicas o de mejoramiento del trabajo; resolución adecuada de problemas reduciendo la necesidad de supervisión:
Grados:
1. Trabajador rutinario que en forma permanente espera órdenes y necesita ser supervisado en detalle.
2. Ejecuta su trabajo de acuerdo a los procedimientos fijados, pero algunas veces necesita órdenes específicas.
3. Realiza el trabajo en forma adecuada sin esperar órdenes. Solucionando por cuenta propia problemas menores que se presentan en la secuencia de su labor.
4. Busca oportunidades y logra hacer innovaciones tecnológicas, que mejoran su trabajo en calidad y volumen.
5. Innova permanentemente en su trabajo y realiza tareas adicionales, aumentando considerablemente su productividad y la de la oficina.
Factor IV- Cualidad: Cooperación:
Realización de tareas en grupos de Trabajo en la unidad operativa o fuera de ella, colaborando de manera adecuada, armónica y espontáneamente en la consecución de los objetivos asignados:
Grados:
1. Le molesta cooperar y, con su actitud provoca problemas que deterioran las relaciones de trabajo.
2. En general, su colaboración con otras personas es adecuada aunque algunas veces presenta ciertas dificultades.
3. Normalmente coopera con otras personas dentro de las exigencias de colaboración oficial establecidas.
4. Tiene predisposición a cooperar voluntariamente y a establecer buenas relaciones interpersonales en forma fácil y productiva.
5. En su colaboración con las demás personas excede sus obligaciones de cooperación constituyendo un estímulo excepcional para el mejoramiento de la moral en la Oficina.
Factor V- Cualidad: Agudeza mental:
Comprensión clara y rápida de los problemas que permita un análisis y evaluación de los cursos alternativos de acción a seguir y proposición inmediata de soluciones adecuadas.
Grados:
1. Ineficiente en la comprensión y solución de problemas.
2. Inclinado a cometer errores de lógica en la realización de sus tareas.
3. Tendencia a resolver los problemas dentro de los límites razonables de aplicabilidad.
4. Captación y resolución de los problemas en un nivel de adecuación superior a la generalidad de los empleados.
5. Piensa y comprende en forma rápida, actúa lógicamente y determina permanentemente las mejoras alternativas de solución con resultados sobresalientes.
Factor VI- Cualidad: Respecto a la autoridad y a los reglamentos.
Grado de aceptación de las órdenes y rapidez en su ejecución; acatamiento de las normas legales y reglamentos internos: asistencia puntual y permanencia en el lugar de servicios, calificación de los subordinados con observancia del espíritu y objetivos del presente reglamento:
Grados:
1. Mantiene una actitud hostil ante la autoridad y los reglamentos resistiéndose a aceptar órdenes o demorando su cumplimiento.
2. Por lo general acepta las órdenes y cumple con los reglamentos aunque en ocasiones se aparte de ellos, siendo necesario ejercer un estrecho control para asegurar su cumplimiento.
3. Acata las órdenes y los reglamentos, ejecutando sin tardanza los mandatos recibidos de sus superiores.
4. Clara noción de la jerarquía y respecto a los reglamentos, demostrado en actos y palabras, no resultando necesario el contralor, posterior del cumplimiento de las ordenes recibidas.
5. Respetuoso en el cumplimiento de las órdenes, reglamentos y normas, influyendo con su conducta en la buena disposición y acatamiento de las órdenes por parte de los demás funcionarios.
Factor VII- Cualidad: Tacto y conducta social:
Adaptación a la actuación en los grupos humanos y comportamiento mesurado en todas las ocasiones; moderación y reserva en la formulación de juicios y el manejo de la información.
Grados:
1. Tropieza con serias dificultades en sus relaciones con terceras personas. Entra en suma frecuencia en conflictos con los demás.
2. En general su conducta es adecuada aunque tiene poca habilidad para resolver cuestiones con terceras personas.
3. Se relaciona en forma normal con los demás y soluciona satisfactoriamente asuntos que implican relaciones con terceros, especialmente los de índole rutinaria.
4. Particularmente hábil en la relación con otros; soluciona con eficacia asuntos que impliquen relación con los demás.
5. Excepcionalmente adaptable a las relaciones con terceros; mantiene permanentemente relaciones armoniosas con los demás y soluciona por propia iniciativa problemas surgidos en las relaciones interpersonales.
Art. 54.- Los Tribunales de Calificaciones formularán la calificación final de los funcionarios mediante la asignación de puntajes fijándose un máximo de 10 puntos para la antigüedad y de 35 puntos para la actuación funcional.
Para la calificación de la actuación funcional, el puntaje a otorgar a cada grado se regulará de acuerdo al orden correlativo de los números 1 a 5 correspondiendo 1 punto al primero y 5 puntos al quinto por factor considerado, respectivamente.
El Ejecutivo Comunal proporcionará los formularios necesarios para la actuación del Tribunal de Calificación.
Si el puntaje de calificación de la antigüedad fuera negativo, se descontarán tres puntos del puntaje de actuación funcional por cada punto negativo de antigüedad a los efectos del puntaje final.
Art. 55- Los puntajes de calificación del funcionario deberán ser notificados personalmente a los mismos, haciéndole entrega en ese acto de una constancia con discriminación de los factores del puntaje de promoción. La notificación se efectuará durante el mes de marzo de cada año.
Art. 56.- La integración de los Tribunales de Calificación y Concursos será publicitada en forma que asegure su conocimiento por parte de los funcionarios, quienes podrán recusar a los miembros de los mismos, por razones fundadas, conforme a las previsiones de las disposiciones vigentes. La recusación será dirigida al Intendente Municipal, quien decidirá luego de un análisis de las razones que la motivan, siendo su decisión definitiva e irrecurrible.
Art. 57.- Los Tribunales de "Calificación" y de "Ascensos y Concursos" actuarán con autonomía técnica en sus cometidos.
Capítulo II
Régimen de Ascensos
Art. 58.- Los funcionarios municipales presupuestados tendrán derecho al ascenso dentro del escalafón en que presten servicios y en el cual se hubiere producido la vacante o creado el cargo que debe proveerse por ascenso.
Los ascensos se harán por el sistema de méritos y oposición, estableciéndose la nota final sobre la base de la siguiente ponderación:
a) Nota del Concurso de Oposición.
b) Nota de calificación del funcionario.
Art. 59.- Los ascensos se harán por el sistema de méritos y oposición, estableciéndose la nota final sobre la base de la siguiente ponderación:
a) Nota de Concurso de Oposición: coeficiente 8.
b) Nota de Calificación del Funcionario: coeficiente 10.
Art. 60.- El puntaje de "Concurso de Oposición" se determinará mediante la realización de pruebas de aptitud par el desempeño del cargo a proveer, que se rendirán ante un Tribunal de Concursos, que se integrará de la siguiente manera:
Tres a cinco miembros que serán designados por el Intendente Municipal en cada oportunidad.
Se aplicará con respecto a este Tribunal lo establecido en los artículos 54 a 56 inclusive.
La prueba de Concurso tendrá carácter eliminatorio, cuando el funcionario no logre la nota mínima de cinco puntos.
El concurso podrá constar de pruebas de:
a) Dactilografía.
b) Idioma Español: dictado, redacción, caligrafía, etc.
c) Aritmética.
d) Cuestionario de no menos de 20 preguntas sobre normas y funcionamiento de todas las Oficinas de la Intendencia; y
e) Pruebas especiales.
Art. 61.- Las pruebas de concurso para el ascenso, deberán realizarse en los meses de marzo y de abril de cada año, para llenar las vacantes existentes al día 1º de enero de ese mismo año.
Art. 62.- A los efectos de presentarse a las pruebas de concurso para acceder a los cargos vacantes, será necesario poseer una antigüedad no menor a un año en el cargo inmediato inferior al que se provee por este procedimiento, y una calificación superior a 21 (veintiún) puntos.
Art. 63.- La prueba de concurso, se calificará con notas de 1 (una) a 8 (ocho).
Art. 64.- Las prelaciones para los ascensos, serán establecidas por el Tribunal de Concursos, indicando la nota final de Calificación y Oposición.
El Tribunal de Concursos, controlará si los funcionarios cumplen con los requisitos legales y/o reglamentarios para acceder a cada cargo y procederá a determinar sus puntos y a establecer el orden de precedencia para los cargos vacante, de conformidad a lo establecido en el presente Estatuto.
Art. 65.- Los resultados del concurso de Méritos y Oposición, deberán ser publicados en carteleras en los locales de trabajo respectivos, inmediatamente después de obtenidos, durante un plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la fecha en que se otorgaron. Vencido el plazo de publicación el Departamento de Personal notificará personalmente a cada funcionario, haciéndole entrega en ese acto de una constancia con discriminación de los factores de la nota de ascensos.
Art. 66.- Se otorgará el ascenso por el Intendente Municipal, al funcionario que hubiere obtenido el puntaje más alto; en el caso de empate en el puntaje se otorgará el ascenso al funcionario que tuviera mayor calificación en el cargo inmediato inferior al que se provee; y si aún subsistiera el empate, se otorgará el ascenso al funcionario que tuviera mayor antigüedad como funcionario presupuestado en la Administración Municipal.
TITULO V
DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS
Artículo 67.- Las presentes disposiciones se aplican a toda contratación de función pública que implique prestación de servicios a título personal.
En toda contratación de arrendamiento de obra o servicio, no comprendido en el inciso anterior, será requisito indispensable para su validez la condición de empresario del contratante, quien exhibirá la documentación que lo acredita como tal y justificará el cumplimiento de las obligaciones legales que le son inherentes.
Cuando se trate de la contratación de un técnico que manifieste bajo declaración jurada no tener una organización empresarial, sólo le serán exigibles los requisitos que las disposiciones legales y reglamentarias le imponen como tal.
Art. 68.- Los contratos se suscribirán en un documento tipo que deberá contener, necesariamente, las condiciones generales, sin perjuicio de las particulares que tengan relación con el objeto de la contratación.
Dicho documento tipo tendrá el texto que apruebe la Intendencia Municipal.
Art. 69.- La duración de los contratos no excederá de un año. En casos excepcionales, debidamente fundados por necesidades de servicios y especialización podrán celebrarse hasta por tres años.
Art. 70.- Las prórrogas de los contratos cuando solamente se refieran a su extensión anual, serán gestionadas por el respectivo jerarca comunal en forma documentada sin necesidad de suscribirse nuevos documentos.
Si el vencimiento del plazo contractual o durante el mismo, la Administración estima necesario cometer el desempeño de funciones directamente a un mismo titular deberá suscribirse nuevo contrato.
Art. 71.- El contrato precisará:
1. Su duración.
2. Las obligaciones a cumplir con el contrato.
3. Las horas semanales a cumplir (de seis u ocho horas diarias o en régimen de "Dedicación Total").
4. La justificación de los títulos o diplomas habilitantes que correspondieren para ejercer la función para la cual se le contrata.
5. Fondo con que se financia la contratación (de funcionamiento, inversiones, de terceros, rentas afectadas, etc.).
6. De las causales de la rescisión, sin perjuicio de la facultad unilateral que posee la Administración de rescindir el vínculo contractual por razones de mejor servicio, no imputables al funcionario (artículo 73 de este estatuto).
7. El régimen disciplinario.
Art. 72.- Los funcionarios municipales contratados, estarán sujetos al mismo régimen disciplinario que tienen los presupuestados, salvo que disposiciones especiales o la naturaleza de su situación determine excepciones al respecto, que se establecerán en el contrato, en forma enunciativa.
Art. 73.- La rescisión unilateral de los contratos por el respectivo jerarca comunal podrá decidirse en cualquier etapa, por razones de mejor servicio no imputables al funcionario.
En este caso, éste tendrá derecho a una indemnización equivalente a los dos tercios de los haberes que le habrían correspondido en el caso de haber trabajado hasta el final del plazo pendiente.
El pago de la indemnización se dispondrá en el mismo acto que resuelva la rescisión, no generando el pago de montepíos ni derechos jubilatorios.
Art. 74.- A partir del vencimiento del plazo contractual, se extingue automáticamente el derecho del funcionario contratado al ejercicio de las funciones y a la percepción de los haberes correspondientes. La continuidad de hecho que pueda producirse para no interrumpir los servicios, que no podrá exceder de ciento veinte días, no implicará prórroga tácita de contrato, ni restringirá la decisión del jerarca para contratar de nuevo o no al excontratado.
En todos los casos, si mediara el propósito de renovar el contrato, deberá comunicársele al contratado con una anticipación de por lo menos dos meses antes de su vencimiento.
Art. 75.- Dicho contrato no generará derechos ni obligaciones hasta tanto no se produzca el nombramiento y la respectiva toma de posesión.
Art. 76.- En todos los casos de cese de la relación funcional, ésta se operará luego de computado el período de licencia generada y no gozada por el funcionario contratado.
TITULO VI
DE LAS LICENCIAS
Capítulo I
Licencia Anual
Artículo 77.- Todos los funcionarios municipales tienen derecho a una licencia ordinaria anual remunerada de 20 (veinte) días como mínimo así como el complemento a que se refiere el artículo siguiente.
Los días que correspondan deberán hacerse efectivos en un solo período continuando, dentro del cual no se computarán los días sábados, domingos y feriados. No obstante, a solicitud del funcionario, y si de ello no se derivara perjuicio para el servicio, podrá autorizarse la división de la licencia en dos períodos continuos el menor de los cuales no podrá ser inferior a diez días hábiles.
Art. 78.- Los funcionarios públicos de la Intendencia Municipal de Colonia con más de cinco años de servicio cumplidos en la misma tendrán, además derecho a un día complementario de licencia por cada cuatro años de antigüedad, la que se podrá hacer efectiva conjunta o separadamente al período ordinario e incluso en forma fraccionada.
El segundo día de licencia se generará al cumplir el funcionario nueve años de antigüedad en la Intendencia.
A los efectos de la determinación de los días de licencia suplementaria a que se refiere este artículo, se tendrá en cuenta la antigüedad existente al día treinta y uno de diciembre del año durante el cual fue generada la licencia.
Art. 79.- Para tener derecho a la licencia anual ordinaria, el funcionario deberá haber computado 12 (doce) meses o 24 (veinticuatro) quincenas o 52 (cincuenta y dos) semanas de trabajo.
Los funcionarios, que, por haber sido designados en el curso del año inmediato anterior, no pueden computar dentro del año civil el número de meses, quincenas o semanas que exige el inciso anterior, tendrán derecho a los días que puedan corresponderles proporcionalmente desde su designación hasta el treinta y uno de diciembre siguiente.
Art. 80.- La licencia en su totalidad se hará efectiva dentro del año, a contar desde el vencimiento del último período de trabajo que origina el derecho a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
Art. 81.- Excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios el uso de su licencia anual, cuando medien razones de servicios imposibles de subsanar, las que en todo caso deberán expresarse pormenorizadamente en la denegatoria.
En tales casos, los funcionarios harán uso de su licencia anual en la primera oportunidad posible, no bien hayan desaparecido las razones que fundamentaron la denegatoria. Las licencias denegadas por los motivos expresados en este artículo se acumularán con las correspondientes a períodos siguientes.
En ningún caso podrán denegarse licencias en forma que se acumulen más de dos períodos anuales.
Art. 82.- No se descontarán los días que el funcionario no hubiese trabajado durante la semana, la quincena o el mes, por festividades, asuetos, enfermedad por un término no mayor de veinte días al año y otra causa no imputable al funcionario.
Por enfermedad se comprende tanto las enfermedades comunes, como las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo (ley 13.556 del 28 de octubre de 1966).
A los efectos de lo dispuesto en el inciso primero, tampoco se descontarán los períodos siguientes:
a) Licencia por matrimonio.
b) Licencia antes y después del parto que resulte de la aplicación de las normas contenidas en el Capítulo III sobre licencia por maternidad.
c) Licencia por duelo.
d) Licencia para estudiantes.
e) Licencias por donación de sangre.
f) Licencia por jubilación.
g) Licencias especiales.
Art. 83.- Cuándo la inasistencia sea imputable al funcionario por cada cinco faltas se hará el descuento de un día de licencia. No se autorizarán inasistencias a descontar de la licencia anual reglamentaria, excepto en casos especiales justificados y que serán autorizados por el Intendente Municipal.
Art. 84.- En los casos de ruptura de la relación funcional, quedará a criterio del respectivo jerarca comunal abonar al funcionario el equivalente en dinero a la licencia anual generada y no gozada o conceder la misma antes de hacerse efectivo el cese.
Capítulo II
Licencias por enfermedad
Artículo 85.- Se considera motivo de licencia por enfermedad, toda afección (alteración) aguda o agudizada de la salud del funcionario, que implique la imposibilidad de concurrir a desempeñar sus tareas y cuyo tratamiento presente incompatibilidad con las mismas o cuya evolución puede significar un peligro para sí o para los demás.
Art. 86.- Los funcionarios que padezcan ineptitud física o mental permanente, serán suspendidos preventivamente por resolución del Intendente Municipal previo informe de una Junta Médica, uno de cuyos integrantes deberá ser el Asesor Médico Municipal, sin perjuicio de la instrucción del sumario respectivo. Comprobada la ineptitud física o mental permanente, se notificará al funcionario que deberá iniciar los trámites jubilatorios, haciendo entrega en el mismo acto de un oficio dirigido a la Dirección General de la Seguridad Social en el que conste dicha comprobación.
Decretada la cesantía del funcionario conforme a lo dispuesto, la Intendencia Municipal continuará pagando los sueldos y demás beneficios en la misma cantidad y condiciones que determine la Dirección de Personal de esta Intendencia, acorde con los convenios suscritos con la Dirección General de la Seguridad Social.
Art. 87.- Las inasistencias motivadas por enfermedad que no determinen imposibilidad permanente para el cumplimiento de la función, podrá admitirse hasta un máximo de veinte días anuales y verificada la inasistencia que exceda dicho tope, por cada cinco faltas diarias se le descontará al funcionario un día de licencia anual. Esta licencia podrá prolongarse, con goce de sueldo, hasta ciento cincuenta días hábiles con certificaciones médicas.
Al funcionario que en un período de doce meses incurra en más de sesenta inasistencias o en un lapso de tres años en más de ciento cincuenta justificadas o no, se le instruirá un sumario administrativo.
A los efectos del cómputo de los plazos expresados no se tendrán en cuenta todas las licencias previstas en el artículo 82 de este Estatuto, salvo las licencias por enfermedad.
Art. 88.- Cuando un funcionario deba faltar por enfermedad, dará cuenta por el medio más rápido posible al Director de Personal, dentro de las dos horas siguientes a la de presentación normal al trabajo.
Cuando la enfermedad implique una ausencia de más de un día, un familiar o persona responsable, deberá presentar certificado médico, estableciendo el diagnóstico.
En caso de Juntas Locales, el responsable de la misma, avisará telefónicamente al Director de Personal que se cumplió dicho requisito.
Sólo el Médico de Certificaciones Municipales podrá otorgar Licencias por Enfermedad, no siendo válida la licencia otorgada por médico particular. Para ello dicho facultativo se trasladará a cualquier punto del Departamento.
Art. 89.- Inmediatamente de recibido el aviso de enfermedad, el Jefe de la Oficina lo comunicará al Médico de Certificaciones, el que, luego del examen correspondiente, se expedirá, estableciendo en su caso el número de días de licencias que necesita el funcionario, o la constancia de no ser ello necesario.
El examen se realizará en el Consultorio del Médico de Certificaciones, salvo que el funcionario no pueda trasladarse, en cuyo caso el Médico deberá concurrir a domicilio.
El Médico no podrá extender certificaciones de licencia por períodos superiores a sesenta días debiendo en este caso pasar a Junta Médica.
Art. 90.- El funcionario enfermo deberá, en su caso esperar al Médico Municipal en su domicilio o en el lugar en que se le preste asistencia, de lo que podrá detalladamente en conocimiento al dar aviso en su Oficina, y podrá asimismo, concurrir al consultorio del Médico de Certificaciones Municipal.
Si no diere cumplimiento a lo dispuesto precedentemente o si del examen resultara que estaba habilitado para el desempeño de las tareas, su falta será considerada como un caso de inasistencia, sin perjuicio de las sanciones que por cualquier otro concepto pudieran corresponderle.
Art. 91.- Practicado el examen médico correspondiente, se entregará de inmediato al funcionario un formulario firmado por el Médico actuante en el que constará la licencia acordada o la negativa, el que deberá ser entregado dentro de las veinticuatro horas a la Dirección de Personal del Municipio, sin perjuicio de la comunicación documentada que el Médico Municipal igualmente deberá realizar.
Art. 92.- Los funcionarios en uso de licencia por enfermedad, deberán permanecer en su domicilio o en el lugar que se le preste asistencia todo el período concedido, salvo expresa autorización médica en contrario.
El Médico Municipal establecerá en su informe, si ha prescripto al funcionario la salida de su domicilio a los efectos de su más pronta curación.
Art. 93.- Cuando fuere debidamente comprobado que un funcionario en uso de licencia por enfermedad, no cumple las disposiciones reglamentarias, se aplicarán las sanciones que correspondieren.
Art. 94.- En los casos de licencia por enfermedad, los interesados tendrán que procurarse asistencia médica y ponerse en las mejores condiciones para su rápida cura. El Médico Municipal queda facultado para darle pase a los establecimientos de salud a los funcionario que por sus condiciones económicas no se puedan asistir debidamente en sus domicilios. La comprobación de hechos voluntarios que contribuyan a la prolongación indebida de la cura, será motivo de sanción según la gravedad de la falta.
Art. 95.- En caso de que un funcionario no aceptare el informe médico, podrá recurrir al mismo de conformidad con las normas vigentes.
El Intendente Municipal deberá asesorarse por un Tribunal integrado por el Médico informante y dos Médicos de otras reparticiones públicas, el que examinará al funcionario dentro de las veinticuatro horas de constituído.
Art. 96.- Cuando el domicilio habitual del funcionario y la Oficina respectiva estén dentro del Departamento de Colonia pero el funcionario se encuentra eventualmente en otro Departamento, el examen médico lo requerirá el Médico de Salud Pública correspondiente a la localidad en que se encuentra la más cercana, quien deberá expedirse informando fecha y hora de examen, lugar del mismo, síndrome y licencia aconsejada.
Los informes de los Médicos de Salud Pública serán hechos en receta oficial, en ningún caso particular, y serán enviados al Médico Municipal, junto con un formulario de licencia por enfermedad, para su validación.
Capítulo III
Licencia por Maternidad
Artículo 97.- Toda funcionaria pública embarazada tendrá derecho mediante prestación de un certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a un descanso de maternidad.
La duración de este descanso será de doce semanas. A los efectos, la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo seis semanas antes del parto y no podrá reiniciarlo sino hasta seis semanas después del mismo.
Art. 98.- Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso tomado anteriormente será prolongado hasta la fecha del alumbramiento y la duración del descanso postparto obligatorio no deberá ser reducido.
Art. 99.- En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, se podrá fijar un descanso prenatal suplementario cuya duración será fijada por el Médico Municipal.
Art. 100.- En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, la funcionaria tendrá derecho a una prolongación del descanso cuya duración será fijada por los servicios médicos respectivos.
Art. 101.- Las funcionarias madres, en los casos en que ellas mismas amamantan a sus hijos, podrán solicitar se les reduzca a la mitad el horario de trabajo y hasta que el lactante lo requiera.
Capítulo IV
Licencia por Donación de Sangre
Artículo 102.- Los funcionarios municipales que donen sangre con destino al Servicio Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública gozarán de un día de licencia por cada donación.
Para hacer efectiva esta licencia, deberán presentar un certificado del mencionado servicio con la constancia de la fecha.
Capítulo V
Licencias por Duelo
Artículo 103.- En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuges, los funcionarios tendrán derecho a 5 días de licencia con goce de sueldo. Dicha licencia será de cuatro días en caso de fallecimiento de hermanos, y de dos días en los casos de fallecimiento de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos políticos, padres adoptantes, hijos adoptivos, padrastros e hijastros.
En todos los casos la causal determinante deberá justificarse oportunamente.
Capítulo VI
Licencia por Matrimonio
Artículo 104.- Todo agente municipal público tiene, por contraer matrimonio, derecho a 10 días de licencia.
Capítulo VII
Licencias para estudiantes
Artículo 105.- Los funcionarios que cursen estudios en institutos oficiales o habilitados en los ciclos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnica Profesional Superior, Universidad, Institutos Normales, y de análoga naturaleza, tendrán derecho a una licencia complementaria de hasta 30 días para rendir sus pruebas o exámenes. Dicha licencia podrá otorgarse en forma fraccionada, a razón de no menos de diez días por vez.
Art. 106.- El ejercicio de la licencia a que se refiere el artículo anterior no obsta al goce de la licencia anual ordinaria.
Art. 107.- Los funcionarios estudiantes a quienes se les hubiera concedido licencia a que se refieren los artículos precedentes, deberán justificar dentro del año correspondiente, ante la Dirección de Personal, haber rendido sus pruebas o exámenes.
Por obtener la licencia a que se refiere el artículo 105, quienes la solicitaren por primera vez, deberán justificar estar inscriptos en los cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la institución de que se trate.
En los años sucesivos deberá acreditarse el haber aprobado por lo menos un examen, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en el año posterior a aquél en que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá al año siguiente de aprobar, por lo menos, un examen.
Si se comprobare que los funcionarios estudiantes no cumplieron las condiciones por las cuales se les acordó la licencia complementaria se aplicarán los correspondientes descuentos por inasistencias.
Capítulo VIII
Licencias por jubilación
Artículo 108.- Los funcionarios municipales podrán disponer de hasta 30 días de licencias con goce de sueldo, a los efectos del trámite jubilatorio, sin perjuicio de la situación de los físicamente impedidos.
Capítulo IX
Licencias especiales
Articulo 109.- A partir de la fecha del nacimiento, los funcionarios padres tendrán derecho a una licencia especial de tres días.
Art. 110.- Sin perjuicio de las licencias establecidas precedentemente, se podrá conceder al personal de la Intendencia Municipal licencia en casos especiales debidamente justificados.
Esta licencia podrá concederse con goce de sueldo por el término máximo de treinta días; cuando fuere por un lapso mayor, y por el excedente, será siempre sin goce de sueldo.
No se concederán licencias especiales por más de seis meses.
Capítulo X
Disposiciones generales sobre licencias
Artículo 111.- El cumplimiento de cursos o pasantías de perfeccionamiento, así como el desempeño de tareas docentes o la concurrencia a Congresos o Simposios y otros actos de análoga naturaleza, realizados todos ellos dentro o fuera del país, cuando sean declarados por el Intendente Municipal, convenientes o de interés para el Gobierno y Administración Departamental, serán reputados actos en comisión de servicio.
Art. 112.- Las comisiones de servicio que cumplan los funcionarios fuera del lugar habitual en que desempeñan sus funciones, en ningún caso serán consideradas como licencias extraordinarias, por lo que no le serán aplicables las demás disposiciones de este decreto. Las comisiones de servicio sólo podrán cumplirse mediante resolución expresa del Intendente Municipal en la que constarán sus fundamentos y, finalizadas, los funcionarios deberán presentar una relación circunstanciada sobre su cumplimiento.
TITULO VII
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 113.- El procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites y formalidades que debe observar el Gobierno y Administración Departamental de Colonia en el ejercicio de sus poderes disciplinarios.
Art. 114.- La falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes funcionales previstos en el presente estatuto, normas legales, ordenanzas y reglamentos.
Art. 115.- De acuerdo a la entidad de la falta, las sanciones que podrán aplicarse son las siguientes:
a) apercibimiento u observación.
b) suspensión.
c) destitución.
Art. 116.- Las sanciones disciplinarias serán en todos los casos aplicadas por el Intendente Municipal.
Art. 117.- Declárase que el artículo 66 de la Constitución de la República aplicable en todos los casos de imputación de una irregularidad, omisión o delito, sin que la notoriedad objetiva del hecho imputado exima a la autoridad respectiva de dar al interesado la oportunidad de presentar prueba de descargo sobre los aspectos objetivos o subjetivos del caso y de particular su defensa aduciendo circunstancias atenuantes de responsabilidad o causas de justificación u otras razones.
Art. 118.- Todos los procedimientos a que se refiere el presente Título, serán de carácter secreto o reservado según su gravedad.
La obligación de mantener el secreto alcanza a todo funcionario que por cualquier motivo o circunstancia tuviese conocimiento de aquéllos. Su violación será considerada falta grave.
Capítulo II
Disposiciones particulares
Artículo 119.- Con respecto a denuncias e informaciones de urgencias, Sumarios e Investigaciones Administrativas, y Sometimiento de los Funcionarios a la Justicia Penal, se aplicará en lo pertinente, el derecho 640/973 del Poder Ejecutivo de fecha 8 de agosto de 1973, normas concordantes, modificativas y sustitutiva.
TITULO VIII
DE LAS CESANTIAS
Capítulo único
Artículo 120. La calidad de funcionario Municipal podrá cesar por las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Jubilación;
c) Destitución;
d) Fallecimiento.
Artículo 121. La renuncia debe presentarse por escrito y en forma no equívoca. Sólo producirá efectos una vez aceptada por el órgano competente. La resolución deberá dictarse dentro del plazo de diez días, reputándose que aquella ha sido aceptada si al vencimiento del referido término no medió pronunciamiento.
TITULO IX
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Capítulo único
Artículo 122.- Los funcionarios que se consideren afectados en sus derechos por las decisiones de las autoridades Municipales, podrán entablar los recursos correspondientes previstos en la Ley Orgánica del Gobierno y Administración de los Departamentos Nº 9.515, del 28 de octubre de 1935.
TITULO X
VIGENCIA
Capítulo único
Artículo 123.- El presente Estatuto empezará a regir a partir del 1º de marzo de 1984.
Artículo 124.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente Estatuto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES
A) Las disposiciones previstas en el Capítulo I del Título IV de este Estatuto, relativas a la "Calificación de los funcionarios" regirá en forma inmediata a la fecha de su entrada en vigencia; prorrogándose para el mes de mayo de 1984 la realización de las primeras Calificaciones que corresponderán al período de actuación funcional comprendido entre el 1 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1983.
B) Las pruebas de concurso para ascenso que deberán necesariamente efectuarse en el año 1984, serán dispuestas por el Intendente Municipal en el o los meses que estime conveniente, debiendo estar calificados todos los postulantes con derecho que se inscriban en el llamado a concurso.
A partir del 1 de enero de 1985 regirá a este respecto lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto.
C) La antigüedad mínima de un año en el cargo inmediato inferior al que proveerá por concurso, exigirá para poder presentarse al mismo, regirá a partir del 1 de enero de 1985.
Art. 125.- Comuníquese e insértese en el Libro de Decretos de la Junta de Vecinos.
Sala de Sesiones de la Junta de Vecinos a veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.
JOSÉ MARÍA DI PAULO, Presidente.
GLADYS MARTÍNEZ, Secretaria General.
(RESOLUCION 89/984)
Intendencia Municipal de Colonia.
Colonia, 10 de abril de 1984.
Visto: la autorización acordada por la Junta de Vecinos, en sesión celebrada el día veintisiete de marzo del corriente año,
El Intendente Municipal
RESUELVE:
Cúmplase, insértese y pase a la Oficina de Relaciones Públicas y Turismo, para que publique por una sola vez en el "Diario Oficial" el presente Estatuto.- Coronel NESTOR W. BERTRIN, Intendente.- GASPAR PEÑA, Secretario General.
Ley 9515 de 28/10/1935, modificaciones posteriores y anotaciones
 El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
SECCIÓN I
Del Gobierno y Administración de los Departamentos
Artículo 1º.- Cada Departamento será gobernado y administrado por un Intendente que ejercerá las funciones ejecutivas, y por una Junta Departamental que tendrá funciones de contralor y legislativas.
Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del Departamento y tendrán su sede en la Capital del mismo.
Artículo 2º.- En toda población fuera de la planta urbana de la Capital del Departamento, podrá, además, haber una Junta Local. (1)
SECCIÓN II
De la Junta Departamental
CAPÍTULO I
Artículo 3º.- Las Juntas Departamentales se compondrán de once miembros en Montevideo y de nueve en los demás Departamentos, distribuyéndose los cargos entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno. (2)
La elección se hará directamente por el pueblo con las garantías que, para el sufragio se establecen en la Sección III de la Constitución.
Se atribuirá a la lista cuyo candidato a Intendente haya resultado triunfante, la totalidad de los cargos que correspondan a su lema. (3)
Dentro de los demás lemas, la distribución se hará por el sistema de la representación proporcional integral.
Los miembros de las Juntas durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones (4). Conjuntamente con los titulares serán elegidos hasta triple número de suplentes.
Artículo 4º.- Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser proclamadas, a fin de proceder, a su instalación.
Una vez instaladas, nombrarán en carácter definitivo un Presidente y dos Vice Presidentes, los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos.
Artículo 5º.- En los casos de muerte, incapacidad, renuncia aceptada, inhabilidad o cese de los titulares, los suplentes respectivos los reemplazarán con carácter permanente. En los demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares por ausencia o inasistencia de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.
Artículo 6º.- Las Juntas Departamentales sesionarán ordinariamente en las fechas que ellas mismas designen. Tres de sus miembros o el Intendente podrán convocar extraordinariamente a la Junta en cualquier momento.
Artículo 7º.- Los miembros de las Juntas Departamentales se denominarán Ediles y sus funciones serán honorarias.
Artículo 8º.- Para ser miembro de la Junta Departamental, se requerirán: 25 años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio, y ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos. (5)
Artículo 9º.- No podrán ser Ediles los empleados del Poder Ejecutivo, con excepción de los dependientes de los entes autónomos o servicios descentralizados; los dependientes de las autoridades departamentales; los que desempeñen funciones electivas -cualquiera que sea su naturaleza- y quienes estén a sueldo o reciban retribución de empresas privadas que contraten con el Municipio. (6)
Artículo 10.- Los Ediles no serán responsables por las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones, con propósito de interés general.
Artículo 11.- La Junta celebrará sesión con la mayoría de sus miembros, y la Secretaría pondrá a disposición de quién lo solicite un resumen de los asuntos tratados y resueltos, salvo los que hubieran sido declarados secretos por la mayoría los presentes.
Artículo 12.- Todas las resoluciones de la Junta serán revocables por el voto de la mayoría absoluta de sus componentes, sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán ventilados en la vía correspondiente.
Artículo 13.- El Presidente presidirá las sesiones, firmará con el Secretario las resoluciones de la Junta, a la que representará y tendrá las demás funciones que le acordare el reglamento interno.
Artículo 14.- El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta y tendrá voz en ella, pero no voto.
Artículo 15.- Los libros de actas y demás documentos de la Junta con instrumentos públicos, si para su expedición se hubieren llenado las formalidades legales y reglamentarias.
Ninguna ordenanza y en general, ninguna resolución de las Juntas será válida si no consta en el acta de la sesión en que haya sido adoptada. Se exceptúan las medidas y resoluciones urgentes y demás que esté facultado para hacer cumplir el Presidente de la Junta, de acuerdo con los reglamentos, y ordenanzas vigentes.
CAPÍTULO II
Artículo 16.- Todo Edil puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido.
El pedido será por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta, el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si éste no facilitare los informes dentro del plazo de diez días, el Edil podrá solicitarlos por intermedio de la Junta. (7)
Artículo 17.- La Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente o al funcionario municipal que aquélla indique, para pedirle y recibir los informes que estime convenientes, ya sea para tomar sus resoluciones, ya sea con fines de inspección o de fiscalización.
Artículo 18.- La Junta podrá nombrar de su seno Comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las Oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados.
CAPÍTULO III
Artículo 19.- A cada Junta Departamental compete dentro de su Departamento y en cuanto no se oponga a la Constitución ni a las leyes de la República: (8)
1º. Acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas, para solicitar del Poder Legislativo la creación de nuevos impuestos municipales;
2º. Aprobar o reprobar anualmente el presupuesto del Municipio que presente el Intendente. Éste remitirá cada año, a la Junta Departamental, para su estudio y sanción, un Proyecto de presupuesto equilibrado. La Junta podrá modificarlo solamente para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficits, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto y en la fecha que indique la ley de Contabilidad y Administración Financiera, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo formular observaciones únicamente sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de las disposiciones constitucionales o leyes aplicable.
Si el Tribunal de Cuentas notare que el presupuesto adolece de defectos de forma o que faltaren antecedentes ilustrativos que considere indispensables para expedirse de acuerdo con los preceptos constitucionales y la ley de Contabilidad, podrá solicitarlos, y en ese caso, el plazo para informar se suspenderá hasta que se reciba el presupuesto corregido o los antecedentes que hubiere pedido, computándose a los efectos del término, el tiempo transcurrido con anterioridad.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no medirán éstas, sancionará definitivamente el presupuesto.
En ningún caso la Junta podrá introducir modificaciones, con posterioridad al informe del Tribunal.
Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepancias, dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado.
Los presupuestos municipales declarados vigentes se comunicarán al Poder Ejecutivo para su inclusión, a título informativo, en el Presupuesto General de Gastoso y al Tribunal de Cuentas, con instrucción a éste de los antecedentes relativos, a sus observaciones cuando las hubiere.
Regirán respecto de los presupuestos municipales los principios generales fijados para el Presupuesto General de Gastos del Estado, por los artículos 194 (inciso 1º), 197, 198 y 199 de la Constitución de la República; (9)
3º. Fijar con anuencia del Tribunal de Cuentas y del Poder Legislativo, en su caso, una Sección especial en el presupuesto municipal que comprenda los gastos ordinarios permanentes del Municipio, cuya revisión anual no sea indispensable. No se incluirá en el presupuesto disposiciones cuya vigencia exceda la del ejercicio económico o que no se refieran exclusivamente a su interpretación y ejecución;
4º. Aprobar o reprobar en todo o en parte, las cuentas que presente el Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas;
5º. Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para dictaminar sobre cuestiones relacionadas con las finanzas o administración departamentales, bastando un tercio del total de votos para tener por aprobada la solicitud de intervención;
6º. Acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas, para solicitar del Poder Legislativo la contratación de empréstitos. No se entenderá por tales los préstamos bancarios en cuenta corriente, destinados exclusivamente al pago regular del presupuesto, los que deberán quedar cancelados dentro del ejercicio. El límite de esta cuenta lo fijará el Intendente con anuencia de la Junta y del Tribunal de Cuentas, pudiendo estos dos últimos modificar sus alcances en cada ejercicio;
7º. Acordar autorización al intendente para destituir los empleados de su dependencia, incluso los de las Juntas Locales, en caso de ineptitud, omisión o delito. La Junta deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada;
8º. Destituir los miembros de las Juntas Locales a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos, oyendo previamente las exposiciones que aquellos quisieran formular;
9º. Nombrar y destituir, por si los empleados que necesite para su funcionamiento y fijar su dotación, previo informe del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 2º de este artículo;
10. Acusar ante el Senado por un tercio de votos, al Intendente o a los Ediles por los motivos previstos en el artículo 84 de la Constitución, siempre que para esto haya sido convocada expresamente con diez días de anticipación indicándose, el objeto de la reunión. El Senado podrá separarlos de su destino por dos tercios de votos del total de sus componentes. (10)
11. Crear Juntas Locales a propuesta del Intendente;
12. Dictar, a propuesta del Intendente o por propia iniciativa, ordenanzas y demás resoluciones en materia de su competencia;
13. Resolver en definitiva las apelaciones interpuestas contra los decretos y demás resoluciones del Intendente;
14. Aprobar todos los actos del Intendente que por la ley de 23 de Diciembre de 1919 requerían aprobación de la Asamblea Representativa;
15. Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule con arreglo a la presente ley;
16. Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de esta ley;
17. Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos de sus componentes, y salvo lo dispuesto en leyes especiales.
Las concesiones no podrán darse a perpetuidad en ningún caso;
18. Otorgar concesiones de tranvías u otros servicios de transportes con sujeción a las leyes y previa propuesta del Intendente;
19. Autorizar en la misma forma del inciso anterior, concesiones de alumbrado, excepto el eléctrico de generación central;
20. Autorizar, a propuesta del Intendente, el establecimiento de teléfonos y alumbrado eléctrico, previa intervención, en lo que se refiera a la parte técnica, de las Usinas Eléctricas del Estado, en las poblaciones en que esta Institución no los hubiera establecido.
El plazo de la concesión será el que fijen las Usinas Eléctricas del Estado siempre que este organismo se obligue a establecer dichos servicios dentro del plazo fijado;
21. Gestionar de las Usinas Eléctricas del Estado la aplicación de las utilidades liquidas que resulten en cada departamento, con excepción del de Montevideo para rebajar las tarifas o ampliar las instalaciones. A ese efecto, se llevará a cada departamento una cuenta de ganancias y pérdidas, de acuerdo con la contabilidad industrial. Las Usinas Eléctricas del Estado, anualmente, comunicarán a cada Municipio el estado de su cuenta en la forma más amplia posible;
22. Homologar el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos municipales a cargo de empresas concesionarias, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, y vigilar el funcionamiento de dichos servicios;
23. Denunciar a los Poderes Públicos toda organización comercial o industrial trustificada, a los fines previstos en el artículo 49 de la Constitución;
24. Tomar en consideración y resolver dentro de los sesenta días de presentada, la iniciativa que sobre asuntos de interés local tome el quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad. Si la iniciativa escapara a la jurisdicción legal de la Junta, ésta le dará tramite ante las autoridades respectivas;
25. Aprobar por mayoría absoluta de votos de sus componentes la designación de las propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente, siendo entendido que, a los efectos de la expropiación de los bienes para uso departamentales, la Junta tendrá todas las facultades que, con respecto a dichos bienes, la ley de 28 de Marzo de 1912 acordaba al Poder Ejecutivo;
26. Requerir el apoyo de la policía siempre que lo crea necesario para el cumplimiento de sus funciones;
27. Suministrar a los Poderes Públicos todos los informes que le soliciten;
28. Fijar la remuneración del Intendente de acuerdo con el artículo 252 de la Constitución;
29. Velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del Departamento:
A) Ejercitando la acción judicial pertinente a fin de hacer efectivos los artículos 16 y 17 de la Constitución;
B) Reclamando ante los Poderes Públicos la observancia de las leyes tutelares de aquellos derechos.
C) Prestando especialmente su apoyo a los ciudadanos que fueran obligados a prestar servicio en el Ejército, fuera de los casos previstos por las leyes.
D) Designando los ciudadanos que han de componer el Jurado con sujeción a las leyes de la materia.
E) Calificando los ciudadanos para el servicio de la Guardia Nacional, según lo disponga la ley especial o el Código Militar;
30. Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientas Unidades Reajustables), en todos los Gobiernos Departamentales.
Las mayores de 70 UR (setenta Unidades Reajustables), y menores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables), solo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización del órgano legislativo departamental por mayoría absoluta de votos.
Las mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) sólo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización de dicho órgano, otorgada por los dos tercios de votos del total de sus componentes.
Las multas impagas podrán ser perseguidas judicialmente siendo aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes del Intendente Municipal por las cuales se impongan dichas sanciones.
Las sanciones se determinarán en consideración a la gravedad de la infracción y a la naturaleza del bien jurídico protegido.
Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre sí destinados a propiciar ordenanzas que aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional. (11)
31. Determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas y paseos.
Para cambiar su nombre y la numeración de las puertas, y cuando se pretendiere dar nombres de personas, no podrá hacerse sin oír previamente al Intendente, y se requerirán dos tercios de votos;
32. Crear y sostener, según las necesidades y recursos, laboratorios municipales, químicos y bacteriológicos, y otras oficinas técnicas, a propuesta del Intendente;
33. Vigilar la seguridad del tránsito en los pasos a nivel establecidos o que deban establecerse en el cruce con caminos municipales, sin perjuicio de la intervención que corresponda a las oficinas técnicas nacionales;
34. Reglamentar los espectáculos públicos, velando especialmente por todo lo que haga referencia con la cultura, moral, decoro y orden en el desarrollo de los mismos, así como en lo referente a la higiene, seguridad y comodidad de sus locales, sin perjuicio de lo dispuesto en los Códigos Penal y del Niño.
 35. Dictar reglas para la edificación, en todo el territorio del departamento, siendo de su cargo: 
A) La regulación normativa de la actividad de ordenamiento del ámbito territorial departamental.
 B) Formular y aprobar las ordenanzas y demás instrumentos de ordenamiento territorial.
 C) El contralor de la actividad administrativa del ordenamiento territorial. (12)
Artículo 20. En todos los casos en que de acuerdo con esta ley sea necesaria la aprobación o autorización de la Junta para determinados actos o resoluciones, ésta deberá concederla o denegarla dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.
CAPÍTULO IV (13)
Artículo 21.- Si el Intendente, a quien se hubiese remitido una ordenanza u otra resolución de carácter legislativo, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho, sancionada y expedita para ser promulgada sin demora.
Artículo 22.- Sí el Intendente no devolviese el proyecto cumplidos los cinco días hábiles que establece el número 7 del artículo 34, tendrá fuerza ejecutiva y se publicará como tal, reclamándose éste, en caso omiso, por la Junta.
Artículo 23.- Reconsiderado por la Junta un proyecto que hubiese sido devuelto por el Intendente con objeciones u observaciones, si aquélla lo confirmase por dos terceras partes de votos, se tendrá por su última sanción y, comunicado al Intendente, éste lo hará cumplir en seguida.
Artículo 24.- Si la Junta desaprobara el Proyecto devuelto por el Intendente, quedará suprimido por entonces y no podrá ser presentado de nuevo hasta el año siguiente.
Artículo 25.- En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Intendente, las votaciones serán nominales, por sí o por no, y los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones u observaciones del Intendente, se podrán publicar por la prensa.
Artículo 26.- No podrán ser observadas:
A) Las ventas, acuerdos, autorizaciones o resoluciones de la Junta en que ésta actúe por vía jurisdiccional o de contralor;
B) Las resoluciones de carácter interno de la Junta;
C) El presupuesto municipal que haya llegado a la Asamblea General por el trámite establecido en el artículo 254 de la Constitución. (14)
SECCIÓN III
Del Intendente
CAPÍTULO I
Artículo 27.- El Intendente tendrá a su cargo la función ejecutiva del Gobierno Departamental.
Los Intendentes durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos, pero por una sola vez, y en ese caso deberán renunciar con tres meses, por lo menos, de anticipación a la fecha de la elección.
Artículo 28.- Los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo a mayoría simple de votantes, mediante el sistema del doble voto simultáneo y con las garantías que para el sufragio se establecen en la Sección III de la Constitución, teniéndose por triunfante al candidato de la lista más votada del lema más votado.
Artículo 29.- Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos.
Artículo 30.- Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público o privado, excepción hecha de los docentes. Podrá ejercer oficio, profesión, comercio o industria, siempre que en sus actividades no contrate con el Municipio.
Artículo 31.- Los Intendentes no gozarán de licencia con remuneración por más de un mes al año, que le será acordada por la Junta Departamental; tampoco podrán obtener licencia sin remuneración por más de seis meses.
Artículo 32.- El Intendente tendrá un primer y segundo suplentes, electos conjuntamente con el titular, que deberán poseer las mismas calidades y que en uso de vacancia temporal o definitiva, lo sustituirán con sus mismas atribuciones.
Cuando se conceda licencia al Intendente o se produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo, quien percibirá en todos los casos igual remuneración que el titular.
Artículo 33.- El cargo de Intendente suplente es compatible con el de miembro de la Junta Departamental. El Edil que pase a ocupar la Intendencia quedará entretanto suspenso en sus funciones.
Artículo 34.- Las resoluciones del Intendente, debidamente refrendadas por el funcionario que corresponda, se asentarán en libros registros, y sus constancias o testimonios expedidos en forma, constituirán instrumentos públicos.
Dichas resoluciones no serán válidas si no constan en el libro respectivo. Se exceptúan las medidas y resoluciones urgentes, que deberán hacerse constar por acta especial.
CAPÍTULO II
Artículo 35.- Compete al Intendente:
1º. Promulgar y publicar las ordenanzas y resoluciones sancionadas por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportunos para su cumplimiento.
2º. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las ordenanzas y resoluciones de la Junta Departamental;
3º. Ejercer la superintendencia de las oficinas de su dependencia, nombrar sus empleados, incluso los de las Juntas Locales, establecer su disciplina y suspenderlos en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo o con medio sueldo, por períodos que en su conjunto no pasen de dos meses por año para cada empleado. Los empleados de las Juntas Locales autónomas serán nombrados por el Intendente, a propuesta de dichas Juntas.
4º. Destituir a sus empleados y a los de las Juntas Locales, en caso de ineptitud, omisión o delito, rigiendo siempre la garantía establecida en el inciso 4º del artículo 57 de la Constitución de la República, con autorización de la Junta Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo la destitución se considerará ejecutoriada;
5º. Preparar anualmente el presupuesto del Municipio y someterlo a la aprobación de la Junta en la fecha, que indique la ley de Contabilidad y de acuerdo con los artículos 254 y 255 de Constitución; 
6º. Ordenar los pagos, previa intervención de la Contaduría;
7º. Presentar proyectos de ordenanzas y resoluciones a la Junta Departamental y hacer observaciones a los que ella sancione, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya hecho saber la aprobación;
8º. Designar los miembros de las Juntas Locales y sus suplentes, con aprobación de la Junta Departamental, dada por tres quintos de votos. Las designaciones se harán respetando en lo posible la proporcionalidad de la Junta Departamental en la representación de los diversos partidos;
9º. Representar al Departamento en las relaciones con los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados;
10. Celebrar contratos sobre la administración de las propiedades inmuebles, arrendamientos y utilización de bienes departamentales o confiados a los Municipios, requiriéndose la aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus miembros si el contrato tuviese una duración mayor que su mandato, o cuando el monto del contrato exceda de dos mil pesos;
11. Transigir previo dictamen del Ministerio Fiscal en los asuntos inferiores a dos mil pesos, requiriéndose además la autorización de la Junta Departamental, en los de mayor cantidad.
12. Requerir el apoyo de la policía siempre que lo crea necesario para, el cumplimiento de sus funciones.
13. Suministrar a los Poderes Públicos todos los informes que le soliciten.
14. Velar por la enseñanza primaria:
A) Nombrando al Presidente y demás miembros de la Comisión Departamental de Instrucción Primaria, con arreglo a las leyes vigentes;
B) Inspeccionando cuando lo juzgue oportuno, las escuelas privadas y públicas del Departamento;
C) Representando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y ante los Poderes Públicos las necesidades de las escuelas y cuanto pueda contribuir a propagarlas y mejorarlas;
D) Cuidando por la conservación de los edificios escolares a fin de que las escuelas puedan funcionar en condiciones de seguridad e higiene;
E) Reclamando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, el fiel cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y programas sobre educación e instrucción primaria, en caso de violación u omisión, con recurso para ante el Poder Ejecutivo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución y sin perjuicio de lo dispuesto en el subinciso anterior.
Las atribuciones de los subincisos B), C), D) y E), podrá también ejercerlas con relación a los Liceos Departamentales y a las Escuelas Industriales, formulando las observaciones y deduciendo los recursos ante las autoridades competentes, según las leyes respectivas;
15. Velar, del mismo modo que la Junta, y por los mismos medios, por la conservación del los derechos individuales de los habitantes del Departamento;
16. Dictar resoluciones tendientes a evitar inundaciones, incendios y derrumbes y aliviar sus consecuencias previo acuerdo de la Junta Departamental. En cuanto al incendio dictará sus resoluciones, reglamentos u ordenanzas, previa consulta al Ministerio del Interior, estableciendo la obligatoriedad de medios preventivos de defensa en todo lo que atañe:
A) A los edificios destinados a alojar numerosas personas;
B) A las salas de espectáculos públicos;
C) A los establecimientos industriales;
D) A los depósitos de inflamables;
E) A las barracas, aserraderos, molinos, grandes casas de ventas y todo establecimiento que sea juzgado peligroso, dando seguridades para los que concurran, trabajen o vivan en los precitados locales;
17. Determinar, previo acuerdo de la Junta Departamental, las zonas inaptas por su carácter de inundables, para la construcción de viviendas;
18. Fiscalizar la fiel observancia del sistema legal de pesas y medidas, denunciando las irregularidades que constate;
19. Conservar, cuidar y reglamentar las servidumbres constituidas en beneficio de los pueblos y de los bienes de que esté en posesión la comunidad, para que queden expeditas al servicio público;
20. Administrar:
A) Las propiedades del Departamento y las que fuesen cedidas para su servicio, proveyendo a su conservación y mejoras, así como a las de todos los establecimientos y obras departamentales;
B) Los servicios de saneamiento, de acuerdo y en la medida que fijen las leyes especiales que organicen la transferencia de estos servicios a los Municipios; (15)
21.- Velar, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Central por la conservación de las playas marítimas y fluviales, así como de los pasos y calzadas de ríos y arroyos:
A) Prohibiendo la extracción de tierra, piedras y arena dentro del límite que juzgue necesario para la defensa de los terrenos ribereños.
B) Haciendo o disponiendo que se hagan plantaciones destinadas a defender los terrenos de la invasión de las arenas, y a sanear las playas y defender las costas;
C) Evitando la destrucción de las zonas boscosas situadas en terrenos ribereños o adyacentes de propiedad municipal, que por su conformación hermoseen las costas o resulten defensivas para la conservación de las playas;
22.- Aceptar herencias, legados y donaciones. Si las herencias, legados o donaciones fueran condicionales, modales u onerosas, el Intendente las aceptará o repudiará según lo estime conveniente, previo dictamen del Ministerio Fiscal y con acuerdo de la Junta Departamental. La responsabilidad del Municipio quedará siempre limitada a la importancia de la herencia;
23.- Organizar y publicar la estadística departamental; formar los empadronamientos de contribuyentes y los catastros, según convengan a las necesidades de la administración local y al mejor asiento, distribución y percepción de los impuestos departamentales y organizar los registros de vecindad;
24.- Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, sin perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen la materia, siendo de su cargo:
A) La adopción de medidas y disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades nacionales, para combatir las epidemias, disminuir sus estragos y evitar y remover sus causas;
B) La desinfección del suelo, del aire, de las aguas y de las ropas en uso;
C) La vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas;
D) La limpieza de las calles y de todos los sitios de uso público;
E) La extracción de basuras domiciliarias y su traslación a puntos convenientes para su destrucción, transformación o incineración:
F) La reglamentación e inspección periódica y permanente de las casas de inquilinato, pudiendo determinar la capacidad de las habitaciones y patios, número de sus habitantes y servicio interior de limpieza; de los establecimientos calificados de incómodos, peligrosos o insalubres, pudiendo ordenar su remoción, siempre, que no sean cumplidas las condiciones que se establezcan para su funcionamiento, o que éste fuera incompatible con la seguridad o salubridad públicas; de los establecimientos de uso público aunque pertenezcan a particulares, como ser: mercados, mataderos, lecherías, carnicerías, panaderías, fondas, hoteles, fábricas de conservas, casas de baños, salas de espectáculos públicos y demás establecimientos análogos;
G) La inspección y el análisis de toda clase de substancias alimenticias y bebidas, con la facultad de prohibir el expendio y consumo y de decomisar las que se reputen o resulten nocivas a la salud, sin obligación de indemnizar y sin perjuicio de la facultad de imponer multas dentro de los términos señalados por esta ley;
H) La inspección veterinaria y adopción de las medidas que juzgue necesarias para garantía de la salud pública;
I) La propagación y difusión de las vacunas, y coadyuvar en la ejecución de toda medida preventiva y profiláctica que impongan las leyes o que dicten el Poder Ejecutivo o las autoridades competentes;
J) La iniciativa o propaganda para el establecimiento de baños y lavaderos públicos, reglamentándolos de acuerdo con las ordenanzas pertinentes.
Las ordenanzas que se dicten sobre la materia a que hacen referencia los apartados F) y G), deberán tener en cuenta las determinaciones de orden técnico que las leyes pongan a cargo del Ministerio de Salud Pública;
25. Organizar y cuidar la vialidad pública siendo de su cargo:
A) Dictar reglas, de acuerdo con las ordenanzas respectivas, para el trazado, nivelación y delineación de las calles y caminos vecinales y departamentales y velar por las servidumbres de alineación, según los planos y trazados vigentes o que se adopten en lo sucesivo; pero no podrá ser reducida la anchura de los caminos departamentales existentes;
B) Resolver los conflictos entre la propiedad privada y las exigencias, del servicio público en todo lo relativo a las vías de comunicación, de acuerdo con las leyes y ordenanzas vigentes;
C) Decidir todas las cuestiones relativas a caminos departamentales y vecinales, oyendo previamente a las oficinas técnicas, y a las Juntas Locales en su casos y con aprobación de la Junta Departamental;
D) Proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de todas las vías indicadas y de las plazas y paseos, según las necesidades y recursos locales;
E) Reglamentar el tránsito y los servicios de transporte, de pasajeros y carga, de conformidad con las ordenanzas y consentir el estacionamiento de vehículos en los sitios de uso público, pudiendo fijar en todos los casos las tarifas del servicio y las normas a que deben sujetarse;
F) Entender en todo lo relativo a puentes, balsas, canales o calzadas, con sujeción a las leyes y ordenanzas;
G) Aplicar especial atención al ejercicio de las facultades que en materia de caminos y sendas de paso atribuye a las autoridades municipales el Código Rural;
26. Dictar reglas para la edificación en los centros urbanos, siendo de su cargo:
A) Ejercer las facultades que sobre construcción de cercos y veredas acuerdan las leyes vigentes a las autoridades municipales;
B) Intervenir especialmente en la construcción de las salas de espectáculos públicos, así como en las de las casas de inquilinato, de apartamentos, y de todo edificio destinado a contener aglomeración de personas;
27. Establecer, reglamentar, suprimir y trasladar cementerios o crematorios, en los dos últimos casos previo dictamen del Ministerio de Salud Pública y Ministerio Fiscal, siendo de su cargo:
A) Adjudicar derechos de uso de locales y sepulturas de acuerdo con los reglamentos;
B) La colocación y cuidado de los monumentos.
C) La adopción de medidas generales o especiales para asegurar el orden y respeto;
28. Ordenar la inscripción de defunciones en los casos de no ser posible la obtención de certificado médico, dando cuenta de ello, a la justicia ordinaria;
29. Entender en todo lo concerniente a abasto, tabladas, plazas de frutos y mercados, siendo de su cargo:
A) Reglamentar el consumo y abasto para las poblaciones y para los buques surtos en los puertos;
B) Establecer, suprimir o trasladar tabladas, corrales de abasto, mataderos y plazas de frutos y cuidar de su régimen administrativo, de conformidad con el Código Rural y con las ordenanzas y disposiciones complementarias que el mismo Intendente o la Junta dictaren en su caso;
C) Establecer, suprimir o trasladar mercados; señalar a los existentes o a los que en adelante se establezcan, el radio dentro del cual no será permitida la venta de artículos similares; fijar las tarifas de arriendo de los puestos dentro de los mercados y la de los derechos que deben pagar los puestos situados fuera de ellos.
Esta disposición no es aplicable a los mercados de propiedad particular, con respecto de los cuales la intervención del Intendente se limitará a la inspección y reglamentación higiénica y a las que consientan las respectivas concesiones;
30. Prohibir la exhibición de objetos, figuras o libros obscenos, y solicitar el concurso de la policía para la clausura de las casas de juegos prohibidos por las leyes;
31. Autorizar rifas de acuerdo con las leyes y ordenanzas;
32. Cooperar a la celebración de las fiestas y solemnidades que la ley consagre;
33. Imponer las multas a que se refiere el numeral 30 del artículo 19 de la presente ley y las que establezca como sanción a las infracciones contra sus reglamentos, las que no podrán exceder de N$ 5.000.00 (nuevos pesos cinco mil). Esta cantidad se actualizará en la forma y oportunidad previstas por el inciso final del citado numeral; (16)
34. Llenar, respecto de las obras legalmente autorizadas, las formalidades de las expropiaciones que dichas obras requieran, con sujeción a las leyes que rijan dicha materia;
35. Designar los inmuebles a expropiarse para obras departamentales, debiendo someterse esa designación a la aprobación de la Junta Departamental;
36. Coadyuvar con el Ministerio de Salud Pública en la inspección y fiscalización de la asistencia pública, con excepción del Intendente de Montevideo;
37. Ejecutar obras, llenando el requisito previo de la licitación pública cuando su importe exceda de quinientos pesos en Montevideo, y de doscientos en los demás Departamentos, y que no hayan de efectuarse con el personal o elementos a su cargo, pudiendo con autorización de la Junta, acordada por mayoría absoluta de sus miembros, prescindir de esa formalidad: (17)
A) En casos de urgencia y cuando por circunstancia imprevistas no pueda esperarse el tiempo que requiera la licitación;
B) Cuando, sacadas hasta por segunda vez a licitación no se hubiera recibido ofertas o éstas no fueren admisibles;
C) Cuando, tratándose de obras de ciencia o arte, su ejecución no pudiera confiarse sino a artistas o personas de competencia especial;
D) Cuando se trata de objetos cuya fabricación pertenece exclusivamente a personas favorecidas con privilegio de invención;
38. Ejecutar las obras de vialidad del Departamento, con sujeción a las siguientes reglas:
A) Elevará, dentro de los dos primeros meses de cada año, el plan de obras a realizar a la aprobación de la Junta Departamental, debiendo solicitar, en el transcurso del año, la misma aprobación previa para toda obra a ejecutarse no comprendida en el plan primitivo;
B) Para la preparación de los proyectos, estudios y presupuestos de estas obras, se asesorará de la Inspección Técnica Municipal;
C) Aprobados los proyectos por la Junta Departamental, o si ésta no se expidiese durante los primeros treinta días, las obras serán sacadas a licitación por el Intendente;
D) Podrá prescindir de las formalidades establecidas en los subincisos que anteceden en los casos de reparaciones de carácter urgente, y sin perjuicio de dar cuenta inmediatamente a la Junta Departamental;
E) Podrá prescindir también, con autorización de la Junta, de la licitación, cuando las obras de vialidad se encuentren en alguno de los casos previstos por el número 37;
F) La inspección, y en su caso, la dirección de las obras, se efectuará por medio de las Inspecciones Técnicas Municipales;
G) Los Intendentes elevarán al Ministerio de Obras Públicas, en el mes de Diciembre de cada año, una memoria descriptiva de los trabajos ejecutados, debiendo expresarse en ella:
1º. Dimensiones de cada obra y materiales empleados;
2º. Precios pagados por la medida de trabajo ejecutado;
3º. Precio total de la obra;
4º. Si los trabajos se han sacado a licitación pública o de qué otra manera se han realizado;
5º. Producido de las rentas aplicadas a vialidad.
Dicha memoria comprenderá los trabajos ejecutados o mandados ejecutar por las Juntas Locales;
39. Gestionar ante cualquier autoridad los asuntos de su competencia, personalmente o por intermedio del funcionario que designe.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior excepto el Municipio de Montevideo, los Departamentos, cuando se trate de sus bienes y derechos serán citados o emplazados en la persona del Intendente, y si se tratare de iniciar o contestar acciones judiciales, serán representados por el Ministerio Fiscal o por el abogado que designe el Intendente, previa autorización de la Junta acordada por dos tercios de votos. Podrá igualmente dirigirse a cualquier autoridad o poder del Estado solicitando el cumplimiento de sus resoluciones;
40. Pasar anualmente al Poder Ejecutivo una memoria que comprenda los trabajos y proyectos de cada una de sus reparticiones con la recopilación de las disposiciones más importantes que hubiesen dictado. Dichas memorias serán remitidas por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General;
41. Ejercer la superintendencia y fiscalización sobre las Juntas Locales, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección VII;
42. Ejercer todas las demás facultades que las leyes vigentes acordaban al Departamento Ejecutivo de los Municipios.
43. La actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del departamento, especialmente: 
A) Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en la materia. 
B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta Departamental. (18)
Artículo 36.- Compete igualmente al Intendente sin perjuicio de las medidas o iniciativas que tomare la Junta Departamental:
.Adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Departamental por dos tercios de votos;
2º. Dirigir a los Poderes Públicos las peticiones que tuviese por convenientes, relativas al bien general del país y al particular del Departamento;
3º. Acordar, con las otras autoridades, las medidas que estime convenientes, en los servicios que le sean comunes o que convenga conservar o establecer en esta formas determinando a la vez las cuotas que para dichos servicios correspondan a cada una;
4º. Promover la agricultura y el mejoramiento de la ganadería:
A) Nombrando una o varias Comisiones de agricultores y ganaderos, y estimulando toda iniciativa útil, que se proponga en favor de dichos gremios;
B) Propendiendo a la fundación de escuelas agronómicas, granjas, cabañas, haras y realización de ferias y exposiciones;
C) Fomentando al desarrollo del arbolado, atendiendo preferentemente a la guarda, conservación y aumento de los montes municipales, y estimulando en el mismo sentido la acción de los particulares.
Tendrá idéntica facultad respecto de los montes fiscales, con acuerdo del Poder Ejecutivo;
D) Coadyuvando a toda acción para combatir las plagas y pestes perjudiciales a la agricultura y ganadería;
E) Inspeccionando y vigilando las colonias establecidas en terrenos particulares, en lo relativo a las funciones municipales;
F) Adoptando todas las medidas que considere favorables al mayor incremento de la agricultura, la ganadería y las industrias rurales.
5º. Propender igualmente a la prosperidad del Departamento:
A) Estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las instituciones de fomento, previsión, crédito y ahorro;
B) Cooperando a las iniciativas privadas en la forma que considere más eficaz;
6º. Sugerir a la Junta las modificaciones o ampliaciones que considere convenientes a esta ley.
Artículo 37.- Queda prohibido a los Intendentes, sin perjuicio de las otras limitaciones que establece la ley:
1º. Rematar, enajenar o encargar a particulares la percepción de las rentas municipales; (19)
2º. Enajenar e hipotecar bienes raíces salvo lo que disponen las leyes especiales sobre solares, quintas, chacras, y sobre expropiación de inmuebles. Sin embargo, podrán, enajenar o gravar cualquier bien departamental aún los incluidos en el artículo 23 de la ley de Octubre 21 de 1912, previa autorización de los dos tercios de votos de los miembros de la Junta Departamental;
3º. Levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental.
SECCIÓN IV
Disposiciones comunes a los Intendentes y a la Junta Departamental
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 38.- Los Ediles e Intendentes no podrán durante su mandato:
1º. Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con los Municipios, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con ellos;
2º. Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los Municipios salvo lo preceptuado en el artículo siguiente;
3º. Ser cesionarios o fiadores ante el Municipio en asuntos municipales.
La inobservancia de lo dispuesto en este artículo y en el 9º de la presente ley, importará la pérdida inmediata del cargo, que será decretada por el Senado, previa acusación de un tercio de votos de las Juntas Departamentales.
El Senado podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 39.- Cuando alguno de los Ediles tenga que tramitar asunto propio o defender sus derechos lesionados, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo siguiente, e integrarse la Junta con el suplente respectivo para considerar esos asuntos.
Cuando se tratare de asuntos propios del Intendente, éstos serán resueltos por el Presidente de la Junta con apelación ante ésta. De igual manera se procederá en aquellos asuntos, contenciosos, en que estuvieren interesados los parientes de dicho funcionario hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad.
Artículo 40.- Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presentes en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, estuvieran interesados.
Artículo 41.- Los empleados municipales no podrán contratar con el Municipio, ni ser cesionarios o fiadores ante él, sin autorización acordada por dos tercios de votos de la Junta Departamental, bajo pena de inmediata separación del cargo.
Artículo 42.- Es absolutamente nulo todo acto y contrato en que se contravenga lo dispuesto en los artículos anteriores y en el 9º de la presente ley, y el que los infringiera responderá de los perjuicios resultantes.
SECCIÓN V
Del Contador Municipal
Artículo 43.- Los Contadores Municipales serán designados por el Intendente, previa venia de la Junta Departamental, otorgada por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 44.- Compete al Contador:
A) Todos los cometidos y facultades que le fije la ley de Contabilidad y Administración Financiera. (Artículo 206 de la Constitución): (20)
B) Informar al Intendente y a la Junta en materia de presupuesto;
C) Intervenir preventivamente en los gastos y pagos, conforme a las normas reguladores que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, observando por escrito ante el Intendente todo libramiento u orden de pago que considere ilegal o que no sea conforme al presupuesto. Si el Intendente reiterara la orden y la Contaduría insistiera en que ella es improcedente, deberá cumplirla pero dando cuenta de inmediato a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas;
D) Informar a la Junta de la rendición de cuentas y gestiones financieras de la Intendencia, presentándole la memoria anual relativa a dichas gestiones,
E) Poner en conocimiento de la Junta todas las irregularidades que notare en el manejo de fondos o infracciones a las leyes de Presupuesto y Contabilidad.
Artículo 45.- El gasto improcedente hace responsable solidariamente al Intendente y al Contador que intervenga en el pago contraviniendo la disposición del artículo anterior.
De la misma manera será responsable quien admita una fianza en garantía de los intereses departamentales, si al tiempo de admitirla, el fiador fuere notoriamente incapaz o insolvente. En estos casos los dictámenes respectivos se consignarán en acta.
SECCIÓN VI
Rentas Departamentales (21)
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 46.- Son rentas propias de los Departamentos, administradas y empleadas por ellos de conformidad con esta ley, los ingresos municipales provenientes de:
1º. Abasto, tabladas, plazas de frutos, mercados y ferias;
2º. Rodados;
. Alumbrado o luces;
4º. Cementerio;
5º. Contrastes de pesas y medidas;
6º. Las guías y tornaguías;
7º. La revisación o aprobación de planos;
8º. Los testimonios y certificados que se expidan a razón de $ 0,25 por foja, con excepción de los de partidas del Registro del Estado Civil, que se cobrarán según lo establecido por la ley;
9º. Los servicios de salubridad para la limpieza, barrido y riego y otros análogos;
10. Concesiones precarias de bienes municipales de uso público;
11. Pontazgo, peaje, barcaje, muelles y pescantes municipales;
12. Los servicios de serenos o de seguridad;
13. El producto de permisos para celebración de espectáculos públicos y diversiones;
14. Entierros o pompas fúnebres;
15. El producto de los permisos para la construcción de sepulcros y monumentos;
16. El producto de los análisis de sustancias alimenticias;
17. Exámenes médicos y análisis de laboratorio;
18. Desinfecciones;
19. El producto de la venta de las vacunas o cualquier suero terapéutico que elaboren las oficinas departamentales:
20. La mitad del valor de los frutos excedentes en las guías o abandonados en las estaciones de carga y no reclamados dentro de un mes de la revisación;
21. El otorgamiento de los siguientes permisos:
A) Para calificación, reedificación y construcciones urbanas en general, aperturas de puertas y ventanas, construcciones y remoción de veredas;
B) Para limpieza de letrinas, desagote de aljibes, reconstrucción de caños maestros en el interior de las casas y en las vías públicas;
C) Para realizar rifas;
D) Para cazar y pescar; (2)
E) Para cortar madera o leña en los montes municipales, debiendo sujetarse a las reglamentaciones respectivas;
F) Para extraer piedra, arena, conchilla, balastro y otros productos del suelo en terrenos municipales, siempre que la extracción no perjudique al tránsito público, a las propiedades ribereñas, o a la integridad de las playas naturales;
G) Para cercar propiedades rurales;
22. El producto de la venta de bienes departamentales y las rentas de éstos;
23. Las donaciones, herencias y legados en dinero;
24. Las multas que las leyes hayan impuesto o impusieran en favor del Departamento y las que éstos mismos apliquen según sus propias facultades;
25. El aprovechamiento de obras públicas Departamentales y servicios con igual carácter, incluso los de saneamiento en los términos que fije la ley respectiva;
26. Avisos en las vías o lugares públicos, o en los medios de locomoción de empresas de servicios públicos;
27. Los protestas al Municipio por deudas particulares según el derecho que fije el Municipio;
28. El producto de la venta de basuras o sus derivados;
29. El setenta y cinco por ciento (75%) de lo producido durante el año por el impuesto a la propiedad inmueble situada dentro de sus límites, con exclusión de adicionales y recargos;
La Dirección General de Impuestos Directos, en la Capital, y sus sucursales en el interior, verterán en el Banco de la República o en sus Agencias en la cuenta de los respectivos Municipios, el porcentaje indicado en este inciso, a medida que se vaya realizando la recaudación.
Artículo 47.- Son también rentas departamentales todas las que han sido atribuidas a las Municipalidades por leyes vigentes o que lo fueran por nuevas leyes.
Artículo 48.- No son embargables las rentas, de los Departamentos, sus propiedades ni los bienes de uso comunal.
En caso de condenaciones judiciales contra los municipios, éstos deberán proyectar los recursos necesarios para satisfacerlas, haciendo las inclusiones correspondientes en el primer presupuesto departamental. (22)
Artículo 49.- Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de la Deuda Departamental.
Si dicha deuda no existiese, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.
Artículo 50.- El tiempo de vigencia del presupuesto será de un año y coincidirá con el año civil. La ley fijará, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, el porcentaje de los gastos totales que podrá ser destinado a pagar sueldos y salarios, tanto en el presupuesto ordinario como en las erogaciones extraordinarias para obras públicas, etc. (23)
Artículo 51.- El proyecto de presupuesto del Municipio será siempre presentado en forma comparativa tanto para someterlo a la Junta Departamental, como para elevarlo al Poder Ejecutivo y cuando corresponda en su caso, al Parlamento.
Artículo 52.- Sólo el Poder Legislativo, a solicitud del Intendente, con acuerdo de la Junta Departamental, y previo informe del Tribunal de Cuentas podrá crear nuevos impuestos municipales. Serán recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados exclusivamente por éstos, las tasas o tarifas por utilización o aprovechamiento de servicios municipales.
SECCIÓN VII
De las Juntas Locales (24)
CAPÍTULO I
Artículo 53.- En toda población fuera de la planta urbana de la Capital del Departamento podrá haber una Junta Local honoraria que será designada de acuerdo con esta ley.
Su número será de cinco miembros, con triple número de suplentes respectivos, que tendrán las mismas calidades exigidas para ser miembro de la Junta Departamental, y deberán estar avecindados en la localidad.
Artículo 54.- La Junta Local, una vez instalada, procederá a designar su Presidente, quien ejercerá la función ejecutiva en su jurisdicción.
Si se produjera empate, la Junta Departamental decidirá entre ambos candidatos.
Artículo 55.- Las Juntas Locales durarán en el ejercicio de sus funciones por igual término que la Junta Departamental.
Artículo 56.- Los suplentes actuarán de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5º de esta ley.
Artículo 57.- Compete a las Juntas Locales, con excepción de las autónomas, dentro de su Jurisdicción:
1º. Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas, acuerdos y demás resoluciones de carácter Municipal;
Cumplir los cometidos que les confieran las leyes y ejercer las atribuciones que les encomiende el Intendente;
Iniciar entre el vecindario y proponer al Intendente las mejoras locales que consideren convenientes;
Vigilar en su jurisdicción la percepción de las rentas departamentales;
Cobrar, fiscalizar la percepción y administrar las rentas y proventos que por cualquier concepto se les adjudiquen dentro de las rentas departamentales, sin perjuicio de la superintendencia del Intendente;
6º. Cuidar los bienes municipales que se hallen dentro de su jurisdicción, proponiendo al Intendente la mejor forma de aprovecharlos;
7º. Atender especialmente a la higiene y salubridad de las localidades;
8º. Imponer en sus jurisdicciones las multas por infracciones de carácter municipal en la forma prescripta por las disposiciones vigentes;
9º. Propender a la formación de tesoros locales por suscripción voluntaria, destinados exclusivamente a las mejoras y adelantos de la localidad;
10. Emplear los recursos que les asigne el presupuesto y los que les entregare el Intendente, para los servicios y necesidades locales;
11. Ser en cada localidad una representación del Intendente, en todo cuanto se refiera a velar por las garantías individuales y la instrucción primaria, promover la agricultura y el mejoramiento de la ganadería así como todo lo que propenda al adelanto de la localidad, dando cuenta al Intendente en la forma oportuna;
12. Presentar anualmente su presupuesto y el plan de sus trabajos dentro de las rentas que se le hubieren adjudicado.
Artículo 58.- Se instalarán de inmediato Juntas Locales en todas aquellas jurisdicciones en que actuaban Concejos Auxiliares.
Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente, podrán crear nuevas Juntas Locales en las poblaciones que ofrezcan algunas de las condiciones siguientes:
1º. Que cuenten con más de 2.000 habitantes;
. Que tengan establecidas industrias agrícolas, fabriles u otras de significación equivalente, de evidente interés local.
Artículo 59.- En las poblaciones que, sin ser Capital del Departamento, cuenten más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el turismo, la ley, por mayoría absoluta de votos de cada Cámara, podrá ampliar las facultades de gestión de las Juntas Locales, a iniciativa de las mismas, de la Intendencia o de la mayoría de la Junta Departamental, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria.
En el cómputo de la población a que se refiere este artículo se incluirán los habitantes de zonas inmediatas.
Artículo 60.- Las Juntas Locales darán cuenta igualmente del empleo de los fondos que les entregue el Intendente para servicios y necesidades locales.
Sin perjuicio de los informes que en cualquier tiempo el Intendente solicite de ellas, cada año, antes del 31 de Diciembre, le remitirán memoria sucinta de sus trabajos.
La Intendencia deberá destinar el 70% de las rentas que se produzcan dentro de la jurisdicción de las Juntas Locales autónomas para los servicios y necesidades de las localidades en que ellas actúen.
Artículo 61.- Los Ediles Locales tendrán las mismas responsabilidades que los Ediles Departamentales, y, como éstos, están exentos de ellas por las opiniones e juicios que emitan en el desempeño de sus funciones, con propósitos de interés general.
SECCIÓN VIII
De los recursos
Artículo 62.- Los individuos o entidades privadas y los empleados de los Municipios, tienen el derecho de reclamar de los órganos que instituye la presente ley o que de ellos dependan, la reposición o reforma de sus decretos, resoluciones o reglamentos, según los casos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su publicación o notificación, si se trata del Departamento de la Capital y dentro de los veinte días si se trata de los demás Departamentos de la República.
Este recurso se resolverá dentro de los quince días de interpuesto, salvo que se trate de un decreto o resolución de la Junta Departamental, caso en el cual el plazo será de sesenta días. (3)
Artículo 63.- Si la resolución fuera desfavorable a la oposición de los interesados, éstos podrán recurrir como sigue:
1º. Contra las dictadas por los órganos municipales inferiores que no dependan de Juntas Autónomas, o las dictadas por Juntas Locales Centralizadas, se deberá apelar para ante el Intendente dentro de los diez días siguientes a su notificación;
2º. Habrá lugar al mismo recurso para ante las Juntas, Locales Autónomas, contra las resoluciones de los órganos de su dependencia;
3º. Contra las resoluciones del Intendente o de las Juntas Locales Autónomas, ya sean originarías o dictadas por vía de apelación, y siempre que estén relacionadas con materias propias de la competencia de las Juntas Departamentales según esta ley, podrá apelarse para ante éstas dentro de los diez días siguientes a su publicación o notificación según corresponda.
Las Juntas resolverán las cuestiones previstas en este inciso, dentro de los sesenta días siguientes a la interposición de losa recursos;
. Contra las resoluciones del Intendente o de las Juntas Autónomas que no admitan recursos para ante las Juntas Departamentales, y contra las resoluciones de éstas últimas tomadas por vía de oposición o apelación, sólo podrá deducirse el recurso de segunda revisión, siempre que se invoquen hechos nuevos que lo justifiquen suficientemente a juicio del Intendente o de las Juntas Departamentales o Autónomas, según los casos.
El término que para recurrir se establece por este artículo, se duplicará cuando la resolución de que se trate emane de órganos municipales de los Departamentos que no sea el de la Capital. (3)
Artículo 64.- Si los individuos o entidades privadas y los empleados municipales se considerasen lesionados en su derecho por un decreto o resolución de las Juntas Departamentales, o por un reglamento o resolución de los Intendentes o de las Juntas Locales Autónomas, podrán recurrir de ellos ante los Tribunales Judiciales, al efecto de la reparación civil, dentro de los diez días siguientes a la dicha de su publicación o notificación. El plazo será de veinte días cuando se trate de decretos, resoluciones o reglamentos de las autoridades municipales que no sean del Departamento de la Capital.
No podrá recurrirse a la vía judicial contra los reglamentos y resoluciones de los Intendentes y Juntas Locales Autónomas, en los casos del número 3 del artículo anterior, sin haber apelado previamente para ante la Junta Departamental.
Artículo 65.- Las cuestiones a que hace referencia el artículo precedente serán resueltas en primera instancia por los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso-Administrativo en Montevideo y, en el interior, por los Jueces Letrados de primera instancia.
Conocerá en segunda instancia la Suprema Corte de Justicia, y de su sentencia cualquiera que ella sea, no habrá recurso alguno.
El procedimiento será el de los juicios ordinarios de menor cuantía.
Artículo 66.- Siempre que deducido un recurso contra las decisiones de los órganos municipales, aquél no fuera resuelto, dentro de los plazos señalados al efecto, la omisión se reputará resolución confirmatoria de la recurrida, y el término para los ulteriores recursos, o acciones que correspondan, se contará desde el día siguiente al vencimiento de dichos plazos. (25)
Artículo 67.- Según la gravedad del caso, las Juntas Departamentales cuando conozcan por vía de recursos, y las autoridades judiciales en cualquier instancia podrán decretar la suspensión del acto reclamado.
Artículo 68.- Los decretos y resoluciones de las Juntas, y las resoluciones y reglamentos de los Intendentes, contrarios a la Constitución o a las leyes, serán apelables para ante la Cámara de Representantes, por un tercio de la Junta, por trescientos ciudadanos inscriptos en el Departamento, o por el Poder Ejecutivo.
La apelación deberá ser interpuesta dentro de los diez días, a contar desde que el decreto tenga fuerza ejecutoria, y este plazo será de veinte cuando el apelante fuere el Poder Ejecutivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos por la Cámara los antecedentes, no resolviera ésta la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
Artículo 69.- Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, quedará en suspenso el derecho de los particulares de reclamar ante la justicia ordinaria (artículo 84), quedando también en suspenso el trámite de las acciones que al efecto se hubieren deducido.
El pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre dicho recurso dejará concluida la cuestión de legalidad.
Artículo 70.- Cuando la resolución apelada haya tenido por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación interpuesta no podrá tener efecto suspensivo. Tampoco lo tendrá cuando la apelación se interponga en el segundo caso previsto por el artículo 68.
Artículo 71.- Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia, por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del Departamento, señalado concretamente el precepto constitucional o legal violado, y en qué consiste la violación.
El procedimiento será el establecido por el Código de Procedimiento Civil para los incidentes, y la resolución a recaer sólo será susceptible del recurso de revisión. (26)
Artículo 72.- En cuanto a las demandas contra los actos de autoridades municipales, a que se refiere el capítulo II de la sección XVII de la Constitución de la República, se estará a lo que establezca la ley respectiva.
Artículo 73.- Los Tribunales Administrativos o los Judiciales, en caso de condenación del Municipio, harán declaración expresa sobre si hubo culpa grave que sea imputable a los miembros de las autoridades departamentales.
Éstos serán pasibles ante el Estado de la responsabilidad civil consiguiente.
En caso de declararse la existencia de culpa grave, se pasarán los autos al Fiscal que corresponda para hacer efectiva la responsabilidad de dichos miembros.
SECCIÓN IX
Del referéndum
Artículo 74.- El recurso del referéndum podrá entablarse por un quinto de los ciudadanos inscriptos del Departamento, para que se deje sin efecto un decreto o resolución de la Junta Departamental.
La declaración de que se quiere emplear este recurso deberá presentarse el Intendente dentro de los cuarenta días siguientes a la publicación del decreto o resolución de que se trata.
Artículo 75.- Quedarán suspendidos los efectos del acto del cual se recurre al referéndum, hasta que se produzca éste, desde el momento en que el Intendente reciba la declaración a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 76.- El referéndum deberá efectuarse pasados los treinta días y dentro de los sesenta siguientes a la fecha en que les sean presentadas al Intendente las peticiones populares;
Corresponderá al Intendente, por medio de la Junta Electoral, disponer todo lo necesario para que el referéndum se efectúe.
Los recurrentes al referéndum podrán solicitar que éste se realice en la más próxima elección, caso en el cual el pedido de referéndum no tendrá efecto suspensivo.
Artículo 77.- En el referéndum la votación se hará por sí o por no, y su resultado se publicará y tendrá fuerza ejecutoria de inmediato.
SECCIÓN X
De la iniciativa
Artículo 78.- El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad, tendrá el derecho de iniciativa ante su respectiva Junta en asuntos de dicha jurisdicción. La Junta local deberá considerar las proposiciones formuladas, dándoles trámite ante las autoridades competentes.
Artículo 79.- El mismo porcentaje de inscriptos residentes en un Departamento, tendrá igual derecho de iniciativa ante la respectiva Junta Departamental.
Ésta deberá pronunciarse dentro de los sesenta días de recibida la iniciativa, y, en caso de resolución negativa, lo hará saber al Intendente a fin de que proceda ese conformidad con lo dispuesto por el artículo 76.
Procederá también así el Intendente, en caso de que vencido el término a que se refiere el inciso anterior, la Junta no hubiere adoptado resolución, bastando al efecto el requerimiento de cualquiera de los firmantes de la iniciativa que acreditare en forma los extremos correspondientes.
SECCIÓN XI
Artículo 80.- Se declaran en su fuerza y vigor las leyes y reglamentos que hasta aquí han regido, en todo lo que, directa o indirectamente no se oponga a la presente ley.
Disposiciones transitorias
Artículo 1º.- Los miembros de las Juntas Departamentales para el periodo 1934-1938 serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.
Conjuntamente con los titulares serán designados hasta triple número de suplentes, que en caso de vacancia temporal o definitiva, sustituirán a los titulares con sus Mismas atribuciones.
En los demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares, por ausencia o inasistencia de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.
Artículo 2º.- Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser designadas, a fin de proceder a su instalación, y nombrar un Presidente y dos Vicepresidentes los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser reelectos.
Artículo 3º.- Mientras la Junta Departamental no se dicte un aumento, se regirá, en cuanto sea aplicable para su instalación y funcionamiento, por el Reglamento de la ex Junta Deliberante y si éste no existiera, por el del ex Concejo de Administración Departamental.
Artículo 4º.- Los Intendentes para el período 1934-1938 serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, conjuntamente con un primer y segundo suplentes que en caso de vacancia temporal o definitiva sustituirán a los titulares con sus mismas atribuciones.
Artículo 5º.- Los Intendentes para el período 1934-1938 percibirán los sueldos que establezcan las leyes y decretos vigentes.
Artículo 6º.- Las designaciones definitivas de Intendentes y Ediles se efectuarán dentro de los quince días siguientes a la promulgación de esta ley.
Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo hará imprimir la presente ley y sus respectivos antecedentes.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de Octubre de 1935. ALFREDO NAVARRO, Presidente - BENJAMIN PEREIRA BUSTAMANTE, Secretario. Ministerio del Interior.
Montevideo, Octubre 28 de 1935.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese a quienes corresponda, publíquese, insértese y archívese. TERRA - AUGUSTO CÉSAR BADO.
(1) Con relación a autoridades locales ver Artículo 262 y disposición transitoria “Y” de la Constitución
(2) Arts. 263 y 269 de la Constitución
(3) Artículo 272 de la Constitución
(4) Artículo 265 de la Constitución
(5) Artículo 264 de la Constitución
(6) Sobre prohibiciones e incompatibilidades: arts. 289 a 294 de la Constitución
(7) Artículo 284 de la Constitución
(8) Artículo 273 de la Constitución
(9) Arts. 222 a 229 de la Constitución
(10) Artículo 295 (inciso segundo) de la Constitución
(11) Texto del numeral 30 según el Artículo 210 de la Ley 15.851 de 21/12/1986
(12) Numeral agregado por el literal a) del numeral 4 del Artículo 83 de la Ley 18.308
(13) Véase el régimen vigente en el Artículo 281 de la Constitución
(14) Artículo 225 de la Constitución
(15) Artículo 2º de la Ley  11.907 de 19/12/1952
(16) Se refiere al número 30 del artículo 19
(17) Véase art 451 a 525 de la Ley 15.903, Artículo 653 de la Ley  16.170, decreto 95/991 de 26/06/1991, Artículo 766 de la Ley 16.736
(18) Numeral agregado por el literal b) del numeral 4 del Artículo 83 de la Ley 18.308
(19) Artículo 767 de la Ley 16.736 (05/01/1996): Autorízase a las Intendencias Municipales a contratar agentes de cobranza a los efectos de colaborar en la percepción de tributos municipales.
Derógase en lo pertinente el numeral 1º del artículo 37 de la ley 9.515, de 28 de octubre de 1935, en lo referente a la prohibición impuesta a los Intendentes Municipales para encargar a particulares la percepción de las Rentas Municipales.
(20) Arts. 450 a 592 de la Ley 15.903, modificada por leyes 16.170, 16.736 y 17.213 (decreto 95/991)
(21) Artículo 297 de la Constitución
(22) Artículo 381 num. 8 y 401 del Código General del Proceso
(23) Arts. 222 a 229 de la Constitución
(24) Arts. 287 y 288, y disp. transit. y esp. “Y”
(25) Los arts. 62 a 66 fueron derogados por el Artículo 109 del decreto ley 15.524 (09/01/1984). Véase Artículo 317 de la Constitución y Artículo 4 de la ley 15.869
(26) Artículo 348 del C.G.P.
Decreto del 13/08/2004, con modificaciones del 06/03/2009 y del 07/08/2009
  
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA
ACUERDA Y DECRETA:
 
 
CAPÍTULO I
DEL REGLAMENTO
 
 
A. Alcance y obligatoriedad del Reglamento
Artículo 1º.- La Junta Departamental de Colonia se gobernará internamente por el presente Reglamento, que entrará en vigencia a partir de su aprobación.

B. De la reforma del Reglamento
Artículo 2º.- El Reglamento podrá ser modificado por mayoría absoluta de los integrantes del Cuerpo.
Artículo 3º.- No se dará curso a ningún proyecto de reforma del Reglamento que no establezca concretamente cuáles son los artículos que se modifican, se suprimen o se adicionan y qué lugar deben ocupar los aditivos.
Artículo 4º.- Los proyectos de reforma del Reglamento deberán ser tratados previo informe de Comisión.
  
C. Observancia del Reglamento
Artículo 5º.- Todo Edil podrá reclamar la observancia del Reglamento siempre que considere que se contraviene a él y el Presidente lo hará observar si, a su juicio, es fundada la reclamación.
Si no lo juzgare así e insistiese el autor de la reclamación o el Miembro contra quien se haga el reclamo, el Presidente lo pondrá a consideración del Cuerpo para su inmediata resolución.
Artículo 6º.- Las decisiones sobre aplicación del Reglamento, que se den ocasionalmente en la discusión de cualquier asunto, o en el curso de una sesión, no tendrán fuerza obligatoria en lo sucesivo.
  
CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES EN GENERAL
 
 
A. De los períodos de sesiones
Artículo 7º.- Cada período legislativo se dividirá en tantos períodos de sesiones como años calendario dure la Administración. 
 
B. De la instalación de la Junta Departamental
Artículo 8º.- La Junta Departamental se reunirá en sesión solemne, a invitación de la Secretaría, sesenta días después de la elección Departamental, a fin de constituirse.
Artículo 9º.- Reunidos, por lo menos, la mitad más uno de los Ediles, serán invitados por el Secretario a proceder al nombramiento de un Presidente provisorio de entre los presentes. El Secretario tomará la votación, que será nominal y el Edil que tuviera la mayoría de votos será proclamado electo por Secretaría, e invitado a ocupar la Presidencia provisoria.
Artículo 10.- Habiéndose constituido la Mesa provisoria se pasará a dar tratamiento, en caso de que la/s hubiere, a la/s renuncia/s presentada/s.
Artículo 11.- Una vez cumplido lo establecido en el artículo anterior se procederá en primer término y por votación nominal y mayoría simple de sufragios, a elegir Presidente de la Corporación, el que durará un año en el ejercicio de su cargo. Luego de la proclamación de quien haya obtenido la mayoría, el Presidente provisorio lo invitará a ocupar la Presidencia.
De inmediato se procederá, también por votación nominal y mayoría simple de sufragios, a la designación del Primero y Segundo Vicepresidentes, los que cesarán en sus funciones conjuntamente con el Presidente.
Artículo 12.- Lo establecido en el artículo anterior se realizará al comienzo de cada período de sesiones.
Artículo 13.- Si por cualquier circunstancia no pudiera elegirse Mesa, proseguirá en funciones la del año anterior, hasta tanto pueda cumplirse la exigencia del Art. 11. 
 
C. Del régimen de trabajo
Artículo 14.- Habiéndose procedido a la elección de Mesa, la Junta Departamental podrá determinar días y horas para sesionar, votándose por su orden las proposiciones que se formulen hasta que una de ellas obtenga mayoría de votos de los presentes.
Artículo 15.- Dentro de los diez días posteriores a la instalación de la Junta Departamental, las distintas Bancadas comunicarán por escrito a la Mesa los nombres de los integrantes designados (titular y 1 suplente) para el trabajo de las Comisiones Permanentes.
En cada comienzo de los períodos de sesiones se procederá de acuerdo a lo estipulado en el párrafo anterior. De no existir dicha comunicación se prorrogarán automáticamente por un nuevo período los nombramientos del anterior.
En caso de renuncia voluntaria del titular al cargo, su Bancada procederá a designar un nuevo titular.
 
CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES
 
 
A. Carácter de las sesiones ordinarias y extraordinarias
Artículo 16.- Las sesiones son ordinarias o extraordinarias.
Artículo 17.- Ordinarias son las que se celebran en los días y horas determinados para cada período.
Artículo 18.- Extraordinarias son aquellas que se realizan fuera del régimen a que se refiere el párrafo anterior.
Éstas podrán ser convocadas en los siguientes casos:
a) Por resolución de la Junta Departamental o de la Mesa.
b) A solicitud firmada por un tercio de los integrantes de la Junta Departamental, para tratar cuestiones de carácter urgente que serán expresamente determinadas en la misma.
c) A solicitud escrita del Intendente Municipal, para tratar asuntos de carácter urgente, que se especificarán en la misma.
En dichas sesiones no podrán tratarse otros asuntos que los facultados por la Constitución de la República, la Ley Orgánica Municipal y lo que permite este Reglamento.
Artículo 19.- También podrán celebrarse sesiones extraordinarias de carácter solemne, por resolución de la Junta Departamental o de la Mesa.
Éstas se convocarán con motivo de: instalación de la Junta Departamental, de honores póstumos y eventos extraordinarios que revistan una jerarquía excepcional.
En las sesiones solemnes sólo se tratarán los temas previstos en la convocatoria.
Artículo 20.- Para que la Junta Departamental pueda sesionar se necesitará la presencia de por lo menos la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. 
 
B. De las Convocatorias
Artículo 21.- Para las sesiones ordinarias se citará a los Ediles por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.
Las citaciones serán acompañadas por una relación de los asuntos a tratarse y los correspondientes informes de Comisión que estuvieran disponibles.
Artículo 22.- Para las sesiones extraordinarias se citará a los Ediles por lo menos con cinco horas de antelación, con el enunciado del tema a tratar.
Artículo 23.- Para cada sesión se convocará a los titulares y al primer suplente.
Artículo 24.- Ante el cese definitivo de un titular (fallecimiento, renuncia, destitución) la Secretaría convocará al Suplente que corresponda, quien asumirá la titularidad de la Banca, situación que se materializará con la aprobación de la Sala.
Artículo 25.- No se dará curso a ninguna solicitud de sesión extraordinaria que se formule con más de cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que deba realizarse.
Artículo 26.- Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse cualquier día, debiendo la Mesa coordinar que la hora no coincida con la de la sesión ordinaria que pudiera realizarse en la misma fecha.
Artículo 27.- Los Miembros de la Junta Departamental no forman Cuerpo fuera de Sala, excepto cuando la mayoría absoluta resolviera sesionar en otro recinto. 
 
C. Desarrollo de la sesión
Artículo 28.- Pasados treinta minutos de la hora indicada en la citación, el Presidente, o en su ausencia el Primero o Segundo Vicepresidente, ocupará la Presidencia y llamará a Sala a los Ediles.
Artículo 29.- Si no hubiera concurrido el Presidente, ni ninguno de los Vices, los Ediles presentes entrarán a Sala, llamados por el Secretario y procederán a la elección de un Presidente ad-hoc, quien ocupará el lugar del Presidente titular y desempeñará sus funciones hasta que lleguen el Presidente o alguno de los Vices.
Artículo 30.- Si pasados treinta minutos de la hora señalada para la sesión, no hubiera quórum, cualesquiera de los Miembros presentes podrá reclamar la hora en Secretaría, la cual contará con media hora para lograr el quórum. Transcurrido ese lapso convocará a Sala a los Ediles.
Artículo 31.- Abierto el acto, si hubiera quórum, el Presidente dará por iniciada la sesión y procederá como lo indica el presente Reglamento en la parte pertinente, y si no hubiese quórum el Presidente declarará que no puede sesionarse, retirándose los Ediles, debiendo constar en el Acta en forma nominal la asistencia de los Ediles a Sala.
Artículo 32.- Si hubiese número suficiente de Ediles, el Presidente declarará abierta la sesión, poniendo a consideración del Cuerpo las Actas pendientes de aprobación, que deberán haber sido distribuidas a las distintas Bancadas al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.
Se votarán las Actas puestas a consideración. Si se hicieran observaciones o modificaciones, se anotarán para su debida inclusión, debiendo considerarse en la sesión ordinaria inmediata siguiente.
Artículo 33.- Si la Mesa o algún Edil considera necesaria la lectura in extenso de algún asunto que constara en el Acta referida, así se hará. En cuanto a las Actas de las Sesiones Secretas, las distintas Bancadas podrán designar a uno de sus componentes para que las lean, observen y aprueben manteniendo su calidad, dando cuenta a la Junta Departamental en sesión pública sólo respecto a la resolución recaída sobre la misma.
Artículo 34.- Seguidamente se pondrán a consideración los Asuntos Entrados que surjan de la relación distribuida a las distintas Bancadas, al menos con veinticuatro horas de antelación a la sesión. Todos aquellos asuntos que ingresaran vencido este término, pasarán a integrar la nómina de Asuntos Entrados de la sesión inmediata siguiente, salvo que la Mesa los califique como urgentes.
Artículo 35.- Los Asuntos Entrados comprenderán: Proyectos de Decreto, de Resolución, de Comunicación o modificaciones de los existentes, presentados por Comisiones de esta Junta Departamental o señores Ediles; comunicaciones e iniciativas remitidas por el Gobierno Nacional, Gobiernos Departamentales y los distintos órganos del Estado, y contestaciones de éstos a planteamientos realizados por Comisiones o Miembros de la Corporación; expedientes y comunicaciones enviados por la Intendencia Municipal; solicitudes presentadas por las Comisiones mencionadas; pedidos de informes formulados por éstas y por los Sres. Ediles; peticiones y comunicaciones de personas físicas o jurídicas que por su forma y contenido sean admisibles; solicitudes para la realización de sesiones extraordinarias; licencias y recursos presentados por funcionarios del Cuerpo, y todas las Resoluciones que se encuentran amparadas por la Constitución de la República y la Ley Orgánica Municipal que por su carácter deban ser puestas a consideración o en conocimiento de la Junta Departamental. 
 
D. De los Asuntos Previos
Artículo 36.- Los asuntos previos, ajenos a los del Orden del Día, se tratarán antes del mismo en las sesiones ordinarias. Serán anunciados verbalmente o por escrito al Presidente o Secretario de la Junta Departamental antes del ingreso a Sala. La Junta Departamental oirá al Edil después de leídos los asuntos entrados. Sobre estas exposiciones no habrá pronunciamiento de la Junta Departamental. La votación que se realice no tendrá otro efecto que el de darle el trámite que el orador solicite, si ello procede a juicio de la mayoría de los presentes. Si el destino propuesto es el de una o más Comisiones de la Junta Departamental o el de tratarlo en Comisión General (Capítulo III, Literal O) el Presidente lo decretará así.
En cada sesión ordinaria, el número de oradores no podrá exceder de diez, correspondiendo los primeros seis lugares a dos Ediles por Bancada en forma alternada, los que dispondrán de hasta cinco minutos para efectuar su exposición.
La Secretaría abrirá un registro en el que se inscribirán los Ediles que excedan el número fijado, quienes hablarán en la sesión siguiente en el orden establecido en el párrafo anterior.
Durante esta instancia no se admitirán interrupciones. No se podrá tampoco plantear durante ella cuestiones urgentes o de orden, ni hacer aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores, los que serán llamados al orden en caso de hacer alusiones personales. Tampoco se podrá fundamentar el voto. 
 
E. Fuera de Asuntos Previos
Artículo 37.- Terminados los Asuntos Previos, antes de ingresar al Orden del Día, el Edil invocando expresamente este artículo, podrá solicitar a la Sala autorización para: honores póstumos, alteraciones del Orden del Día, tratamiento en Comisión General o inclusión en el Orden del Día de temas y/o expedientes que necesiten urgente consideración, informes de Ediles y/o Comisiones sobre actuaciones realizadas o a realizar, solicitudes de traslados de Ediles y/o Comisiones, solicitudes de prórroga por parte de las Comisiones para efectuar informes sobre temas y/o expedientes, solicitud de apertura de Actas Secretas y consideración de aquellos asuntos que por sus características revistan el carácter de excepción. En todos estos casos el Edil peticionante contará con cinco minutos para la exposición de motivos. 
 
F. Sobre Tablas
Artículo 38.- Asuntos sobre tablas son aquellos que se solicita sean tratados inmediatamente y por los cuales la Junta Departamental no fue convocada.
El Edil solicitante contará con cinco minutos para fundamentar su urgencia o fácil resolución.
El Presidente pondrá a consideración la habilitación del mismo.
  
G. De los Reconocimientos en Sala
Artículo 39.- Los reconocimientos a personalidades de relevancia serán solicitados por escrito y presentados en la Secretaría de la Junta Departamental, con una fundamentación documentada, y pasarán a consideración de la Comisión pertinente en el tema.
Los logros alcanzados por el homenajeado deberán revestir carácter departamental, nacional o internacional y se evaluará la trayectoria y continuidad de la tarea o lo excepcional de la misma.
Los reconocimientos se realizarán en sesiones extraordinarias en la primera semana de junio y diciembre, o en fecha a determinar por el Presidente debidamente fundamentada.
NOTA: Literal y Artículo AGREGADO según la redacción dada por el Decreto del 06/03/2009.
 
H. Orden del Día
Artículo 40.- Seguidamente se entrará a considerar el Orden del Día, tratando los asuntos en el orden en que hubiesen sido anunciados.
Artículo 41.- La correlación de los asuntos del Orden del Día, será establecida por el Presidente, quien a esos efectos deberá tener en cuenta las determinaciones de la Junta Departamental, si las hubiera.
Artículo 42.- Terminada la consideración de los asuntos que forman el Orden del Día se levantará la sesión.
Artículo 43.- Cuando se suscitaran dudas sobre si se contraviene o no el presente Reglamento, no se continuará adelante sin que previamente lo decida la Junta Departamental por resolución especial. 
  
I. De las Cuestiones de Orden, Indicaciones Verbales  y Cuestiones Previas
Artículo 44.- Son cuestiones de orden las que se refieren al Orden del Día, observancia del Reglamento, suspensión de la discusión, consideración de un asunto, asistencia de los señores Ediles, reconsideración de un proyecto antes de su sanción definitiva, declaración de urgencia, determinación de sesión secreta, dar por suficientemente debatido un tema y el pase a  Comisión General.
Artículo 45.- Indicaciones verbales son las simples advertencias, observaciones o reparos por incidencias del momento.
Artículo 46.- El Presidente podrá decidir por sí, respecto a estas indicaciones; pero si no hubiese conformidad o se manifestase oposición de parte de algún Edil, se les dará carácter de cuestión de orden y serán consideradas como tales.
Artículo 47.- Tanto las cuestiones de orden como las indicaciones verbales serán consideradas en el acto de presentarse, tal como lo establece el Art. 71 de este Reglamento.
Artículo 48.- Cuestión previa es la consulta a la Junta Departamental sobre la inteligencia o espíritu de una disposición del Reglamento, que tenga relación con el asunto que se discuta. En caso de ser apoyada se considerará, suspendiéndose entre tanto la discusión de dicho asunto hasta que se resuelva aquella.
Artículo 49.- En las instancias que no son de debate, Asuntos Entrados, Asuntos Previos y fundamentación de voto, no podrán hacerse alusiones personales. Si las hubiera, el Presidente consultará a Sala si se retiran del Acta. 
 
J. De la discusión
Artículo 50.- Los asuntos serán discutidos en general y particular.
Artículo 51.- La discusión general versará sobre el proyecto en su totalidad, su importancia, conveniencia o inconveniencia y nadie podrá hablar más que una vez sobre el asunto, a excepción del autor del proyecto y de los integrantes de las Comisiones involucrados en el informe del mismo cuando tengan que hacer aclaraciones al respecto.
Ningún Edil podrá usar de la palabra por más de veinte minutos en este régimen, sin el consentimiento expreso de la Junta Departamental.
Artículo 52.- La discusión particular versará sobre cada artículo o fracción en que se divida el proyecto y en ella podrán tomar la palabra libremente los Ediles.
Artículo 53.- Luego de escuchado un Edil por Bancada como mínimo, para dar por terminada una discusión, se podrá mocionar que el tema se dé por suficientemente debatido, o bien que se cierre la lista de oradores.
Artículo 54.- El orador dirigirá siempre la palabra a la Mesa o a la Junta Departamental en general.
Cuando deba referirse a otro Miembro de la Corporación deberá usar el tratamiento de “Señor/a Edil”.
Artículo 55.- Es absolutamente prohibido atribuir mala intención a los Miembros de la Junta Departamental por lo que expresen durante la discusión de los asuntos.
Artículo 56.- Siempre que algún Edil considere necesario dar lectura a impresos o documentos destinados a ilustrar el debate, solicitará autorización de la Mesa para hacerlo, la que podrá concederla sin previa consulta a la Sala.
Bastará que un Edil manifieste su desacuerdo con lo dispuesto por la Mesa para que el caso sea puesto a votación. Si la Mesa o algún Edil juzgara que el orador abusa del permiso que se le ha concedido, la Corporación, previa la consulta o moción correspondiente, podrá revocar el permiso, lo que se hará sin discusión y por simple mayoría de votos.
Artículo 57.- Las mociones para que sea llamado el orador al tema o para solicitar al Presidente a llamarlo al orden, se votarán observando las reglas establecidas en el Art. 74.
Artículo 58.- Las mociones para cerrar la discusión, proponer que la votación de cualquier asunto sea nominal, solicitar la lectura de algún documento, o que el asunto pase a una Comisión, se votarán sin discusión.
Artículo 59.- En las observaciones sobre las Actas, que se resolverán inmediatamente, sólo cabrá una discusión breve en la que cada Edil podrá hablar una sola vez, a excepción del reclamante que gozará de entera libertad para la réplica.
Artículo 60.- La prioridad en el uso de la palabra durante la discusión de los proyectos, seguirá el orden que se establece en el Literal K del Capítulo III.
Artículo 61.- La discusión general será habilitada por la Mesa. Una vez finalizada la misma, se votará si se pasa a la discusión particular. El tratamiento en discusión general no implica la aprobación del proyecto, y si resultara la votación afirmativa la Junta Departamental se ocupará del asunto artículo por artículo; pero en caso de que fuera negativa se lo archivará o se lo devolverá a su lugar de origen.
Artículo 62.- Los proyectos de comunicación u otros que no estén concebidos en artículos, pueden fraccionarse en párrafos, para proceder con ellos en la discusión particular como si fuesen artículos.
Artículo 63.- En la discusión particular pueden proponerse artículos en sustitución de los del proyecto o como adicionales.
Artículo 64.- Los artículos propuestos mencionados en el anterior entrarán en discusión junto con aquel a que se refieran, si fuesen sustitutivos; pero si fuesen aditivos, se tratarán enseguida de aquél que le deba preceder.
Artículo 65.- Las enmiendas se discutirán junto con el artículo a que hacen referencia.
Artículo 66.- Votado un artículo, si resultase afirmativo, quedarán desechados los que se hubiesen propuesto en sustitución; pero si resultase negativo, se procederá a votar éstos en el orden en que hubiesen sido presentados.
Artículo 67.- Los artículos a los que se hubiesen propuesto enmiendas, se votarán primero sin ellas. Si resultaran aprobados se dará por desechadas las enmiendas; pero si fuesen rechazados se votarán luego con ellas por su orden.
Artículo 68.- En la discusión particular se observará rigurosamente la unidad temática en el debate, sólo tratándose el asunto en cuestión.
Artículo 69.- Habiéndose agotado la lista de oradores o aprobado una moción de orden, se leerán las mociones llegadas a la Mesa y se pasará a votar.
Artículo 70.- Al entrar a la discusión de un proyecto o durante la misma, puede pedirse que pase de nuevo a la Comisión respectiva, para que lo estudie y reconsidere parcial o totalmente; y se estará a lo que disponga la Junta Departamental. 
 
K. Del Orden de la Palabra
Artículo 71.- Abierta la discusión, se concederá el uso de la palabra en el siguiente orden de preferencia: al autor de un proyecto o proponente de un tema, a los Miembros de la Comisión que lo informaron y a los demás Ediles en el orden que lo soliciten.
Artículo 72.- En igualdad de circunstancias, será facultativo del Presidente conceder la palabra a quien él considere.
Artículo 73.- El autor del proyecto y los Miembros de la Comisión informante tienen derecho a hablar preferencialmente tanto al iniciarse como al cerrarse la discusión. 
 
L. De las Interrupciones y llamados al Reglamento
Artículo 74.- El Presidente por sí o por indicación de un Edil podrá interrumpir a un orador cuando incurra en alusiones personales, insultos, expresiones indecorosas o se desvíe del tema.
Cuando el orador sostenga que no está incurriendo en ninguna de las incorrecciones mencionadas, el Presidente consultará a la Junta Departamental, que se pronunciará inmediatamente.
Artículo 75.- Si un orador se aparta del Reglamento, el Presidente por sí o a indicación de algún Edil, se lo advertirá diciéndole: “Aténgase al Reglamento señor Edil”.
Artículo 76.- Si a pesar de la advertencia mencionada en el artículo anterior el orador no se modera o sostiene que no ha merecido la observación, el Presidente podrá disponer el pase a un cuarto intermedio.
Artículo 77.- El orador podrá conceder interrupciones, que serán aclaratorias o para informaciones puntuales, y que deberán ser solicitadas a través del Presidente. 
 
M. De la votación
Artículo 78.- Para la votación es imprescindible la asistencia personal en Sala ocupando una Banca.
Artículo 79.- Cuando se vaya a proceder a alguna votación del Orden del Día, el Presidente llamará a Sala a todos los Ediles que se encontraran en antesala.
Artículo 80.- La votación será sumaria o nominal.
La votación sumaria será levantando la mano por la afirmativa. El resto de los Ediles en Sala serán contados como votos negativos, no existiendo la abstención.
La votación nominal será:
a) manifestándose por la afirmativa o la negativa.
b) pronunciando el nombre de por quién se vota.
Artículo 81.- La mayoría de votos será la que decida por la afirmativa o negativa, o por la elección de personas, conforme a este Reglamento.
Artículo 82.- En toda votación, el Secretario realizará el conteo de los votos, informando al Presidente el resultado para que éste lo comunique al Cuerpo.
Artículo 83.- Para el común de las resoluciones bastará con la mayoría simple comprendida por la mitad más uno de los presentes en Sala. Los casos en que se exigen mayorías especiales son los siguientes:
Dos tercios del total de componentes
Se requieren dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental para: 
a) La adquisición de terrenos y edificios. (Ley 9.515, Art. 36, Num. 1º)
b) La designación del Contador/a Municipal. (Ley 9.515, Art. 43)
c) Enajenar o gravar cualquier bien departamental. (Ley 9.515, Art. 37, Num. 2º)
d) Levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público. (Ley 9.515, Art. 37, Num. 3º)
e) Autorizar multas mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) y hasta de 350 UR (trescientas cincuenta Unidades Reajustables). (Ley 9.515, Art. 19, Num. 30; en la redacción dada por Ley 15.851, Art. 210)
f) Aprobar la nomenclatura de calles, caminos, plazas y paseos. (Ley 9.515, Art. 19, Num. 31)
g) La contratación de préstamos, cuando el plazo exceda el período de gobierno del Intendente. (Constitución, Art. 301, Inc. 2º)
h) Levantar el secreto de las Actas lacradas en legislaturas anteriores a la presente.
i) La contratación de empleados municipales con el Municipio. (Ley 9.515, Art. 41)
j) Dar autorización al Intendente Municipal para designar abogado representante del Municipio, cuando se tratara de iniciar o contestar acciones judiciales. (Ley 9.515, Art. 35, Inc. 39)
Tres quintos del total de componentes
Se requieren tres quintos de votos del total de componentes de la Junta Departamental para: 
a) Declarar la amovilidad de los funcionarios. (Constitución, Art. 62, Inc. 2º)
b) Calificar los cargos de carácter político o de particular confianza. (Constitución, Art. 62, Inc. 2º)
c) Ratificar Decretos sancionados por la Junta Departamental y observados por el Intendente. (Constitución, Art. 281, Inc. 2º) 
d) Sancionar su propio Presupuesto de Sueldos y Gastos. (Constitución, Art. 273, Num. 6º)
Mayoría absoluta
Se requieren la mitad más uno de los votos del total de componentes de la Junta Departamental para: 
a) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales. (Constitución, Art. 273, Inc. 8º)
b) Celebrar contratos y comodatos sobre la administración de las propiedades inmuebles, arrendamiento y utilización de bienes departamentales o confiados al Municipio, si aquellos tienen una duración mayor al mandato. (Ley 9.515, Art. 35, Num. 10)
c) Destituir a los Miembros de las Juntas Locales no electivas. (Constitución, Art. 273, Num. 5º)
d) Aprobar la designación de las propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente. (Ley 9.515, Art. 19, Num. 25)
e) Crear o fijar impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de servicios. (Constitución, Art. 273, Inc. 3º)
f) Autorizar multas mayores de 70 UR (setenta Unidades Reajustables) y menores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) (Ley 9.515, Art.19, Num. 30; actualizado por Ley 15.851, Num. 30)
g) Aprobar préstamos cuando no excedan del período de gobierno. (Constitución, Art. 301)
h) Revocar Resoluciones de la Junta Departamental. (Ley 9.515, Art.12) 
i) Autorizar los fraccionamientos.
j) La prescindencia de licitaciones públicas. (Ley 9.515, Art. 35, Num. 37)
k) Cambios de zonas.
Un tercio del total de componentes
Se requiere un tercio del total de componentes de la Junta Departamental para: 
a) Apelar ante la Cámara de Representantes por los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente contrarios a la Constitución y a las Leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La misma deberá hacerse efectiva dentro de los quince días de su promulgación. (Constitución, Art. 303)
b) Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental. (Constitución, Art. 273, Inc. 4º)
c) Efectuar un llamado a Sala al Intendente a efectos de pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor. (Constitución, Art. 285)
d) Acusar ante el Senado al Intendente y/o a los Miembros de la Junta Departamental, por violación de la Constitución u otros delitos graves. (Constitución, Art. 296)
e) Acusar ante el Senado al Intendente y a los Ediles por violación a las disposiciones de los artículos 9º y 38 de la Ley 9.51522; y artículos 290, 291 y 292 de la Constitución.
Artículo 84.- El Presidente votará en todos los casos.
Artículo 85.- En la discusión particular la votación se hará separadamente sobre cada artículo y a medida que vaya considerándose.
Artículo 86.- Cuando haya duda acerca del resultado de una votación, el Presidente hará que se tome nuevamente la misma.
Artículo 87.- En caso de empate se votará por segunda vez y si el empate persistiera la votación se considerará negativa.
Artículo 88.- A posteriori de cualquier votación el Edil que así lo desee, podrá pedir que conste en Acta la forma en que votó, y así se asentará.
 
N. De la Reconsideración
Artículo 89.- La reconsideración de una votación podrá pedirse inmediatamente de conocido el resultado de la misma, o en la sesión ordinaria inmediata siguiente antes de entrar a considerar la aprobación de las Actas. Este procedimiento consistirá simplemente en volver a votar y efectuar el recuento de los votos con la correspondiente proclamación del resultado por parte del Presidente.
La reconsideración de un tema podrá pedirse en la sesión ordinaria inmediata siguiente antes de entrar a considerar la aprobación de las Actas. El Edil mocionante hará saber a la Mesa si pide reconsiderar el tema en su integridad o sólo la moción final, contando con cinco minutos para su fundamentación. 
 
O. De la Comisión General
Artículo 90.- La Junta Departamental podrá constituirse en Comisión General para intercambiar información u opiniones sobre algún asunto que, a su juicio, exija deliberaciones previas.
La participación en la sesión de personas ajenas al Cuerpo se realizará bajo este régimen.
Artículo 91.- La Comisión General será presidida por quien presida la sesión. Tendrá un carácter informativo y expositivo y durante su transcurso no se tomarán decisiones ni se entrará en debate.
Artículo 92.- El Edil o los Ediles convocante/s, tendrá/n derecho a ser el/los primero/s en hacer uso de la palabra, regulándose posteriormente las exposiciones favoreciendo la alternancia de las Bancadas. 
 
CAPÍTULO IV
DE LOS RECURSOS
 
 
Artículo 93.- Los recursos que se interpongan ante la Junta Departamental de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Municipal, serán resueltos previa intervención de la/s Comisión/es correspondiente/s.
Artículo 94.- Interpuesto un recurso, el Secretario anotará al pie del escrito la fecha y hora de recepción del mismo, dando al recurrente recibo de la pieza.
Artículo 95.- Entrado un recurso, el Secretario dará cuenta al Presidente de la Junta Departamental inmediatamente, bajo su máxima responsabilidad.
CAPÍTULO V
DE LOS PROYECTOS Y ASUNTOS 
 
A. De la forma de ser presentados
Artículo 96.- A excepción de las cuestiones de orden, de las previas, artículos o enmiendas propuestas durante la discusión de un proyecto o modificaciones simples relativas a expedientes y economía interna de la Junta Departamental, toda moción presentada por un Edil, deberá ser redactada en forma de Proyecto de Decreto, de Resolución o de Comunicación.
Artículo 97.- Llevará la forma de Proyecto de Decreto toda moción tendiente a establecer, explicar, reformar, abolir o suspender una norma general obligatoria.
Artículo 98.- Llevará la forma de Resolución toda moción cuyo objeto sea un caso especial que involucre a uno o más individuos determinados.
Artículo 99.- Llevará la forma de Comunicación toda moción o proposición que tenga por objeto dirigir a alguien alguna comunicación o mensaje.
Artículo 100.- Ningún Proyecto de Decreto será motivado en su parte dispositiva.
Artículo 101.- Los proyectos serán presentados por escrito y redactados en la forma correspondiente, debiendo ser suscritos por su autor o autores si se presentan en forma colectiva. En el caso de las mociones, cuando a criterio de la Mesa éstas no hayan quedado claras o exijan alguna corrección en su redacción, a efectos de perfeccionarlas el Presidente podrá establecer un cuarto intermedio, para pedir a los mocionantes que se acerquen a la Mesa con esa finalidad.
Artículo 102.- Las mociones relacionadas con la excepción establecida en el Art. 38, pueden hacerse por escrito o de palabra, pero en este último caso se dictarán al Secretario para que las escriba y una vez redactadas se les dará lectura, a efectos de ponerlas a consideración de la Junta Departamental.
Artículo 103.- No se admitirá proyecto alguno que no se refiera al ejercicio de alguna de las atribuciones de la Junta Departamental.
Artículo 104.- Cuando un Asunto sea votado negativamente y no se pida su reconsideración en tiempo y forma, el mismo no podrá volver a ser presentado a consideración del Cuerpo hasta transcurridos doce meses. 
 
B. Del ingreso y trámite
Artículo 105.- Entrado un proyecto o asunto, la Mesa ordenará el repartido, archivo o pase a Sala del mismo según corresponda. En el primer caso, se dispondrá el pase de la carpeta original y antecedentes a la Comisión o Comisiones que deban entender en el mismo.
Artículo 106.- La Junta Departamental podrá rectificar el destino dado por la Mesa a cualquier proyecto o asunto.
Artículo 107.- Si hubiese duda de parte de la Mesa sobre a qué Comisión corresponde pasar un proyecto o asunto, se solicitará la opinión de la Comisión de Legislación y Régimen a fin de que aconseje el trámite a seguir.
Artículo 108.- Todo proyecto podrá ser retirado por su autor o autores antes de haber ingresado al Orden del Día; una vez ingresado a éste sólo podrá hacerse con el consentimiento de la Junta Departamental.
Artículo 109.- Todo proyecto o asunto a estudio de una o más Comisiones deberá ser despachado en el tiempo establecido en el Art. 195.
Artículo 110.- Luego de informado el proyecto o asunto por la Comisión, la Secretaría dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 21.
CAPITULO VI
DE LOS PRESUPUESTOS Y RENDICIONES DE CUENTAS
 
A. De los Presupuestos Quinquenales de la Intendencia Municipal
Artículo 111.- La Junta Departamental recibirá del Intendente el Proyecto de Presupuesto Departamental que regirá para su período de Gobierno  dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
Artículo 112.- El Proyecto de Presupuesto remitido por el Intendente será entregado a los Ediles y a la Comisión de Hacienda dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de entrada. En caso de que el proyecto contenga modificaciones al vigente, se entregará también una copia del mismo.
Artículo 113.- La Junta Departamental considerará el Proyecto de Presupuesto preparado por el Intendente dentro de los cuatro meses de su presentación. Se deberán tener en cuenta los veinte días que exige el Tribunal de Cuentas para emitir su dictamen.
Artículo 114.- La Junta Departamental podrá recibir del Intendente, amparado en el Art. 222 de la Constitución de la República, mensajes complementarios o sustitutivos dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a la Junta Departamental.
Artículo 115.- La Comisión de Hacienda deberá tener en cuenta el plazo establecido en el artículo anterior para realizar propuestas al Intendente, para que éste de acuerdo a sus facultades, las remita o no en mensaje complementario o sustitutivo. Las distintas Bancadas podrán remitirle sus propuestas por escrito a la Comisión en un plazo no mayor a los diez días a partir de la primera entrada del proyecto para que ésta realice las gestiones pertinentes.
Artículo 116.- Todas las propuestas modificativas que no necesiten iniciativa del Intendente podrán ser presentadas a la Comisión en cualquier momento en que se realice el estudio del Presupuesto y estarán contenidas en el informe que presentará la Comisión al Cuerpo.
Artículo 117.- La Junta Departamental podrá modificar los Proyectos de Presupuesto sólo para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Artículo 118.- La Comisión de Hacienda deberá devolver el expediente con su respectivo informe a la Mesa, en un plazo no mayor a los setenta y cinco días calendario posteriores a la fecha de su presentación en la Junta Departamental.
El proyecto será incluido en el siguiente Orden del Día como primer punto a tratar haciéndose llegar a los Ediles el informe de la Comisión.
Artículo 119.- La discusión y votación del proyecto se regirá por lo establecido en el presente Reglamento en su Capítulo III, dejándose constancia del resultado numérico de las votaciones para ser remitidas al Tribunal de Cuentas.
Artículo 120.- Luego de votado el proyecto se remitirá al Tribunal de Cuentas para que emita su dictamen, y lo devuelva a la Junta Departamental dentro del plazo establecido por la Constitución de la República para su sanción definitiva.
Artículo 121.- Una vez recibido el dictamen del Tribunal de Cuentas, éste será repartido a los Ediles, convocándose a la Junta Departamental para su tratamiento dentro del plazo establecido por la Constitución de la República, o incorporándose el tema como urgente a la sesión ya convocada si el plazo lo permitiese.
Artículo 122.- En ningún caso la Junta Departamental podrá introducir modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal de Cuentas, salvo las que éste indique.
Artículo 123.- Una vez reunida la Junta Departamental en sesión para su tratamiento, la Mesa pondrá a consideración del Cuerpo el dictamen del Tribunal de Cuentas, quien solo podrá formular observaciones sobre error de cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de las disposiciones constitucionales o leyes aplicables.
Artículo 124.- En la sesión mencionada en el artículo anterior, podrán hacer uso de la palabra los Ediles solo para hacer referencia al dictamen en tratamiento, rigiéndose en su discusión por lo establecido en el Capítulo III.
Si la sesión se realizara el día del vencimiento del plazo establecido en la Constitución de la República, el Presidente procederá a dar por finalizado el debate una hora antes de dicho vencimiento, habilitando el uso de la palabra por diez minutos sin derecho a prórroga, a un Edil designado por cada Bancada.
En el caso de que la Junta Departamental cuente con más de tres Bancadas, el horario previsto para la finalización se adelantará diez minutos por cada una de ellas.
Artículo 125.- Si la Junta Departamental aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran éstas, sancionará definitivamente el Presupuesto, devolviéndose lo actuado a la Intendencia Municipal.
En caso de no aceptarse las observaciones formuladas, el Presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el Presupuesto se tendrá por sancionado.
Artículo 126.- Vencido el plazo establecido en el Art. 113 de este Reglamento sin que la Junta Departamental hubiese tomado resolución definitiva, se considerará rechazado el Proyecto de Presupuesto remitido por el Intendente, informándosele, a éste, lo actuado.
En este caso continuará rigiendo el último Presupuesto aprobado. 
 
B. De las Modificaciones Presupuestales de la Intendencia Municipal
Artículo 127.- En los años siguientes a la presentación del Presupuesto Quinquenal, con la excepción establecida en el Art. 229 de la Constitución de la República, el Intendente dentro de los primeros seis meses del ejercicio anual podrá proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.
Artículo 128.- El tratamiento de las Modificaciones Presupuestales será el mismo establecido para el Presupuesto Quinquenal a excepción de lo referido al mensaje complementario que en esta instancia no está previsto. 
 
C. De las Rendiciones de Cuentas de la Intendencia Municipal
Artículo 129.- Dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, la Junta Departamental recibirá del Intendente la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio.
Artículo 130.- Una vez recibida, la Mesa realizará una copia para cada Bancada y una copia para cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
Artículo 131.- La Junta Departamental en la sesión siguiente votará sin discusión, su remisión al Tribunal de Cuentas para que realice el dictamen.
Artículo 132.- Una vez recibido el dictamen del Tribunal de Cuentas, la Mesa realizará el repartido del mismo a los señores Ediles, pasándolo junto con la Rendición de Cuentas, a la Comisión de Hacienda, quien contará con treinta días calendario para su estudio e informe.
Artículo 133.- Producido el informe, la Mesa incluirá el tema para su discusión en el Orden del Día.
Artículo 134.- Una vez tratada en Sala dicha Rendición, aprobada o no, se realizará la devolución de los obrados a la Intendencia Municipal. 
 
D. Del Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental
Artículo 135.- Dentro de los cinco primeros meses de cada período de Gobierno, la Junta Departamental aprobará su Presupuesto de Sueldos y Gastos, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas y al Intendente.
Artículo 136.- La Comisión de Asuntos Internos y Cuentas dentro de los primeros ciento veinte días calendario elaborará el Presupuesto, atendiendo lo presentado por el Presidente sobre gastos de funcionamiento administrativo.
Artículo 137.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior se procederá a su repartido, incluyendo el proyecto en el siguiente Orden del Día.
Artículo 138.- Su discusión y votación se regirá por lo establecido en el presente Reglamento en su Capítulo III, remitiéndose una vez aprobado, al Tribunal de Cuentas y a la Intendencia Municipal.
Artículo 139.- Una vez recibido el dictamen del Tribunal de Cuentas, la Mesa realizará el correspondiente repartido y  lo incluirá en el siguiente Orden del Día para su tratamiento.
Artículo 140.- Si la Junta Departamental aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran éstas, sancionará definitivamente el Presupuesto, comunicándolo a la Intendencia Municipal.
Artículo 141.- En caso de no aceptarse las observaciones formuladas, el Presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, se tendrá por sancionado. Una vez recibida la comunicación de la Asamblea General, ésta será puesta en conocimiento de la Intendencia Municipal. 
 
E. De las Modificaciones Presupuestales de la Junta Departamental
Artículo 142.- En los años siguientes a la presentación del Presupuesto Quinquenal, con la excepción establecida en el Art. 229 de la Constitución de la República, la Junta Departamental podrá aprobar las modificaciones presupuestales que estime indispensables dentro de los cinco primeros meses del año. Se deberá tener en cuenta el plazo que exige el Tribunal de Cuentas para realizar su dictamen (veinte días).
Artículo 143.- La Comisión de Asuntos Internos y Cuentas elaborará el proyecto de Modificación Presupuestal que deberá ser presentado dentro de los primeros tres meses del año.
Artículo 144.- La Mesa repartirá el Proyecto elaborado a los señores Ediles y lo incluirá en el siguiente Orden del Día.
Artículo 145.- Su discusión y votación se regirá por lo establecido en el presente Reglamento en su Capítulo III, dejándose constancia del resultado numérico de las votaciones para ser remitidas al Tribunal de Cuentas.
Artículo 146.- Una vez recibido el dictamen del Tribunal de Cuentas, la Mesa realizará el correspondiente repartido y  lo incluirá en el siguiente Orden del Día para su tratamiento.
Artículo 147.- Si la Junta Departamental aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran éstas, sancionará definitivamente la Modificación Presupuestal, comunicándolo a la Intendencia Municipal.
Artículo 148.- En caso de no aceptarse las observaciones formuladas, la Modificación Presupuestal se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, la misma se tendrá por sancionada, comunicándolo a la Intendencia Municipal. Una vez recibida la comunicación de la Asamblea General, ésta será puesta en conocimiento de la Intendencia Municipal. 
 
F. De las Rendiciones de Cuentas de la Junta Departamental
Artículo 149.- Dentro de los cuatro meses de vencido el ejercicio anual, la Mesa pondrá a consideración de la Junta Departamental la Rendición de Cuentas, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas y a la Intendencia Municipal.
Artículo 150.- Una vez recibido el dictamen del Tribunal, pasará a la Comisión de Asuntos Internos y Cuentas, que contará con treinta días calendario para realizar el informe.
Artículo 151.- Producido el informe de la Comisión, la Mesa lo incluirá en el siguiente Orden del Día, para su tratamiento.
 
CAPÍTULO VII
DE LOS PEDIDOS DE INFORMES
 
 
Artículo 152.- Todo Miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para cumplir su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, que lo remitirá de inmediato al Intendente; la respuesta se enviará exclusivamente al Edil peticionante.
Si el Intendente no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el Edil podrá solicitarlo por intermedio de la Junta Departamental. 

 
CAPÍTULO VIII
DE LOS LLAMADOS A SALA
 
Artículo 153.- La Junta Departamental tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus Miembros, de hacer venir a Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.
Los llamados a Sala se desarrollarán en régimen de Comisión General. 
 
CAPÍTULO IX
DE LAS SESIONES SECRETAS
 
Artículo 154.- La sesión secreta será siempre una sesión extraordinaria. La forma y los plazos para ser convocada será el de las sesiones extraordinarias. (Art. 18)
Artículo 155.- Reunida la Junta Departamental en sesión secreta, lo hará con sus Miembros, Secretaría y Taquígrafos. El Intendente podrá asistir si así lo solicita a la Secretaría o al Sr. Presidente. Se cerrarán las barras, los micrófonos y las grabaciones mientras dure la discusión, debiéndose solicitar al Presidente el retiro de Sala, y será éste quien autorice el régimen de entrada de suplentes. Antes de proceder a la votación final de la o las mociones el Presidente deberá llamar a Sala para lograr el mayor quórum posible, mediante la presencia de los Ediles que participaron de la sesión.
Artículo 156.- Si el asunto a tratar en reunión secreta integrara el Orden del Día de una sesión ordinaria, al llegar al punto se procederá según el artículo anterior.
Artículo 157.- Si durante el tratamiento de un asunto común la Junta Departamental por mayoría simple lo considera que debe continuar en régimen de sesión secreta, se procederá según el Art. 155.
Artículo 158.- Antes de levantarse la sesión secreta o de finalizar el tratamiento del punto del Orden del Día en ese régimen, la Junta decidirá si se dará a publicidad el Acta.
Artículo 159.- La Junta Departamental será quien dispondrá la apertura de un Acta secreta por mayoría simple de votos.
Artículo 160.- Toda vez que la Junta Departamental disponga la apertura de un Acta secreta, ésta se abrirá en régimen de sesión secreta y luego de ser tratada, se volverá a cerrar lacrando el sobre, dejándola dentro del sobre que la contenía, estableciendo en el nuevo la misma nota del anterior, con expresión del año, mes y día en que se hizo la apertura, al pie de la cual firmarán el Presidente y el Secretario.
Artículo 161.- No se podrá cambiar el destino de un Acta secreta en una reapertura.
Artículo 162.- Se tratará en sesión secreta todo pedido de venia para destituir empleados. Vuelto a sesión pública, el Presidente anunciará simplemente si la venia ha sido concedida o no.
Artículo 163.- Las Actas secretas podrán dejar de serlo solamente a partir de la próxima legislatura y por 2/3 de votos del total de componentes de la Junta Departamental.
 
CAPÍTULO X
DEL ORDEN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
 
Artículo 164.- Nadie podrá entrar armado a la Junta Departamental.
Artículo 165.- Solamente podrán entrar a la Sala de Sesiones, estando la Junta Departamental en sesión, los Ediles, el Intendente, el Secretario y los funcionarios de la Junta Departamental que el Presidente estime necesarios, quedando éstos a las órdenes de la Mesa.
Artículo 166.- Queda prohibido a todo asistente a la Barra cualquier demostración o señal de aprobación o reprobación a lo debatido o resuelto.
Artículo 167.- El Presidente hará retirar de la Barra, a toda persona que infrinja lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 168.- En cualquier caso de desorden de la Barra, el Presidente podrá hacerla desalojar.
Artículo 169.- El Presidente podrá suspender la sesión mientras se despeje la Barra.
Artículo 170.- En caso que deba solicitarse el auxilio de la fuerza pública, ésta estará a las órdenes del Presidente de la Junta Departamental.
Artículo 171.- Es libre la asistencia del público a la Barra y de los periodistas al palco de prensa.
Artículo 172.- Será de incumbencia de los funcionarios atender el servicio interior de la Sala, comunicando las órdenes del Presidente, enterando a éste de las comunicaciones que lleguen en el momento y facilitando a los Ediles lo que se les ofrezca durante la sesión.
Artículo 173.- Queda prohibido el uso de teléfonos dentro de Sala.
 
CAPÍTULO XI
DEL PRESIDENTE Y LOS VICES
 
Artículo 174.- El Presidente es el representante oficial de la Junta Departamental pero no podrá contestar ni comunicar a nombre de ella, sin previo acuerdo de sus integrantes.
Artículo 175.- Serán sus atribuciones:
1. Observar y hacer observar escrupulosamente el presente Reglamento.
2. Abrir y levantar las sesiones cuando corresponda.
3. Dirigir el debate de acuerdo con las disposiciones establecidas en este Reglamento para la discusión de los asuntos.
4. Fijar el Orden del Día, respetando las determinaciones de la Junta Departamental si las hubiera.
5. Anunciar el resultado de las votaciones y proclamar las decisiones de la Junta Departamental.
6. Llamar al orden a los Ediles y proponer si lo estima oportuno, la clausura del debate, lo que se votará de inmediato y sin discusión.
7. Suspender la sesión y levantarla si fuere preciso para el mantenimiento del orden.
8. Disponer lo conveniente para el mejor orden y servicio tanto de la Secretaría como de la Junta Departamental.
9. Proyectar el Presupuesto Anual de Secretaría.
10. Firmar conjuntamente con el Secretario las Actas, órdenes de pago, cheques, correspondencia oficial y demás documentación que le corresponda en representación de la Junta.
11. Adoptar cuando no sea posible reunir la Junta, resoluciones de carácter urgente dando cuenta a aquella en la primera sesión inmediata.
12. Rechazar lo que considere inadmisible, dando cuenta a la Junta Departamental en la primera sesión inmediata.
13. Requerir de los Poderes Públicos, de sus dependencias y de las reparticiones de la Intendencia Municipal, los datos, informes o antecedentes necesarios para el despacho de los asuntos por parte de la Junta Departamental o de las Comisiones.
14. Proponer a la Junta Departamental los ascensos del personal de Secretaría, teniendo en cuenta la antigüedad, conducta e idoneidad de los funcionarios.
15. Aplicar sanciones disciplinarias a los empleados dependientes de Secretaría, de acuerdo con los Reglamentos vigentes, dando cuenta a la Junta Departamental.
16. Advertir a los Ediles sus inasistencias.
Artículo 176.- Cuando el Presidente desee tomar parte en alguna discusión o presentar algún proyecto dejará su puesto al Vice que corresponda, y en defecto de éste, al Edil que designe la Corporación, pudiendo desde la Presidencia formular observaciones o emitir opiniones en forma breve y mientras cuente con el asentimiento de la Junta Departamental.
Artículo 177.- El Presidente será Miembro nato de todas las Comisiones, en las que tendrá voz y no voto, excepto en la de Asuntos Internos y Cuentas, de la cual será uno de sus Miembros.
Artículo 178.- Sólo el Presidente puede hablar en nombre de la Junta Departamental, salvo que ésta disponga que lo haga otro de sus Miembros.
Artículo 179.- Cuando el Presidente tenga que dar cuenta a la Junta Departamental de lo que haya dispuesto en virtud de la facultad que le confieren los Numerales 11 y 12 del Art. 175, como asimismo cuando deba enterar a la Corporación de asuntos que reclamen urgente resolución o de aquellos que por su naturaleza tengan carácter de reservados, lo hará al comienzo de la sesión.
Artículo 180.- Suplirá al Presidente el Primer Vicepresidente y a éste el Segundo Vicepresidente. Faltando los tres será designado un Presidente ad-hoc por mayoría de presentes.
 
CAPÍTULO XII
DE LA SECRETARÍA
 
Artículo 181.- El Secretario depende directamente del Presidente o Vice en ejercicio, pero las sanciones disciplinarias que pudiere merecer, sólo le serán aplicadas por la Junta Departamental.
Artículo 182.- El Secretario es el Jefe de la Secretaría, y tiene la responsabilidad de Jefe de Personal, bajo la directiva del Presidente.
Artículo 183.- Serán sus deberes:
1. Leer todos los asuntos que corresponda en cada sesión.
2. Firmar con el Presidente las Actas, la correspondencia, cheques y todos los asuntos resueltos por la Junta Departamental, pudiendo delegar estas tareas en el Prosecretario si lo hubiere o en el funcionario especialmente designado por el Presidente a esos efectos.
3. Llevar un registro de la entrada, trámite, resolución y destino de los asuntos presentados al Cuerpo.
4. Proceder al pago de viáticos de los señores Ediles, suministros y demás gastos autorizados por la Presidencia.
5. Contando con el apoyo de Asesoría Contable será responsable por: las entradas y salidas de fondos, estados de cuentas y todo lo concerniente a la administración de los dineros propios de la Junta Departamental. Presentará cuando se le solicite, un balance de fondos a la Junta Departamental y formulará anualmente la Rendición de Cuentas en la fecha que corresponda para la remisión establecida en el Art. 149.
6. Remitir los asuntos para su informe a las Comisiones que corresponda, llevando un registro al respecto, en el que constará su pase y devolución.
7. Llevar las carpetas de los Expedientes tramitados y/o archivados.
8. Efectuar el escrutinio de los votos nominales emitidos por los Ediles en las sesiones y comunicar su resultado al Presidente.
9. Asistir a las sesiones de la Junta Departamental y estar obligado a guardar secreto cuando así lo resuelva la Corporación.
10. Formular el Orden del Día según las instrucciones que reciba del Presidente o de acuerdo a las decisiones de la Junta Departamental.
11. Dar curso a los Asuntos Entrados y confeccionar la nómina de los mismos para su consideración.
12. Cursar las citaciones para el funcionamiento de las diversas Comisiones.
13. Dirigir y distribuir las tareas de las distintas oficinas.
14. Comunicar después de cada sesión a los Ediles titulares y al primer suplente, las resoluciones recaídas en los asuntos tratados por el Cuerpo. Esa comunicación también se distribuirá entre la prensa del Departamento.
15. Ejecutar las tareas y órdenes establecidas en este Reglamento y las que le encomiende el Presidente para abreviar trámites.
16. Atender las solicitudes efectuadas por los señores Ediles para el mejor desempeño de su función.
17. En las Actas, establecer invariablemente la fecha y hora de apertura y cierre de la sesión, nombre de los Ediles asistentes y del que preside, de los inasistentes con aviso, sin aviso o con licencia; los reparos, correcciones y aprobación del Acta anterior y lo que establece el Art.183 Num. 9 cuando corresponda. Luego por su orden, las resoluciones que se adopten.
18. Consignará el momento de entrada de los Ediles cuando lo hagan después de iniciada la sesión y el de su retiro, si se produce antes de finalizado el acto.
19. Cuidar de la impresión de las publicaciones que se autoricen, tratando de que se expresen fielmente las determinaciones de la Junta Departamental, y encargarse de la encuadernación de las Actas, Resoluciones y Oficios y la confección de los Digestos.
20. No recibirá asuntos que por su índole previamente deban tramitarse por las dependencias de la Intendencia Municipal.
CAPÍTULO XIII
DE LAS COMISIONES
 
A. Definición
Artículo 184.- Las Comisiones asesoras de la Junta Departamental de Colonia serán de tres categorías: Permanentes, Especiales y Pre Investigadoras o Investigadoras.
Las Comisiones Permanentes son aquellas cuyos cometidos generales se determinan en el artículo siguiente.
Las Comisiones Especiales son las que se designan para un cometido en particular, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 186 del presente Reglamento.
Las Comisiones Pre Investigadoras o Investigadoras, se designarán de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 187 del presente Reglamento.
Las Comisiones funcionarán convocadas por la Secretaría de la Junta Departamental.
Las Comisiones, cualquiera sea su naturaleza, que concurran a alguna actividad fuera del recinto de la Junta, deberán presentar al Cuerpo un informe de lo actuado en la sesión ordinaria siguiente al evento.
Los Ediles que representen a la Junta Departamental en Comisiones externas, deberán presentar al Cuerpo dos informes: uno de forma sucinta sobre lo actuado en cada una de las reuniones que se realizan y otro finalizado el período de la designación, debiendo contener una recopilación de las actuaciones y comentarios que se estimen pertinentes.
NOTA: Artículo MODIFICADO según la redacción dada por el Decreto del 06/03/2009 (se agregan los dos últimos parágrafos).
 
B. Comisiones Permanentes
Artículo 185.- La Junta Departamental tendrá las Comisiones Permanentes que se mencionan en el presente artículo.
Se compondrán de siete Miembros designados por las Bancadas, correspondiendo cuatro cargos a la mayoría, distribuyéndose los restantes en forma proporcional al número de bancas que correspondan en el Cuerpo.
Sus cometidos serán los expedientes que se le asignen así como toda la temática relacionada con las facultades que se expresan en las disposiciones siguientes:
1) ASUNTOS INTERNOS Y CUENTAS: entenderá en cuestiones sobre funcionamiento de la Corporación y de orden interno; conservación, mantenimiento y mejoras edilicias de la Corporación; examen y contralor de cuentas de la Junta Departamental, elaboración del Presupuesto de Sueldos y Gastos, y cumplimiento del mismo; autorizaciones extrapresupuestales, asuntos disciplinarios de integrantes de la Corporación cuando la representen en misiones especiales, asuntos internacionales y temas inherentes al Congreso Nacional de Ediles.
NOTA: Inciso MODIFICADO de acuerdo a lo resuelto en la sesión del 07/08/2009 (se agregan las dos últimas temáticas).
2) HACIENDA: entenderá en todo lo relacionado con Presupuestos, impuestos, tasas, tarifas, concesiones, empréstitos, deudas, adquisiciones, enajenaciones y administraciones de los bienes y todo cuanto atañe a la Hacienda Municipal.
3) CONSUMO, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE: entenderá en todo lo relacionado con la higiene pública y privada, y la preservación y regulación del medio ambiente.
4) LEGISLACIÓN Y RÉGIMEN: entenderá en todo lo relacionado al Estatuto Jurídico del Gobierno Departamental, relaciones con otras autoridades y poderes, salidas del dominio municipal, fraccionamientos, integración de las Juntas Locales, aplicación de políticas de descentralización de acuerdo a las leyes vigentes, suspensión o destitución de empleados, recursos interpuestos por éstos o por particulares, interpretación del presente Reglamento y normas municipales, aspectos legales y reglamentarios de los usufructos, comodatos y concesiones por parte de la Intendencia Municipal, así como todo lo que tenga relación con esta materia.
5) ASISTENCIA SOCIAL, ASUNTOS LABORALES, DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO Y EQUIDAD: entenderá sobre vivienda popular, protección a la infancia, género y equidad, enfermos y tercera edad, derecho al trabajo, represión de vicios, policía de costumbres, fuentes de trabajo, asuntos laborales y protección de derechos y garantías amparadas por la Constitución, así como todo lo que tenga relación con la materia del rubro.
6) TRÁNSITO Y TRANSPORTE: entenderá en todo lo relacionado con disposiciones reguladoras del tránsito de vehículos y de peatones, transporte colectivo de pasajeros, regulación de la actividad privada de interés público: taxímetros, remises, ambulancias, transportes escolares, de turismo y de fleteros, así como todo cuanto tenga relación con la materia del rubro.
7) OBRAS PÚBLICAS: entenderá en todo lo relacionado con calles, caminos, plazas, parques, playas, edificios, planes de ordenamiento territorial, estadísticas y todo cuanto se refiera a vialidad, obras y urbanismo.
8) TURISMO Y ASUNTOS ECONÓMICOS: entenderá en todo lo relacionado con turismo, comercio, industria, ahorro, créditos y demás ramos de la actividad económica y turística.
9) CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD: entenderá en todo lo relacionado con educación e instrucción primaria, secundaria, técnica y terciaria, bibliotecas, espectáculos públicos y declaraciones de Interés Departamental, denominación de vías y espacios de uso público, instalación de monumentos, estatuas y similares en espacios públicos, deportes, juventud y todo lo que tenga relación con dichas áreas.
10) GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA: entenderá en el fomento de la producción agropecuaria, lucha contra las plagas que afectan la ganadería y la agricultura, colonización y asuntos relacionados con la pesca. 
 
C. Comisiones Especiales
Artículo 186.- La Junta Departamental podrá por mayoría simple de votos, crear Comisiones Especiales para informar sobre asuntos determinados, fijándoles en cada caso el plazo en que deberán presentar su dictamen, pudiendo si fuera necesario solicitar prórroga.
Se integrarán por lo menos con un Edil por Bancada. 
 
D. Comisiones Pre Investigadoras o Investigadoras
Artículo 187.- La Junta Departamental podrá nombrar Comisiones de Investigación (Art. 286 de la Constitución). Las Comisiones Investigadoras podrán también ser nombradas previo informe de una Comisión Pre Investigadora, designada para que declare si corresponde o no su nombramiento. Corresponderá proceder de ese modo cuando un Edil lo solicite, debiendo presentarse por escrito al Presidente, quien nombrará una Comisión Pre Investigadora, que se constituirá de inmediato a efectos de recibir del proponente la exposición correspondiente, con la articulación de sus denuncias bajo su firma. Si la Comisión Pre Investigadora le solicitase ampliación de sus manifestaciones, las ampliará verbalmente, labrándose un Acta que firmarán los Miembros de la Comisión y el denunciante. La Comisión Pre Investigadora prevista en este inciso constará de un Miembro por Bancada; deberá expedirse dentro de las cuarenta y ocho horas y su cometido se concretará a informar sobre los siguientes puntos:
1) entidad de la denuncia;
2) seriedad de su origen;
3) oportunidad y procedencia de una investigación.
El o los informes serán entregados al Presidente y el asunto se incluirá en el primer numeral del Orden del Día de la primera sesión que se realice, sin perjuicio de que la Junta Departamental por mayoría absoluta, resuelva por moción que no se discute, tratarlo en otra fecha determinada. Si hubiera varias mociones, se votarán por orden de presentación a la Mesa. Si la Comisión por unanimidad formase criterio adverso a la investigación, llamará al mocionante y se lo hará saber. En este caso el asunto no se llevará a la Junta Departamental.
Si la mayoría de la Comisión hubiera formado criterio adverso, informará al denunciante y le pedirá que ratifique o retire sus denuncias. En el último caso el asunto no será llevado a la consideración del Cuerpo. Si el Edil ratificase sus denuncias, la Junta Departamental se constituirá en Comisión General en la primera sesión siguiente a estas actuaciones, al sólo efecto de conocer las mismas y tratará el punto en la fecha y numeral que disponga la mayoría absoluta de sus Miembros.
 
E. Disposiciones generales y de procedimiento
Artículo 188.- Las Comisiones Permanentes, constituidas según lo establecido en el Art. 15 de este Reglamento, estarán integradas por Ediles titulares los que podrán ser sustituidos en caso de inasistencia o ausencia, en forma automática por el Edil suplente designado por cada Bancada con la anuencia del titular. El Edil suplente de cada Comisión podrá tener la calidad de titular o suplente en la Junta Departamental.
Artículo 189.- Las Comisiones designarán de su seno un Presidente que deberá tener la calidad de titular de la Junta Departamental.
La Secretaría de Actas será desempeñada por un funcionario de la Junta Departamental que proporcionará a sus Miembros la asistencia necesaria para el desarrollo de su trabajo y mantendrá al día el registro de asuntos que estén siendo tratados por las mismas. Podrán ser asistidas por taquígrafos cuando se considere necesario.
Artículo 190.- Las Comisiones se asesorarán en la forma que lo estimen pertinente, pudiendo invitar por medio de Secretaría General a funcionarios y/o particulares para que concurran a sus reuniones.
Artículo 191.- Las Comisiones se reunirán en días y horas que ellas fijen en coordinación con la Mesa de la Junta Departamental, evitando en lo posible la superposición en el funcionamiento de las mismas.
Artículo 192.- Las Comisiones se reunirán en el recinto de la Junta Departamental. En caso de hacerlo fuera del mismo, deberán solicitar autorización al Cuerpo con exposición de motivos. En caso de urgencia podrán hacerlo con anuencia de la Presidencia, dando cuenta al Cuerpo en la primera sesión ordinaria siguiente.
Artículo 193.- Las invitaciones recibidas por las Comisiones para concurrir a reuniones, eventos, congresos, etc. deberán ser elevadas a consideración y resolución del Cuerpo.
Artículo 194.- A los efectos de la constitución del quórum, las Comisiones Permanentes deberán funcionar con la mayoría de sus integrantes, siendo uno de ellos un representante de la minoría. También formará quórum un integrante de cada Bancada, pero en este caso será para tratar expedientes.
Artículo 195.- Pasados treinta minutos de la hora fijada para el inicio de la reunión y faltando el quórum requerido para funcionar, los Ediles presentes podrán solicitar al Presidente o a quien haga sus veces levantar la misma dejando constancia en Acta de los asistentes.
Artículo 196.- Los asuntos cometidos a estudio de las Comisiones con excepción de aquellos cuyos plazos ya se encuentran establecidos en la Constitución de la República, Ley Orgánica Municipal y Ordenanzas del Tribunal de Cuentas, deberán ser despachados dentro de los que se establecen a continuación, contados desde la fecha en que el asunto pasó a Comisión y salvo resolución expresa de la Junta Departamental en otro sentido:
a) Veinte días para los asuntos enviados por la Intendencia Municipal, con las excepciones establecidas en el Capítulo VI.
b) Treinta días para los asuntos de carácter general.
Una vez informado un asunto será incluido en el próximo Orden del Día a tratar.
Los plazos sólo podrán prorrogarse mediante solicitud de la Comisión respectiva previa al vencimiento del mismo, la que deberá ser tratada por el Cuerpo.
Vencidos los plazos mencionados anteriormente, la Mesa de la Junta Departamental retirará el o los expedientes que no hayan sido tratados e informados, ingresándolos al Orden del Día.
Artículo 197.- Las solicitudes que las Comisiones planteen al Cuerpo serán dadas a conocer a través de Asuntos Entrados o verbalmente a la Mesa haciendo mención expresa al Art. 37 de este Reglamento, antes de entrar al Orden del Día, pudiendo la Corporación en el primer caso si lo estima pertinente, solicitar su lectura y/o consideración en la sesión.
Artículo 198.- Los informes elaborados tanto en mayoría como en minoría serán presentados únicamente en el seno de la Comisión.
Artículo 199.- Ninguna Comisión podrá dar informes a la prensa del resultado de sus estudios o gestiones antes de que tome conocimiento la Junta Departamental. En casos excepcionales podrá hacerlo con anuencia del Presidente dando cuenta al Cuerpo en la próxima sesión. 
 
CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES GENERALES
 
 
Artículo 200.- El Presidente y los Miembros de la Junta Departamental no podrán ser recusados sino en los casos previstos por la ley, procediendo la excusación sólo cuando ellos mismos espontáneamente la soliciten.
Artículo 201.- Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presentes en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, estuvieran interesados.
Artículo 202.- Los Ediles no podrán tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los Municipios.
Artículo 203.- Los Ediles podrán hacer el uso que juzguen conveniente de las manifestaciones que se hagan en el transcurso de las sesiones, si no media resolución de la Junta Departamental de guardar reserva sobre lo tratado.
Artículo 204.- El Edil que desee hacer uso de licencia notificará al Presidente por escrito y éste a su vez en la sesión inmediata lo informará al Cuerpo.
También podrá comunicarlo directamente a la Mesa antes de ingresar al Orden del Día.
Artículo 205.- El ingreso de nuevos funcionarios se hará por concurso de Oposición y Méritos, siendo la Comisión de Asuntos Internos y Cuentas la que se ocupe del tema.
Artículo 206.- Del presente Reglamento se imprimirán los ejemplares necesarios.
Artículo 207.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Artículo 208.- Comuníquese, e insértese en el Libro de Decretos de la Junta Departamental. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
  
JORGE GÓMEZ, Presidente.

NELSON OYOLA, Secretario General.
 
Constitución de 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004.
  

SECCION I
DE LA NACIÓN Y SU SOBERANIA
 
CAPITULO I

Artículo 1º.- La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio.
Artículo 2º.- Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero.
Artículo 3º.- Jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna.

CAPITULO II

Artículo 4º.- La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

CAPITULO III

Artículo 5º.- Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones.

CAPITULO IV

Artículo 6º.- En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos.

 
SECCION II
DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO I

Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Artículo 8º.- Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
Artículo 9º.- Se prohíbe la fundación de mayorazgos. Ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni honores o distinciones hereditarias.
Artículo 10.- Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Artículo 11.- El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
Artículo 12.- Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.
Artículo 13.- La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales.
Artículo 14.- No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político.
Artículo 15.- Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.
Artículo 16.- En cualquiera de los casos del artículo anterior, el Juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.
Artículo 17.- En caso de prisión indebida el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el recurso de "habeas corpus", a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el Juez indicado.
Artículo 18.- Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los juicios.
Artículo 19.- Quedan prohibidos los juicios por comisión.
Artículo 20.- Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el que sean tratados en ellas como reos.
Artículo 21.- Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía. La ley proveerá lo conveniente a este respecto.
Artículo 22.- Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas.
Artículo 23.- Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.
Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.
Artículo 25.- Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación.
Artículo 26.- A nadie se le aplicará la pena de muerte.
En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.
Artículo 27.- En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley.
Artículo 28.- Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
Artículo 29.- Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.
Artículo 30.- Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.
Artículo 31.- La seguridad individual no podrá suspenderse sino con la anuencia de la Asamblea General, o estando ésta disuelta o en receso, de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria; y entonces sólo para la aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 17 del artículo 168.
Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.
Artículo 33.- El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.
Artículo 34.- Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa.
Artículo 35.- Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden del magistrado civil según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales casos se le infiera.
Artículo 36.- Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.
Artículo 37.- Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad.
Artículo 38.- Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.
Artículo 39.- Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.

CAPITULO II

Artículo 40.- La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
Artículo 41.- El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los necesiten.
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso.
Artículo 42.- Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él.
La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo.
Artículo 43.- La ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer.
Artículo 44.- El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.
Artículo 45.- Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.
Artículo 46.- El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.
El Estado combatirá por medio de la ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales.
Artículo 47.- La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.
El agua es un recurso natural esencial para la vida.
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
1) La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:

a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.

b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera
prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.

d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.

Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios deberá ser dejada sin efecto.
2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que   forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.

3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
4) La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrán autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.
Artículo 48.- El derecho sucesorio queda garantido dentro de los límites que establezca la ley. La línea recta ascendente y la descendente tendrán un tratamiento preferencial en las leyes impositivas.
Artículo 49.- El "bien de familia", su constitución, conservación, goce y transmisión, serán objeto de una legislación protectora especial.
Artículo 50.- El Estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará preferentemente con este destino el ahorro público.
Toda organización comercial o industrial trustificada estará bajo el contralor del Estado.
Asimismo, el Estado impulsará políticas de descentralización, de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar general.
Artículo 51.- El Estado o los Gobiernos Departamentales, en su caso, condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.
Las concesiones a que se refiere este artículo no podrán darse a perpetuidad en ningún caso.
Artículo 52.- Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores.
Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas.
Artículo 53.- El trabajo está bajo la protección especial de la ley.
Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica.
Artículo 54.- La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y moral.
El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado.
Artículo 55.- La ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo.
Artículo 56.- Toda empresa cuyas características determinen la permanencia del personal en el respectivo establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados, en las condiciones que la ley establecerá.
Artículo 57.- La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica.
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.
Artículo 58.- Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes.
Artículo 59.- La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.
Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes:
A) Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales.
B) Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura.

C) Del Tribunal de Cuentas.
D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos.
E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos.
Artículo 60.- La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente.
Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso cuarto de este artículo.
Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las reglas establecidas en la presente Constitución.
No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios de carácter político o de particular confianza, estatuidos, con esa calidad, por ley aprobada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los que serán designados y podrán ser destituidos por el órgano administrativo correspondiente.
Artículo 61.- Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal y al régimen de licencia anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII.
Artículo 62.- Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes, y mientras no lo hagan regirán para ellos las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios públicos.
A los efectos de declarar la amovilidad de sus funcionarios y de calificar los cargos de carácter político o de particular confianza, se requerirán los tres quintos del total de componentes de la Junta Departamental.
Artículo 63.- Los Entes Autónomos comerciales e industriales proyectarán, dentro del año de promulgada la presente Constitución, el Estatuto para los funcionarios de su dependencia, el cual será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Este Estatuto contendrá las disposiciones conducentes a asegurar el normal funcionamiento de los servicios y las reglas de garantía establecidas en los artículos anteriores para los funcionarios, en lo que fuere conciliable con los fines específicos de cada Ente Autónomo.
Artículo 64.- La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos.
Artículo 65.- La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias.
En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus empleados y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la continuidad de los servicios.
Artículo 66.- Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.
Artículo 67.- Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.
Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Indice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.
Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de:
A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y
B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.
Artículo 68.- Queda garantida la libertad de enseñanza.
La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.
Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.
Artículo 69.- Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.
Artículo 70.- Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.
El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica.
La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones.
Artículo 71.- Declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares.
En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.

CAPITULO III

Artículo 72.- La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.

 
SECCION III
DE LA CIUDADANIA Y DEL SUFRAGIO
 
CAPITULO I

Artículo 73.- Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son naturales o legales.
Artículo 74.- Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico.
Artículo 75.- Tienen derecho a la ciudadanía legal:
A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República.
B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual en el país.
C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes.
La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada.
Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los incisos A) y B) hasta tres años después del otorgamiento de la respectiva carta.
La existencia de cualesquiera de las causales de suspensión a que se refiere el artículo 80, obstará al otorgamiento de la carta de ciudadanía.
Artículo 76.- Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos. Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía.
No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de funciones de profesor en la enseñanza superior.

CAPITULO II

Artículo 77.- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.
El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las bases siguientes:
1º) Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.
2º) Voto secreto y obligatorio. La Ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de esta obligación.
3º) Representación proporcional integral.
4º) Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración. 

Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales, la Corte Electoral. La denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar.
5º) El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral.
6º) Todas las corporaciones de carácter electivo que se designen para intervenir en las cuestiones de sufragio deberán ser elegidas con las garantías consignadas en este artículo.
7º) Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría.
8º) La Ley podrá extender a otras autoridades por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, la prohibición de los numerales 4º y 5º.
9º) La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Presidente y del Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral, a excepción de los referidos en el inciso tercero de este numeral, se realizará el último domingo del mes de octubre cada cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 151. 

Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para el Presidente y Vicepresidente de la República deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político. 

La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales. Las listas de candidatos para los cargos departamentales deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político.
10) Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que correspondan, ni a los Intendentes que renuncien tres meses antes de la elección para poder ser candidatos.
11) El Estado velará por asegurar a los partidos políticos la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los partidos deberán:

a) ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades;

b) dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente.

12) Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Por idéntica mayoría determinará la forma de elegir el candidato de cada partido a la Vicepresidencia de la República y, mientras dicha ley no se dicte, se estará a lo que a este respecto resuelvan los órganos partidarios competentes. Esa ley determinará, además, la forma en que se suplirán las vacantes de candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia que se produzcan luego de su elección y antes de la elección nacional.
Artículo 78.- Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República.
La prueba de la residencia se fundará indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada, y si la justificación fuera satisfactoria para la autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el Registro Cívico, autorizado por la certificación que, a los efectos, le extenderá aquella misma autoridad.

CAPITULO III

Artículo 79.- La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los de Presidente y Vicepresidente de la República, se hará mediante la utilización del lema del partido político. La ley por el voto de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara reglamentará esta disposición.
El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

CAPITULO IV

Artículo 80.- La ciudadanía se suspende:
1º) Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente.
2º) Por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría.
3º) Por no haber cumplido dieciocho años de edad.
4º) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.
5º) Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que determinará la ley sancionada de acuerdo con el numeral 7º del artículo 77.
6º) Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, las contenidas en las Secciones I y II de la presente Constitución.
7º) Por la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 75. Estas dos últimas causales sólo regirán respecto de los ciudadanos legales. El ejercicio del derecho que otorga el artículo 78 se suspende por las causales enumeradas precedentemente.

CAPITULO V

Artículo 81.- La nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico.
La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior.

SECCION IV
DE LA FORMA DE GOBIERNO Y SUS DIFERENTES PODERES
 
CAPITULO UNICO

Artículo 82.- La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana.
Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.

 
SECCION V
DEL PODER LEGISLATIVO
 
CAPITULO I

Artículo 83.- El Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General.
Artículo 84.- Esta se compondrá de dos Cámaras: una de Representantes y otra de Senadores, las que actuarán separada o conjuntamente, según las distintas disposiciones de la presente Constitución.
Artículo 85.- A la Asamblea General compete:
1º) Formar y mandar publicar los Códigos.
2º) Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia y de lo Contencioso Administrativo.
3º) Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior.
4º) Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes.
5º) Aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas que presente el Poder Ejecutivo.
6º) Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
7º) Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.
8º) Designar todos los años la fuerza armada necesaria. Los efectivos militares sólo podrán ser aumentados por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
9º)Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos; establecer aduanas y derechos de exportación e importación aplicándose, en cuanto a estos últimos, lo dispuesto en el artículo 87; así como declarar de interés nacional zonas turísticas, que serán atendidas por el Ministerio respectivo.
10) Justificar el peso, ley y valor de las monedas; fijar el tipo y denominación de las mismas, y arreglar el sistema de pesas y medidas.
11) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran al solo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo.
12) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando, para este caso, el tiempo de su regreso a ella.
13) Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus dotaciones o retiros; y aprobar, reprobar o disminuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo, acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores públicos a los grandes servicios.
14) Conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, y acordar amnistías en casos extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
15) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben reunirse.
16) Elegir el lugar en que deban residir las primeras autoridades de la Nación.
17) Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
18) Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las Secciones respectivas.
19) Juzgar políticamente la conducta de los Ministros de Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección VIII.
20) Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los artículos 256 a 261.
Artículo 86.- La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.
Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.
Artículo 87.- Para sancionar impuestos se necesitará el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

CAPITULO II

Artículo 88.- La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país.
No podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos.
Corresponderán a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos.
El número de Representantes podrá ser modificado por la Ley la que requerirá para su sanción, dos tercios de votos del total de los componentes de cada Cámara.
Artículo 89.- Los Representantes durarán cinco años en sus funciones y su elección se efectuará con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio se establecen en la Sección III.
Artículo 90.- Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cinco años de ejercicio, y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.
Artículo 91.- No pueden ser Representantes:
1º) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los miembros del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Electoral, de los Consejos o Directorios o los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales y los Intendentes.
2º) Los empleados militares o civiles dependientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del de Cuentas, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, por servicios a sueldo, con excepción de los retirados o jubilados. Esta disposición no rige para los que desempeñen cargos universitarios docentes o universitarios técnicos con funciones docentes; pero si el elegido opta por continuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure su mandato. Los militares que renuncien al destino y al sueldo para ingresar al Cuerpo Legislativo, conservarán el grado, pero mientras duren sus funciones legislativas no podrán ser ascendidos, estarán exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan desempeñando funciones legislativas a los efectos de la antigüedad para el ascenso.
Artículo 92.- No pueden ser candidatos a Representantes el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquél, cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo o discontinuo. Tampoco podrán serlo los Jueces y Fiscales Letrados, ni los Intendentes, ni los funcionarios policiales en los Departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral.
Para los Consejeros y Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto en el artículo 201.
Artículo 93.- Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

CAPITULO III

Artículo 94.- La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción electoral, conforme con las garantías y las normas que para el sufragio se establecen en la Sección lII y a lo que expresan los artículos siguientes.
Será integrada, además, con el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la de la Asamblea General.
Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la Presidencia de la República o en caso de vacancia definitiva o temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el primer titular de la lista más votada del lema más votado y, de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado.
Artículo 95.- Los Senadores serán elegidos por el sistema de representación proporcional integral.
Artículo 96.- La distribución de los cargos de Senadores obtenidos por diferentes sublemas dentro del mismo lema partidario, se hará también proporcionalmente al número de votos emitidos a favor de las respectivas listas.
Artículo 97.- Los Senadores durarán cinco años en sus funciones.
Artículo 98.- Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio, y, en ambos casos, treinta años cumplidos de edad.
Artículo 99.- Son aplicables a los Senadores las incompatibilidades a que se refiere el artículo 91, con las excepciones en el mismo establecidas.
Artículo 100.- No pueden ser candidatos a Senadores los Jueces y Fiscales Letrados, ni los funcionarios policiales, ni los militares con mando de fuerza o en ejercicio de alguna actividad militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto electoral.
Para los Consejeros y Directores de Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto por el artículo 201.
Artículo 101.- El ciudadano que fuere elegido Senador y Representante podrá optar entre uno y otro cargo.
Artículo 102.- A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 103.- Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores hayan separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley.

SECCION VI
DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS DE LA COMISION PERMANENTE
 
CAPITULO I

Artículo 104.- La Asamblea General empezará sus sesiones el primero de marzo de cada año, sesionando hasta el quince de diciembre, o sólo hasta el quince de setiembre, en el caso de que haya elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus sesiones el quince de febrero siguiente.
La Asamblea General se reunirá en las fechas indicadas sin necesidad de convocatoria especial del Poder Ejecutivo y presidirá sus sesiones y las de la Cámara de Senadores hasta la toma de posesión del Vicepresidente de la República, el primer titular de la lista de Senadores más votada del lema más votado.
Sólo por razones graves y urgentes la Asamblea General o cada una de la Cámaras, así como el Poder Ejecutivo, podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria así como el proyecto de ley declarado de urgente consideración que tuviere a estudio aunque no estuviere incluido en aquélla. Asimismo, el receso quedará automáticamente suspendido para la Cámara que tenga o reciba, durante el transcurso del mismo, para su consideración, un proyecto con declaración de urgente consideración.
La simple convocatoria a sesiones extraordinarias no bastará para hacer cesar el receso de la Asamblea General o de cada una de las Cámaras. Para que el receso se interrumpa, deberán realizarse efectivamente sesiones y la interrupción durará mientras éstas se efectúen.

CAPITULO II

Artículo 105.- Cada Cámara se gobernará interiormente por el reglamento que se dicte, y, reunidas ambas en Asamblea General, por el que ésta establezca.
Artículo 106.- Cada Cámara nombrará su Presidente y Vicepresidentes, a excepción del Presidente de la Cámara de Senadores, respecto al cual regirá lo dispuesto en el artículo 94.
Artículo 107.- Cada Cámara nombrará sus Secretarios y el personal de su dependencia, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que deberá establecer contemplando las reglas de garantías previstas en los artículos 58 a 66, en lo que corresponda.
Artículo 108.- Cada Cámara aprobará, dentro de los doce primeros meses de cada Legislatura, sus presupuestos por tres quintos de votos del total de sus componentes y lo comunicará al Poder Ejecutivo para que los incluya en el Presupuesto Nacional. Estos presupuestos se estructurarán por programas y se les dará, además, amplia difusión pública.
Dentro de los cinco primeros meses de cada período legislativo, podrá, por el mismo quórum, establecer las modificaciones que estime indispensables.
Si vencidos los plazos el presupuesto no hubiera sido aprobado, continuará rigiendo el anterior.
Artículo 109.- Ninguna de las Cámaras podrá abrir sus sesiones mientras no esté reunida más de la mitad de sus miembros, y si esto no se hubiera realizado el día que señala la Constitución, la minoría podrá reunirse para compeler a los ausentes bajo las penas que acordare.
Artículo 110.- Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí y con los demás Poderes, por medio de sus respectivos Presidentes, y con autorización de un Secretario.
Artículo 111.- Las pensiones graciables serán resueltas mediante el voto secreto y requerirán la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Los reglamentos de cada Cámara podrán establecer el voto secreto para los casos de venias y designaciones.

CAPITULO III

Artículo 112.- Los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones.
Artículo 113.- Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho.
Artículo 114.- Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente.
Artículo 115.- Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo, después de su proclamación.
Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias.
Artículo 116.- Las vacantes que por cualquier motivo se produzcan en cada Legislatura, se llenarán por los suplentes designados al tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley, y sin hacerse nueva elección.
La ley podrá autorizar también la convocatoria de suplentes por impedimento temporal o licencia de los Legisladores titulares.
Artículo 117.- Los Senadores y Representantes serán compensados por sus servicios con una asignación mensual que percibirán durante el término de sus mandatos, sin perjuicio de los descuentos que correspondieran, de acuerdo con el reglamento de la respectiva Cámara, en caso de inasistencias injustificadas a las sesiones de la Cámara que integran o de las comisiones informantes de que forman parte.
Tales descuentos, en todo caso, se fijarán proporcionalmente a la asignación.
La asignación será fijada por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, en el último período de cada Legislatura, para los miembros de la siguiente. Dicha compensación les será satisfecha con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y fuera de ella, los Legisladores no podrán recibir beneficios económicos de ninguna naturaleza que deriven del ejercicio de su cargo.

CAPITULO IV

Artículo 118.- Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido se hará por escrito y por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva, el que lo trasmitirá de inmediato al órgano que corresponda. Si éste no facilitare los informes dentro del plazo que fijará la ley, el Legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que pertenezca, estándose a lo que ésta resuelva.
No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 119.- Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VIII.
Cuando los informes se refieran a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, los Ministros podrán requerir la asistencia conjunta de un representante del respectivo Consejo o Directorio.
Artículo 120.- Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos.
Artículo 121.- En los casos previstos en los tres artículos anteriores, cualquiera de las Cámaras podrá formular declaraciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VIII.

CAPITULO V

Artículo 122.- Los Senadores y los Representantes, después de incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los Poderes del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados o de cualquier otro órgano público ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, quedando en todos los casos vacante su representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el servicio.
Cuando un Senador sea convocado para ejercer temporalmente la Presidencia de la República y cuando los Senadores y los Representantes sean llamados a desempeñar Ministerios o Subsecretarías de Estado, quedarán suspendidos en sus funciones legislativas, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.
Artículo 123.- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público electivo, cualquiera sea su naturaleza.
Artículo 124.- Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato:
1º) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público.
2º) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.
Artículo 125.- La incompatibilidad dispuesta por el inciso primero del artículo 122, alcanzará a los Senadores y a los Representantes hasta un año después de la terminación de su mandato, salvo expresa autorización de la Cámara respectiva.
Artículo 126.- La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá reglamentar las prohibiciones establecidas en los dos artículos precedentes o establecer otras, así como extenderlas a los integrantes de otros órganos.

CAPITULO VI

Artículo 127.- Habrá una Comisión Permanente compuesta de cuatro Senadores y siete Representantes elegidos por el sistema proporcional, designados unos y otros, por sus respectivas Cámaras. Será Presidente de la misma un Senador de la mayoría.
La designación se hará anualmente, dentro de los quince días de la constitución de la Asamblea General o de la iniciación de cada período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
Artículo 128.- Al mismo tiempo que se haga esta elección, se hará la de un suplente para cada uno de los once miembros que entre a llenar sus funciones en los casos de enfermedad, muerte u otros que ocurran, de los titulares.
Artículo 129.- La Comisión Permanente velará sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, haciendo al Poder Ejecutivo las advertencias convenientes al efecto, bajo responsabilidad para ante la Asamblea General actual o siguiente, en su caso.
Artículo 130.- Para el caso de que dichas advertencias, hechas hasta por segunda vez, no surtieran efecto, podrá por sí sola, según la importancia o gravedad del asunto, convocar a la Asamblea General.
En el caso de que el Presidente de la República hubiere hecho uso de la facultad otorgada por el artículo 148, inciso séptimo, la Comisión Permanente dará cuenta a la Asamblea General al constituirse las nuevas Cámaras o al reiniciar sus funciones las anteriores.
Artículo 131.- Ejercerá sus funciones desde la fecha indicada por la Constitución para la iniciación del receso de la Asamblea General, hasta que se reinicien las sesiones ordinarias.
Los asuntos de competencia de la Comisión Permanente que se encuentren a estudio de la Asamblea General o de la Cámara de Senadores en la fecha indicada para la iniciación del receso, pasarán de oficio a conocimiento de aquélla.
No obstante, interrumpido el receso y mientras dure el período de sesiones extraordinarias, la Asamblea General o la Cámara de Senadores podrán, cuando así lo resuelvan, asumir jurisdicción en los asuntos de su competencia que se encuentren a consideración de la Comisión Permanente, previa comunicación a este Cuerpo.
Terminadas las sesiones extraordinarias, los asuntos no resueltos sobre los que hayan asumido jurisdicción la Asamblea General o la Cámara de Senadores, serán remitidos de oficio, por la Mesa respectiva, a la Comisión Permanente.
En cada nuevo período de sesiones extraordinarias que se realice durante el receso, la Asamblea General o la Cámara de Senadores, podrán hacer uso de la facultad que les acuerda este artículo.
Terminado el receso los asuntos sin resolución a conocimiento de la Comisión Permanente pasarán de oficio al Cuerpo que corresponda.
No afectará la obligación y la responsabilidad que impone a la Comisión Permanente el artículo 129, la circunstancia de que la Asamblea General o cualquiera de las Cámaras se reúnan en sesiones extraordinarias, ni aun cuando la Asamblea General o la Cámara de Senadores hayan asumido jurisdicción sobre todos los asuntos a consideración de la Comisión Permanente.
Si hubiesen caducado los poderes de los Senadores y Representantes por expiración del plazo constitucional, sin que estuviesen proclamados los Senadores y Representantes electos, o se hubiera hecho uso de la facultad del artículo 148, inciso séptimo, la Comisión Permanente en ejercicio continuará en las funciones que en este Capítulo se le confieren, hasta la constitución de las nuevas Cámaras.
En este caso, al constituirse cada una de las Cámaras, procederá a efectuar la designación de los nuevos miembros de la Comisión Permanente.
Artículo 132.- Corresponderá también a la Comisión Permanente, prestar o rehusar su consentimiento en todos los casos en que el Poder Ejecutivo lo necesite, con arreglo a la presente Constitución y la facultad concedida a las Cámaras en los artículos 118 y siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 13 del artículo 168.

 
SECCION VII
DE LA PROPOSICION, DISCUSION, SANCION Y PROMULGACION DE LAS LEYES
 
CAPITULO I

Artículo 133.- Todo proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 85 y artículo 86.
Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada.
El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos propuestos.

CAPITULO II

Artículo 134.- Si la Cámara en que tuvo principio el proyecto, lo aprueba, lo pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe también, lo reforme, adicione o deseche.
Artículo 135.- Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley, lo devolviese con adiciones u observaciones, y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallare justas, o insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aún, aprobar otro nuevo.
Artículo 136.- Si la Cámara a quien fuese remitido el proyecto no tiene reparos que oponerle, lo aprobará, y sin más que avisarlo a la Cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar.
Los proyectos de ley no sancionados por una y otra Cámara en la misma Legislatura, se considerarán como iniciados en la Cámara que los sancione ulteriormente.
Artículo 137.- Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días.
Artículo 138.- Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado.
Artículo 139.- Transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas.
Artículo 140.- Si las Cámaras reunidas desaprobaran el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura.
Artículo 141.- En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa.
Artículo 142.- Cuando un proyecto hubiese sido desechado al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado hasta el siguiente período de la Legislatura.

CAPITULO III

Artículo 143.- Si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para ser promulgado sin demora.
Artículo 144.- Si el Ejecutivo no devolviese el proyecto, cumplidos los diez días que establece el artículo 137, tendrá fuerza de ley y se cumplirá como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por la Cámara remitente.
Artículo 145.- Reconsiderado por las Cámaras reunidas un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, si aquéllas lo aprobaren nuevamente, se tendrá por su última sanción, y comunicado al Poder Ejecutivo, lo hará promulgar enseguida sin más reparos.

CAPITULO IV

Artículo 146.- Sancionada una ley para su promulgación se usará siempre de esta fórmula:

"El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:".

 
SECCION VIII
DE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER EJECUTIVO
 
CAPITULO UNICO

Artículo 147.- Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los Ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno.
Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada, con un término no inferior a cuarenta y ocho horas, para resolver sobre su curso.
Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta a la Asamblea General, la que será citada dentro de las cuarenta y ocho horas.
Si en una primera convocatoria de la Asamblea General, no se reúne el número suficiente para sesionar, se practicará una segunda convocatoria y la Asamblea General se considerará constituida con el número de Legisladores que concurra.
Artículo 148.- La desaprobación podrá ser individual, plural o colectiva, debiendo ser pronunciada en cualquier caso, por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en sesión especial y pública. Sin embargo, podrá optarse por la sesión secreta cuando así lo exijan las circunstancias.
Se entenderá por desaprobación individual la que afecte a un Ministro, por desaprobación plural la que afecte a más de un Ministro, y por desaprobación colectiva la que afecte a la mayoría del Consejo de Ministros.
La desaprobación pronunciada conforme a lo dispuesto en los incisos anteriores, determinará la renuncia del Ministro, de los Ministros o del Consejo de Ministros, según los casos.
El Presidente de la República podrá observar el voto de desaprobación cuando sea pronunciado por menos de dos tercios del total de componentes del Cuerpo.
En tal caso la Asamblea General será convocada a sesión especial a celebrarse dentro de los diez días siguientes.
Si en una primera convocatoria la Asamblea General no reúne el número de Legisladores necesarios para sesionar, se practicará una segunda convocatoria, no antes de veinticuatro horas ni después de setenta y dos horas de la primera, y si en ésta tampoco tuviera número se considerará revocado el acto de desaprobación.
Si la Asamblea General mantuviera su voto por un número inferior a los tres quintos del total de sus componentes, el Presidente de la República, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes podrá mantener por decisión expresa, al Ministro, a los Ministros o al Consejo de Ministros censurados y disolver las Cámaras.
En tal caso deberá convocar a nueva elección de Senadores y Representantes, la que se efectuará el octavo domingo siguiente a la fecha de la referida decisión.
El mantenimiento del Ministro, Ministros o Consejo de Ministros censurados, la disolución de las Cámaras y la convocatoria a nueva elección, deberá hacerse simultáneamente en el mismo decreto.
En tal caso las Cámaras quedarán suspendidas en sus funciones, pero subsistirá el estatuto y fuero de los Legisladores.
El Presidente de la República no podrá ejercer esa facultad durante los últimos doce meses de su mandato. Durante igual término, la Asamblea General podrá votar la desaprobación con los efectos del apartado tercero del presente artículo, cuando sea pronunciada por dos tercios o más del total de sus componentes.
Tratándose de desaprobación no colectiva, el Presidente de la República no podrá ejercer esa facultad sino una sola vez durante el término de su mandato.
Desde el momento en que el Poder Ejecutivo no dé cumplimiento al decreto de convocatoria a las nuevas elecciones, las Cámaras volverán a reunirse de pleno derecho y recobrarán sus facultades constitucionales como Poder legítimo del Estado y caerá el Consejo de Ministros.
Si a los noventa días de realizada la elección, la Corte Electoral no hubiese proclamado la mayoría de los miembros de cada una de las Cámaras, las Cámaras disueltas también recobrarán sus derechos.
Proclamada la mayoría de los miembros de cada una de las nuevas Cámaras por la Corte Electoral, la Asamblea General se reunirá de pleno derecho dentro del tercer día de efectuada la comunicación respectiva.
La nueva Asamblea General se reunirá sin previa convocatoria del Poder Ejecutivo y simultáneamente cesará la anterior.
Dentro de los quince días de su constitución la nueva Asamblea General, por mayoría absoluta del total de sus componentes, mantendrá o revocará el voto de desaprobación. Si lo mantuviera caerá el Consejo de Ministros.
Las Cámaras elegidas extraordinariamente, completarán el término de duración normal de las cesantes.

 
SECCION IX
DEL PODER EJECUTIVO
 
CAPITULO I

Artículo 149.- El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido en esta Sección y demás disposiciones concordantes.
Artículo 150.- Habrá un Vicepresidente, que en todos los casos de vacancia temporal o definitiva de la Presidencia deberá desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones. Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término del período de Gobierno.
El Vicepresidente de la República desempeñará la Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores.
Artículo 151.- El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral 9º) del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.
Regirán además las garantías que se establecen para el sufragio en la Sección III, considerándose a la República como una sola circunscripción electoral.
Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que tengan treinta y cinco años cumplidos de edad.
Artículo 152.- El Presidente y el Vicepresidente durarán cinco años en sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.
Esta disposición comprende al Presidente con respecto a la Vicepresidencia y no al Vicepresidente con respecto a la Presidencia, salvo las excepciones de los incisos siguientes.
El Vicepresidente y el ciudadano que hubiesen desempeñado la Presidencia por vacancia definitiva por más de un año, no podrán ser electos para dichos cargos sin que transcurra el mismo plazo establecido en el inciso primero.
Tampoco podrá ser elegido Presidente, el Vicepresidente o el ciudadano que estuviese en el ejercicio de la Presidencia en el término comprendido en los tres meses anteriores a la elección.
Artículo 153.- En caso de vacancia definitiva o temporal de la Presidencia de la República, o en razón de licencia, renuncia, cese o muerte del Presidente y del Vicepresidente en su caso, deberá desempeñarla el Senador primer titular de la lista más votada del partido político por el cual fueron electos aquéllos, que reúna las calidades exigidas por el artículo 151 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su defecto, la desempeñará el primer titular de la misma lista en ejercicio del cargo que reuniese esas calidades, si no tuviese dichos impedimentos, y así sucesivamente.
Artículo 154.- Las dotaciones del Presidente y del Vicepresidente de la República serán fijadas por ley previamente a cada elección sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño del cargo.
Artículo 155.- En caso de renuncia, incapacidad permanente o muerte del Presidente y el Vicepresidente electos antes de tomar posesión de los cargos, desempeñarán la Presidencia y la Vicepresidencia respectivamente, el primer y el segundo titular de la lista más votada a la Cámara de Senadores, del partido político por el cual fueron electos el Presidente y el Vicepresidente, siempre que reúnan las calidades exigidas por el artículo 151, no estuviesen impedidos por lo dispuesto por el artículo 152 y ejercieran el cargo de Senador.
En su defecto, desempeñarán dichos cargos, los demás titulares por el orden de su ubicación en la misma lista en el ejercicio del cargo de Senador, que reuniesen esas calidades si no tuviesen dichos impedimentos.
Artículo 156.- Si en la fecha en que deban asumir sus funciones no estuvieran proclamados por la Corte Electoral, el Presidente y el Vicepresidente de la República, o fuera anulada su elección, el Presidente cesante delegará el mando en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien actuará hasta que se efectúe la trasmisión quedando en tanto suspendido en sus funciones judiciales.
Artículo 157.- Cuando el Presidente electo estuviera incapacitado temporalmente para la toma de posesión del cargo o para el ejercicio del mismo, será sustituido por el Vicepresidente, y en su defecto, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 153 hasta tanto perduren las causas que generaron dicha incapacidad.
Artículo 158.- El 1º de marzo siguiente a la elección, el Presidente y Vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente en presencia de ambas Cámaras reunidas en Asamblea General la siguiente declaración: "Yo, N.N., me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República".
Artículo 159.- El Presidente de la República tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior.

CAPITULO II

Artículo 160.- El Consejo de Ministros se integrará con los titulares de los respectivos Ministerios o quienes hagan sus veces, y tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen en su seno el Presidente de la República o sus Ministros en temas de sus respectivas carteras. Tendrá, asimismo, competencia privativa en los casos previstos en los incisos 7º) (declaratoria de urgencia), 16, 19 y 24 del artículo 168.
Artículo 161.- Actuará bajo la presidencia del Presidente de la República quien tendrá voz en las deliberaciones y voto en las resoluciones que será decisivo para los casos de empate, aun cuando éste se hubiera producido por efecto de su propio voto.
El Consejo de Ministros será convocado por el Presidente de la República cuando lo juzgue conveniente o cuando lo soliciten uno o varios Ministros para plantear temas de sus respectivas carteras; y deberá reunirse dentro de las veinticuatro horas siguientes o en la fecha que indique la convocatoria.
Artículo 162.- El Consejo celebrará sesión con la concurrencia de la mayoría de sus miembros y se estará a lo que se resuelva por mayoría absoluta de votos de miembros presentes.
Artículo 163.- En cualquier momento y por igual mayoría se podrá poner término a una deliberación. La moción que se haga con ese fin no será discutida.
Artículo 164.- Todas las resoluciones del Consejo de Ministros podrán ser revocadas por el voto de la mayoría absoluta de sus componentes.
Artículo 165.- Las resoluciones que originariamente hubieran sido acordadas por el Presidente de la República con el Ministro o Ministros respectivos, podrán ser revocadas por el Consejo, por mayoría absoluta de presentes.
Artículo 166.- El Consejo de Ministros dictará su reglamento interno.
Artículo 167.- Cuando un Ministro esté encargado temporariamente de otro Ministerio, en el Consejo de Ministros se le computará un solo voto.

CAPITULO III

Artículo 168.- Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde:
1º) La conservación del orden y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior.
2º) El mando superior de todas las Fuerzas Armadas.
3º) Dar retiros y arreglar las pensiones de los empleados civiles y militares conforme a las leyes.
4º) Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que, conforme a la Sección VII, se hallen ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución.
5º) Informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención.
6º) Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII.
7º) Proponer a las Cámaras proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas. Dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración. 

La declaración de urgencia deberá ser hecha simultáneamente con la remisión de cada proyecto, en cuyo caso deberán ser considerados por el Poder Legislativo dentro de los plazos que a continuación se expresan, y se tendrán por sancionados si dentro de tales plazos no han sido expresamente desechados, ni se ha sancionado un proyecto sustitutivo. Su trámite se ajustará a las siguientes reglas: 

a) El Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado; 

b) no podrán merecer esta calificación los proyectos de Presupuesto, ni aquellos para cuya sanción se requiera el voto de tres quintos o dos tercios del total de componentes de cada Cámara; 

c) cada Cámara por el voto de los tres quintos del total de sus componentes, podrá dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, en cuyo caso se aplicarán a partir de ese momento los trámites normales previstos en la Sección VII; 

d) la Cámara que reciba en primer lugar el proyecto deberá considerarlo dentro de un plazo de cuarenta y cinco días. Vencidos los primeros treinta días la Cámara será convocada a sesión extraordinaria y permanente para la consideración del proyecto. Una vez vencidos los quince días de tal convocatoria sin que el proyecto hubiere sido expresamente desechado se reputará aprobado por dicha Cámara en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado inmediatamente y de oficio a la otra Cámara; 

e) la segunda Cámara tendrá treinta días para pronunciarse y si aprobase un texto distinto al remitido por la primera lo devolverá a ésta, que dispondrá de quince días para su consideración. Vencido este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso el proyecto se remitirá inmediatamente y de oficio a la Asamblea General. Si venciere el plazo de treinta días sin que el proyecto hubiere sido expresamente desechado, se reputará aprobado por dicha Cámara en la forma en que lo remitió el Poder Ejecutivo y será comunicado a éste inmediatamente y de oficio, si así correspondiere, o en la misma forma a la primera Cámara, si ésta hubiere aprobado un texto distinto al del Poder Ejecutivo; 

f) la Asamblea General dispondrá de diez días para su consideración. Si venciera este nuevo plazo sin pronunciamiento expreso se tendrá por sancionado el proyecto en la forma en que lo votó la última Cámara que le prestó expresa aprobación.
La Asamblea General, si se pronunciare expresamente, lo hará de conformidad con el artículo 135; 

g) cuando un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración fuese desechado por cualquiera de las dos Cámaras, se aplicará lo dispuesto por el artículo 142;

h) el plazo para la consideración por la primera Cámara empezará a correr a partir del día siguiente al del recibo del proyecto por el Poder Legislativo. Cada uno de los plazos ulteriores comenzará a correr automáticamente al vencer el plazo inmediatamente anterior o a partir del día siguiente al del recibo por el órgano correspondiente si hubiese habido aprobación expresa antes del vencimiento del término.
8º)
Convocar al Poder Legislativo a sesiones extraordinarias con determinación de los asuntos materia de la convocatoria y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 104.

9º) Proveer los empleos civiles y militares, conforme a la Constitución y a las leyes.
10) Destituir los empleados por ineptitud, omisión o delito, en todos los casos con acuerdo de la Cámara de Senadores o, en su receso, con el de la Comisión Permanente, y en el último, pasando el expediente a la Justicia. Los funcionarios diplomáticos y consulares podrán, además, ser destituidos, previa venia de la Cámara de Senadores, por la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del país y de la representación que invisten. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictara resolución definitiva dentro de los noventa días, el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada, a los efectos de la destitución.
11) Conceder los ascensos militares conforme a las leyes, necesitando, para los de Coronel y demás Oficiales Superiores, la venia de la Cámara de Senadores o, en su receso, la de la Comisión Permanente.
12) Nombrar el personal consular y diplomático, con obligación de solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente hallándose aquélla en receso, para los Jefes de Misión. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución dentro de los sesenta días el Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada. 

Los cargos de Embajadores y Ministros del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del Poder Ejecutivo, salvo que la ley dictada con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara disponga lo contrario.
13) Designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes. La venia no será necesaria para designar al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, ni los Fiscales de Gobierno y de Hacienda.
14) Destituir por sí los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles.
15) Recibir Agentes Diplomáticos y autorizar el ejercicio de sus funciones a los Cónsules extranjeros.
16) Decretar la ruptura de relaciones y, previa resolución de la Asamblea General, declarar la guerra, si para evitarla no diesen resultado el arbitraje u otros medios pacíficos.
17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últimas resuelvan. 

En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, como las otras, deberá someterse, dentro de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, estándose a su resolución. 

El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes.
18) Recaudar las rentas que, conforme a las leyes deban serlo por sus dependencias, y darles el destino que según aquéllas corresponda.
19) Preparar y presentar a la Asamblea General los presupuestos, de acuerdo a lo establecido en la Sección XIV, y dar cuenta instruida de la inversión hecha de los anteriores.
20) Concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo.
21) Conceder privilegios industriales conforme a las leyes.
22) Autorizar o denegar la creación de cualesquier Bancos que hubieren de establecerse.
23) Prestar, a requerimiento del Poder Judicial, el concurso de la fuerza pública.
24) Delegar por resolución fundada y bajo su responsabilidad política las atribuciones que estime convenientes.
25) El Presidente de la República firmará las resoluciones y comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlas. 

No obstante el Poder Ejecutivo podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con el mismo requisito precedentemente fijado.
26) El Presidente de la República designará libremente un Secretario y un Prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros. 

Ambos cesarán con el Presidente y podrán ser removidos o reemplazados por éste, en cualquier momento.
Artículo 169.- No podrá permitir goce de sueldo por otro título que el de servicio activo, jubilación, retiro o pensión, conforme a las leyes.

CAPITULO IV

Artículo 170.- El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas sin autorización de la Cámara de Senadores.
Artículo 171.- El Presidente de la República gozará de las mismas inmunidades y le alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y a los Representantes.
El Presidente de la República no podrá ser acusado, sino en la forma que señala el artículo 93 y aun así, sólo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo durante los cuales estará sometido a residencia, salvo autorización para salir del país, concedida por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras.
Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de los componentes de la Cámara de Representantes, el Presidente de la República quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO V

Artículo 173.- En cada departamento de la República habrá un Jefe de Policía que será designado para el período respectivo por el Poder Ejecutivo, entre ciudadanos que tengan las calidades exigidas para ser Senador.
El Poder Ejecutivo podrá separarlo o removerlo cuando lo estime conveniente.

 
SECCION X
DE LOS MINISTROS DE ESTADO
 
CAPITULO I

Artículo 174.- La ley, por mayoría absoluta de componentes de cada Cámara y a iniciativa del Poder Ejecutivo, determinará el número de Ministerios, su denominación propia y sus atribuciones y competencias en razón de materia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 181.
El Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, podrá redistribuir dichas atribuciones y competencias.
El Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo.
El Presidente de la República podrá requerir de la Asamblea General un voto de confianza expreso para el Consejo de Ministros. A tal efecto éste comparecerá ante la Asamblea General, la que se pronunciará sin debate, por el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes y dentro de un plazo no mayor de setenta y dos horas que correrá a partir de la recepción de la comunicación del Presidente de la República por la Asamblea General. Si ésta no se reuniese dentro del plazo estipulado o, reuniéndose, no adoptase decisión, se entenderá que el voto de confianza ha sido otorgado.
Los Ministros cesarán en sus cargos por resolución del Presidente de la República, sin perjuicio de lo establecido en la Sección VIII.
Artículo 175.- El Presidente de la República podrá declarar, si así lo entendiere, que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, esa declaración lo facultará a sustituir uno o más Ministros.
Si así lo hiciere, el Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcialmente a los miembros no electivos de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, así como, en su caso, a los Directores Generales de estos últimos, no siendo estas sustituciones impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, deberá solicitar la venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo con el artículo 187, para designar a los nuevos Directores o, en su caso, Directores Generales. Obtenida la venia, podrá proceder a la sustitución.
Las facultades otorgadas en este artículo no podrán ser ejercidas durante el primer año del mandato del gobierno ni dentro de los doce meses anteriores a la asunción del gobierno siguiente.
Dichas facultades tampoco podrán ejercerse respecto de las autoridades de la Universidad de la República.
Artículo 176.- Para ser Ministro se necesitan las mismas calidades que para Senador.
Artículo 177.- Al iniciarse cada período legislativo, los Ministros darán cuenta sucinta a la Asamblea General, del estado de todo lo concerniente a sus respectivos Ministerios.
Artículo 178.- Los Ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los Senadores y Representantes en lo que fuere pertinente.
No podrán ser acusados sino en la forma que señala el artículo 93 y, aun así sólo durante el ejercicio del cargo. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Representantes, el Ministro acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 179.- El Ministro o los Ministros serán responsables de los decretos y órdenes que firmen o expidan con el Presidente de la República, salvo el caso de resolución expresa del Consejo de Ministros en el que la responsabilidad será de los que acuerden la decisión, haciéndose efectiva de conformidad con los artículos 93, 102 y 103.
Los Ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Consejo de Ministros.
Artículo 180.- Los Ministros podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General, de cada Cámara, de la Comisión Permanente y de sus respectivas Comisiones internas, y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrán voto. Igual derecho tendrán los Subsecretarios de Estado, previa autorización del Ministro respectivo, salvo en las situaciones previstas en los artículos 119 y 147 en las que podrán asistir acompañando al Ministro. En todo caso, los Subsecretarios de Estado actuarán bajo la responsabilidad de los Ministros.
Artículo 181.- Son atribuciones de los Ministros, en sus respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Poder Ejecutivo:
1º) Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones.
2º) Preparar y someter a consideración superior los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen convenientes.
3º) Disponer, en los límites de su competencia, el pago de las deudas reconocidas del Estado.
4º) Conceder licencias a los empleados de su dependencia.
5º) Proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones.
6º) Vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer penas disciplinarias.
7º) Firmar y comunicar las resoluciones del Poder Ejecutivo.
8º) Ejercer las demás atribuciones que les cometan las leyes o las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160.
9º) Delegar a su vez por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes.
Artículo 182.- Las funciones de los Ministros y Subsecretarios serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

Artículo 183.- Cada Ministerio tendrá un Subsecretario que ingresará con el Ministro, a su propuesta, y cesará con él, salvo nueva designación.
Artículo 184.- En caso de licencia de un Ministro, el Presidente de la República designará a quien lo sustituya interinamente, debiendo recaer la designación en otro Ministro o en el Subsecretario de la respectiva Cartera.

 
SECCION XI
DE LOS ENTES AUTONOMOS Y DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
 
CAPITULO I

Artículo 185.- Los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por Directorios o Directores Generales y tendrán el grado de descentralización que fijen la presente Constitución y las leyes que se dictaron con la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Los Directorios, cuando fueren rentados, se compondrán de tres o cinco miembros según lo establezca la ley en cada caso.
La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá determinar que los Servicios Descentralizados estén dirigidos por un Director General, designado según el procedimiento del artículo 187.
En la concertación de convenios entre los Consejos o Directorios con Organismos Internacionales, Instituciones o Gobiernos extranjeros, el Poder Ejecutivo señalará los casos que requerirá su aprobación previa, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido en la Sección V.
Artículo 186.- Los servicios que a continuación se expresan: Correos y Telégrafos, Administraciones de Aduanas y Puertos y la Salud Pública no podrán ser descentralizados en forma de Entes Autónomos, aunque la ley podrá concederles el grado de autonomía que sea compatible con el contralor del Poder Ejecutivo.
Artículo 187.- Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero.
Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.
La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de designación.
Artículo 188.- Para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara.
El aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado.
El Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes.
La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los servicios esenciales de agua potable y saneamiento.
Artículo 189.- Para crear nuevos Entes Autónomos y para suprimir los existentes, se requerirán los dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.
La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá declarar electiva la designación de los miembros de los Directorios, determinando en cada caso las personas o los Cuerpos interesados en el servicio, que han de efectuar esa elección.
Artículo 190.- Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.
Artículo 191.- Los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera. La ley fijará la norma y número anual de los mismos y todos deberán llevar la visación del Tribunal de Cuentas.
Artículo 192.- Los miembros de los Directorios o Directores Generales cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos.
Las vacancias definitivas se llenarán por el procedimiento establecido para la provisión inicial de los cargos respectivos, pero la ley podrá establecer que, conjuntamente con los titulares de los cargos electivos, se elijan suplentes que los reemplazarán en caso de vacancia temporal o definitiva.
La ley, dictada por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, regulará lo correspondiente a las vacancias temporales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior.
Podrán ser reelectos o designados para otro Directorio o Dirección General siempre que su gestión no haya merecido observación del Tribunal de Cuentas, emitida por lo menos por cuatro votos conformes de sus miembros.
Artículo 193.- Los Directorios o Directores Generales cesantes, deberán rendir cuentas de su gestión al Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XIII.
Artículo 194.- Las decisiones definitivas de los Entes Autónomos, sólo darán lugar a recursos o acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Poder Judicial, según lo disponga esta Constitución o las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 197 y 198.
Artículo 195.- Créase el Banco de Previsión Social, con carácter de Ente Autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de las normas que establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un año.
Sus Directores no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese, siendo de aplicación para el caso lo dispuesto por el artículo 201, inciso tercero.
Artículo 196.- Habrá un Banco Central de la República, que estará organizado como Ente Autónomo y tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley aprobada con el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.
Artículo 197.- Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directores o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados.
En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198.
Artículo 198.- Lo dispuesto en el artículo precedente es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan.
Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.
Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de Directorios o Directores Generales cuya venia de destitución se solicita, con miembros de Directorios o Directores Generales de otros Entes, con carácter interino y hasta que se produzca el pronunciamiento del Senado.
Las destituciones y remociones previstas en este artículo y en el anterior, no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 199.- Para modificar la Carta Orgánica de los Bancos del Estado, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
Artículo 200.- Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los Consejeros o Directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos como catedráticos o profesores y designados para desempeñar el cargo de Decano o funciones docentes honorarias.
La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija.
Tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen.
Las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan a las funciones docentes.
Artículo 201.- Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección.
En estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones.
Los Organismos Electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito.

CAPITULO II

Artículo 202.- La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos.
Los demás servicios docentes del Estado, también estarán a cargo de Consejos Directivos Autónomos, cuando la ley lo determine por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara.
Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias. Cada Cámara podrá fijar plazos para que aquéllos se expidan.
La ley dispondrá la coordinación de la enseñanza.
Artículo 203.- Los Consejos Directivos de los servicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley sancionada por la mayoría determinada en el inciso anterior.
Artículo 204.- Los Consejos Directivos tendrán los cometidos y atribuciones que determinará la ley sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
Dichos Consejos establecerán el Estatuto de sus funcionarios de conformidad con las bases contenidas en los artículos 58 a 61 y las reglas fundamentales que establezca la ley, respetando la especialización del Ente.
Artículo 205.- Serán aplicables, en lo pertinente, a los distintos servicios de enseñanza, los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198 (incisos 1º y 2º), 200 y 201.

 
SECCION XII
DEL CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL
 
CAPITULO UNICO

Artículo 206.- La ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. La ley indicará la forma de constitución y funciones del mismo.
Artículo 207.- El Consejo de Economía Nacional se dirigirá a los Poderes Públicos por escrito, pero podrá hacer sostener sus puntos de vista ante las Comisiones legislativas, por uno o más de sus miembros.

 
SECCION XIII
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
 
CAPITULO UNICO

Artículo 208.- El Tribunal de Cuentas estará compuesto por siete miembros que deberán reunir las mismas calidades exigidas para ser Senador.
Serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Regirán a su respecto las incompatibilidades establecidas en los artículos 122, 123, 124 y 125.
Sus miembros cesarán en sus funciones cuando la Asamblea General, que sustituya a la que los designó, efectúe los nombramientos para el nuevo período.
Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares.
Artículo 209.- Los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables, ante la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. La Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 210.- El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley, que proyectará el mismo Tribunal.
También podrá atribuírsele por ley, funciones no especificadas en esta Sección.
Artículo 211.- Compete al Tribunal de Cuentas:
A) Dictaminar e informar en materia de presupuestos.
B) Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto. 

Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos. 

En los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el cometido a que se refiere este inciso podrá ser ejercido con las mismas ulterioridades, por intermedio de los respectivos contadores o funcionarios que hagan sus veces, quienes actuarán en tales cometidos bajo la superintendencia del Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo que disponga la ley, la cual podrá hacer extensiva esta regla a otros servicios públicos con administración de fondos.
C) Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, así como también, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.
D) Presentar a la Asamblea General la memoria anual relativa a la rendición de cuentas establecida en el inciso anterior.
E) Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.
F) Dictar las ordenanzas de contabilidad, que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza.
G) Proyectar sus presupuestos que elevará al Poder Ejecutivo, para ser incluidos en los presupuestos respectivos. El Poder Ejecutivo, con las modificaciones que considere del caso, los elevará al Poder Legislativo, estándose a su resolución.
Artículo 212.- El Tribunal de Cuentas tendrá superintendencia en todo lo que corresponda a sus cometidos y con sujeción a lo que establezca su Ley Orgánica, sobre todas las oficinas de contabilidad, recaudación y pagos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualesquiera sea su naturaleza, pudiendo proponer, a quien corresponda, las reformas que creyere convenientes.
Artículo 213.- El Tribunal de Cuentas presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de Contabilidad y Administración Financiera, el que lo elevará al Poder Legislativo con las observaciones que le mereciera. Dicho proyecto comprenderá las normas reguladoras de la administración financiera y económica y especialmente la organización de los servicios de contabilidad y recaudación; requisitos con fines de contralor, para la adquisición y enajenación de bienes y contratación que afecten a la Hacienda Pública; para hacer efectiva la intervención preventiva en los ingresos, gastos y pagos; y las responsabilidades y garantías a que quedarán sujetos los funcionarios que intervienen en la gestión del patrimonio del Estado.

 
SECCION XIV
DE LA HACIENDA PUBLICA
 
CAPITULO I

Artículo 214.- El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que regirá para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
El Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá:
A) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa.
B) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa.
C) Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos Departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 230, asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislativo. 

Los Gobiernos Departamentales remitirán al Poder Legislativo, dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, una rendición de cuentas de los recursos recibidos por aplicación de este literal, con indicación precisa de los montos y de los destinos aplicados.
D) Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto.
Los apartados precedentes podrán ser objeto de leyes separadas en razón de la materia que comprendan.
El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.
Artículo 215.- El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.
Artículo 216.- Podrá por ley establecerse una Sección especial en los presupuestos que comprenda los Gastos Ordinarios permanentes de la Administración cuya revisión periódica no sea indispensable.
No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución.
Todos los proyectos de presupuestos serán elevados a quien corresponda para su consideración y aprobación, en forma comparativa con los presupuestos vigentes.

CAPITULO II

Artículo 217.- Cada Cámara deberá pronunciarse sobre los proyectos de presupuesto o leyes de Rendición de Cuentas dentro del término de cuarenta y cinco días de recibidos.
De no haber pronunciamiento en este término el o los proyectos se considerarán rechazados.
Artículo 218.- Cuando el proyecto aprobado por una de las Cámaras, fuera modificado por la otra Cámara, la Cámara que originariamente lo aprobó deberá pronunciarse sobre las modificaciones dentro de los quince días siguientes, transcurridos los cuales o rechazadas las modificaciones el proyecto pasará a la Asamblea General.
La Asamblea General deberá pronunciarse dentro de los quince días siguientes.
Si la Asamblea General no se pronunciara dentro de este término los proyectos se tendrán por rechazados.
Artículo 219.- Sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos en el caso exclusivo del proyecto de Presupuesto Nacional y sólo dentro de los veinte días a partir de la primera entrada del proyecto a cada Cámara.

CAPITULO III

Artículo 220.- El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo.
Artículo 221.- Los presupuestos de los Entes Industriales o Comerciales del Estado serán proyectados por cada uno de éstos y elevados al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas cinco meses antes del comienzo de cada ejercicio, con excepción del siguiente al año electoral, en que podrán ser presentados en cualquier momento.
El Tribunal de Cuentas dictaminará dentro de los treinta días de recibidos.
El Poder Ejecutivo con asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá observarlo y, en este caso, así como en el que mediasen observaciones del Tribunal de Cuentas lo devolverá al Ente respectivo.
Si el Ente aceptase las observaciones del Poder Ejecutivo y el dictamen del Tribunal de Cuentas, devolverá los antecedentes al Poder Ejecutivo para la aprobación del presupuesto y su inclusión con fines informativos en el Presupuesto Nacional.
No mediando la conformidad establecida en el inciso anterior, los proyectos de presupuestos se remitirán a la Asamblea General, con agregación de antecedentes.
La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, resolverá en cuanto a las discrepancias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 215, por el voto de los dos tercios del total de sus componentes. Si no resolviera dentro del término de cuarenta días se tendrá por aprobado el presupuesto, con las observaciones del Poder Ejecutivo.
El dictamen del Tribunal de Cuentas requiere el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros.
La ley fijará, previo informe de los referidos Entes y del Tribunal de Cuentas y la opinión del Poder Ejecutivo emitida con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los porcentajes que cada Ente podrá destinar a sueldos y gastos de dirección y de administración.

CAPITULO IV

Artículo 222.- Se aplicarán al Presupuesto Departamental, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 86, 133, 214, 215, 216 y 219.
Artículo 223.- Cada Intendente proyectará el Presupuesto Departamental que regirá para su período de Gobierno y lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
Artículo 224.- Las Juntas Departamentales considerarán los proyectos de presupuesto preparados por los Intendentes dentro de los cuatro meses de su presentación.
Artículo 225.- Las Juntas Departamentales sólo podrán modificar los proyectos de presupuesto para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran éstas, sancionará definitivamente el presupuesto.
En ningún caso la Junta podrá introducir otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal.
Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepancias dentro del plazo de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado.
Artículo 226.- Vencido el término establecido en el artículo 224 sin que la Junta Departamental hubiese tomado resolución definitiva, se considerará rechazado el proyecto de presupuesto remitido por el Intendente.
Artículo 227.- Los presupuestos departamentales declarados vigentes, se comunicarán al Poder Ejecutivo para su inclusión, a título informativo, en los presupuestos respectivos y al Tribunal de Cuentas con instrucción a éste de los antecedentes relativos a sus observaciones, cuando las hubiere.

CAPITULO V

Artículo 228.- La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a Hacienda Pública, será de cargo del Tribunal de Cuentas.
Mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes.
Artículo 229.- El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, con excepción de las asignaciones a que se refieren los artículos 117, 154 y 295.

CAPITULO VI

Artículo 230.- Habrá una Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dependerá directamente de la Presidencia de la República. Estará dirigida por una Comisión integrada con representantes de los Ministros vinculados al desarrollo y por un Director designado por el Presidente de la República que la presidirá.
El Director deberá reunir las condiciones necesarias para ser Ministro y ser persona de reconocida competencia en la materia. Su cargo será de particular confianza del Presidente de la República.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se comunicará directamente con los Ministerios y Organismos Públicos para el cumplimiento de sus funciones.
Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización que serán ejecutadas:
A) Por el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, respecto de sus correspondientes cometidos.
B) Por los Gobiernos Departamentales respecto de los cometidos que les asignen la Constitución y la ley. A estos efectos se formará una Comisión Sectorial que estará exclusivamente integrada por delegados del Congreso de Intendentes y de los Ministerios competentes, la que propondrá planes de descentralización que, previa aprobación por el Poder Ejecutivo, se aplicarán por los organismos que corresponda. Sin perjuicio de ello, la ley podrá establecer el número de los integrantes, los cometidos y atribuciones de esta Comisión, así como reglamentar su funcionamiento. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tendrá además los cometidos que por otras disposiciones se le asignen expresamente así como los que la ley determine.
Artículo 231.- La ley dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara podrá disponer expropiaciones correspondientes a planes y programas de desarrollo económico, propuestas por el Poder Ejecutivo, mediante una justa indemnización y conforme a las normas del artículo 32.
Artículo 232.- Dicha indemnización podrá no ser previa, pero en ese caso la ley deberá establecer expresamente los recursos necesarios para asegurar su pago total en el término establecido, que nunca superará los diez años; la entidad expropiante no podrá tomar posesión del bien sin antes haber pagado efectivamente por lo menos la cuarta parte del total de la indemnización.
Los pequeños propietarios, cuyas características determinará la ley, recibirán siempre el total de la indemnización previamente a la toma de posesión del bien.

 
SECCION XV
DEL PODER JUDICIAL
 
CAPITULO I

Artículo 233.- El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que estableciere la ley.

CAPITULO II

Artículo 234.- La Suprema Corte de Justicia se compondrá de cinco miembros.
Artículo 235.- Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia se requiere:
1º) Cuarenta años cumplidos de edad.
2º) Cudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país.
3º)Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.
Artículo 236.- Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal.
En los casos de vacancia y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento, para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.
Artículo 237.- Los miembros de la Suprema Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos sin perjuicio de lo que dispone el artículo 250 y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección.
Artículo 238.- Su dotación será fijada por el Poder Legislativo.

CAPITULO III

Artículo 239.- A la Suprema Corte de Justicia corresponde:
1º) Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional. 

Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuye a la Suprema Corte jurisdicción originaria será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios, que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivada con referencias expresas a la ley que se aplique.
2º) Ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial.
3º) Formular los proyectos de presupuestos del Poder Judicial, y remitirlos en su oportunidad al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuesto respectivos, acompañados de las modificaciones que estime pertinentes.
4º) Con aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso con la de la Comisión Permanente, nombrar los ciudadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones, ciñendo su designación a los siguientes requisitos: 

a) Al voto conforme de tres de sus miembros, para candidatos que pertenezcan a la Judicatura o al Ministerio Público, y 

b) al voto conforme de cuatro, para candidatos que no tengan las calidades del párrafo anterior.

5º) Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte. 

Estos nombramientos tendrán carácter de definitivos desde el momento en que se produzcan, cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz, en destinos que deban ser desempeñados por abogados. 

Si los mismos funcionarios tuviesen menor antigüedad en sus respectivos cargos serán considerados con carácter de Jueces Letrados interinos, por un período de dos años, a contar desde la fecha de nombramiento, y por el mismo tiempo tendrán ese carácter los ciudadanos que recién ingresen a la Magistratura. 

Durante el período de interinato, la Suprema Corte podrá remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría absoluta del total de sus miembros. Vencido el término del interinato, el nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho.
6º) Nombrar a los Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz por mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte de Justicia.
7º) Nombrar, promover y destituir por sí, mediante el voto conforme de cuatro de sus componentes, los empleados del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 66, en lo que corresponda.
8º) Cumplir los demás cometidos que le señale la ley.
Artículo 240.- En el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros Poderes del Estado, y su Presidente estará facultado para concurrir a las Comisiones parlamentarias, para que con voz y sin voto, participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos que interesen a la Administración de Justicia, pudiendo promover en ellas el andamiento de proyectos de reforma judicial y de los Códigos de Procedimientos.

CAPITULO IV

Artículo 241.- Habrá los Tribunales de Apelaciones que la ley determine y con las atribuciones que ésta les fije.
Cada uno de ellos se compondrá de tres miembros.
Artículo 242.- Para ser miembro de un Tribunal de Apelaciones, se requiere:
1º) Treinta y cinco años cumplidos de edad.
2º) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio.
3º) Ser abogado con ocho años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de seis años.
Artículo 243.- Los miembros de los Tribunales de Apelaciones durarán en sus cargos por todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite dispuesto por el artículo 250.

CAPITULO V

Artículo 244.- La ley fijará el número de Juzgados Letrados de la República, atendiendo a las exigencias de la más pronta y fácil administración de Justicia, y señalará los lugares de sede de cada uno de ellos, sus atribuciones y el modo de ejercerlas.
Artículo 245.- Para ser Juez Letrado, se requiere:
1º) Veintiocho años cumplidos de edad.
2º) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cuatro años de ejercicio.
3º) Ser abogado con cuatro años de antigüedad o haber pertenecido con esa calidad por espacio de dos años al Ministerio Público o Fiscal o a la Justicia de Paz.
Artículo 246.- Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite establecido en el artículo 250. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los siguientes requisitos:
1º) Al voto conforme de tres de los miembros de la Suprema Corte en favor del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración, o de ambos extremos, con respecto al anterior.
2º) Al voto conforme de cuatro de sus miembros en favor del traslado, si el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, o de ambos extremos, con respecto al anterior.

CAPITULO VI

Artículo 247.- Para ser Juez de Paz se requiere:
1º) Veinticinco años cumplidos de edad.
2º) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.
A las calidades enunciadas, se deberán agregar la de abogado para ser Juez de Paz en el departamento de Montevideo y la de abogado o escribano público para serlo en las capitales y ciudades de los demás departamentos y en cualquiera otra población de la República, cuyo movimiento judicial así lo exija, a juicio de la Suprema Corte.
Artículo 248.- En la República habrá tantos Juzgados de Paz cuantas sean las secciones judiciales en que se divida el territorio de los departamentos.
Artículo 249.- Los Jueces de Paz durarán cuatro años en el cargo y podrán ser removidos en cualquier tiempo, si así conviene a los fines del mejor servicio público.

CAPITULO VII

Artículo 250.- Todo miembro del Poder Judicial cesará en el cargo al cumplir setenta años de edad.
Artículo 251.- Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria permanente, excepto aquellas especialmente conexas con la judicial.
Para desempeñar cualquiera de estas funciones se requerirá previamente la autorización de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.
Artículo 252.- A los Magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los despachos y oficinas internas de la Suprema Corte, Tribunales y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en cuanto se manifieste. Cesa la prohibición, únicamente cuando se trate de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos y ascendientes.
En lo que se refiere al personal de los despachos y oficinas se estará, además, a las excepciones que la ley establezca.
La ley podrá también instituir prohibiciones particulares para los funcionarios o empleados de las dependencias no aludidas por el apartado primero de este artículo.

CAPITULO VIII

Artículo 253.- La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra.
Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria.
Artículo 254.- La justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. En los pleitos en que tal declaración se hubiere hecho a favor del demandante, el demandado gozará del mismo beneficio hasta la sentencia definitiva, la cual lo consolidará si declara la ligereza culpable del demandante en el ejercicio de su acción.
Artículo 255.- No se podrá iniciar ningún pleito en materia civil sin acreditarse previamente que se ha tentado la conciliación ante la Justicia de Paz, salvo las excepciones que estableciere la ley.

CAPITULO IX

Artículo 256.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 257.- A la Suprema Corte de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia; y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.
Artículo 258.- La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:
1º) Por vía de acción, que deberá entablar ante la Suprema Corte de Justicia.
2º) Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. 

El Juez o Tribunal que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución. 

En este caso y en el previsto por el numeral 2º), se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 259.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.
Artículo 260.- Los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción, podrán también ser declarados inconstitucionales, con sujeción a lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo 261.- La ley reglamentará los procedimientos pertinentes.

 
SECCION XVI
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS DEPARTAMENTOS
 
CAPITULO I

Artículo 262.- El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada Departamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección.
Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente.
La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275.
El Intendente, con acuerdo de la Junta Departamental, podrá delegar en las autoridades locales la ejecución de determinados cometidos, en sus respectivas circunscripciones territoriales.
Los Gobiernos Departamentales podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo, así como con los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, la organización y la prestación de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en forma regional o interdepartamental.
Habrá un Congreso de Intendentes, integrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales. El Congreso, que también podrá celebrar los convenios a que refiere el inciso precedente, se comunicará directamente con los Poderes del Gobierno.
Artículo 263.- Las Juntas Departamentales se compondrán de treinta y un miembros.
Artículo 264.- Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá dieciocho años cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos.
Artículo 265.- Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes.
Artículo 266.- Los Intendentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renuncien con tres meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones.
Artículo 267.- Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador, necesitándose, además, ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años antes de la fecha de toma de posesión por lo menos.
Artículo 268.- Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal.
Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental -siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267- y en su defecto por los Vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones.
Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente electo o fuese anulada la elección departamental quedará prorrogado el período del Intendente cesante, hasta que se efectúe la transmisión del mando.
Artículo 269.- La ley sancionada con el voto de dos tercios del total de los componentes de cada Cámara podrá modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales.

CAPITULO II

Artículo 270.- Las Juntas Departamentales y los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo, con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio establece la Sección III.
Artículo 271.- Los partidos políticos seleccionarán sus candidatos a Intendente mediante elecciones internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios de componentes de cada Cámara.
Para la elección de Intendente Municipal se acumularán por lema los votos en favor de cada partido político, quedando prohibida la acumulación por sublema.
Corresponderá el cargo de Intendente Municipal al candidato de la lista más votada del partido político más votado.
La ley, sancionada por la mayoría estipulada en el primer inciso, podrá establecer que cada partido presentará una candidatura única para la Intendencia Municipal.
Artículo 272.- Los cargos de miembros de las Juntas Departamentales se distribuirán entre los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.
Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los que serán distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas.
Los demás cargos serán distribuidos por el sistema de la representación proporcional integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior.

CAPITULO III

Artículo 273.- La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental.
Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento.
Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales:
1º) Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesarios, dentro de su competencia.
2º) Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el Intendente, conforme a lo dispuesto en la Sección XIV.
3º) Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.
4º) Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental. El requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de componentes de la Junta.
5º) Destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas.
6º) Sancionar, por tres quintos del total de sus componentes, dentro de los doce primeros meses de cada período de Gobierno, su Presupuesto de Sueldos y Gastos y remitirlo al Intendente para que lo incluya en el Presupuesto respectivo. 

Dentro de los cinco primeros meses de cada año podrán establecer, por tres quintos de votos del total de sus componentes, las modificaciones que estimen indispensables en su Presupuesto de Sueldos y Gastos.
7º) Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los antecedentes a la Justicia.
8º) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.
9º) Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales.
10) Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule.
11) Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales.

CAPITULO IV

Artículo 274.- Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental.
Artículo 275.- Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:
1º) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.
2º) Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportuno para su cumplimiento.
3º) Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo con sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV.

4º) Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y contribuciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios.
5º) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos. Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito, pasará, además, los antecedentes a la Justicia.
6º) Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar los que aquélla sancione dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la sanción.
7º) Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con anuencia de la Junta Departamental.
8º) Designar los miembros de la Juntas Locales, con anuencia de la Junta Departamental.
9º) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su mejoramiento.
Artículo 276.- Corresponde al Intendente representar al departamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados.

CAPITULO V

Artículo 277.- El Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fijados.
El Secretario será nombrado por cada Intendente y cesará con él, salvo nueva designación, pudiendo ser removido o reemplazado transitoriamente en cualquier momento.
Artículo 278.- El Intendente podrá atribuir a comisiones especiales la realización de cometidos específicos, delegando las facultades necesarias para su cumplimiento.
Artículo 279.- El Intendente determinará la competencia de las direcciones generales de departamento y podrá modificar su denominación.
Artículo 280.- Los directores generales de departamento ejercerán los cometidos que el Intendente expresamente delegue en ellos.

CAPITULO VI

Artículo 281.- Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal.
Este podrá observar aquéllos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia.
Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales.
No podrán ser observados los presupuestos que hayan llegado a la Asamblea General por el trámite establecido en el artículo 225.
Artículo 282.- El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y de sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto.
Artículo 283.- Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del departamento, en la forma que establezca la ley.
Artículo 284.- Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.
Artículo 285.- La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva.
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.
Artículo 286.- La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos solicitados.

CAPITULO VII

Artículo 287.- El número de miembros de las autoridades locales, que podrán ser unipersonales o pluripersonales, su forma de integración en este último caso, así como las calidades exigidas para ser titular de las mismas, serán establecidos por la ley.
Los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales no podrán integrar las autoridades locales.
Artículo 288.- La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas.

CAPITULO VIII

Artículo 289.- Es incompatible, el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental.
Artículo 290.- No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, los empleados de los Gobiernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el Gobierno Departamental.
No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos, los funcionarios comprendidos en el numeral 4º del artículo 77.
Artículo 291.- Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, tampoco podrán durante su mandato:
1º) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo.
2º) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.
Artículo 292.- La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo.
Artículo 293.- Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente. En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental, sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.
Artículo 294.- Los cargos de Intendente y de miembros de Junta Departamental, son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.

CAPITULO IX

Artículo 295.- Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios.
Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos.
Artículo 296.- Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93.
La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus componentes.

CAPITULO X

Artículo 297.- Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:
1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental.
2º) El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada en las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados.
3º) Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artículo.
4º) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles beneficiados por obras públicas departamentales.
5º) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo de las empresas concesionarias de servicios exclusivamente departamentales.
6º) Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte.
7º) Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, cultural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
8º) Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que ésta determine.
9º) Los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que se efectúen apuestas mutuas, con excepción de los establecidos por ley, mientras no sean derogados.
10) El producido de las multas:

a) que el Gobierno Departamental haya establecido mientras no sean derogadas, o estableciere según sus facultades; 

b) que las leyes vigentes hayan establecido con destino a los Gobiernos Departamentales; 

c) que se establecieran por nuevas leyes, con destino a los Gobiernos Departamentales.

11) Las rentas de los bienes de propiedad del Gobierno Departamental y el producto de las ventas de éstos.
12) Las donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptare.
13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del Presupuesto Nacional, fijará la Ley Presupuestal.
Artículo 298.- La ley, que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo y por el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, podrá:
1) Sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los tributos departamentales, así como ampliar las fuentes sobre las cuales éstos podrán recaer.
2) Destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo. Con su producido se formará un fondo presupuestal, afectado al financiamiento de los programas y planes a que refiere el inciso quinto del artículo 230. Dicha alícuota deberá ser propuesta preceptivamente en el Presupuesto Nacional.
3) Exonerar temporariamente de tributos nacionales, así como rebajar sus alícuotas, a las empresas que se instalaren en el interior del país.
Artículo 299.- Los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios, sino después de diez días de publicados en el "Diario Oficial", y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una sección especial.
Deberán publicarse, además, por lo menos, en dos periódicos del departamento.
Artículo 300.- El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de publicados en el "Diario Oficial", fundándose en razones de interés general, los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.
Artículo 301.- Los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública Departamental, ni concertar préstamos ni empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuencia del Poder Legislativo, otorgada por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de un término de sesenta días, pasado el cual se entenderá acordada dicha anuencia.
Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental.
Artículo 302.- Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.

CAPITULO XI

Artículo 303.- Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.

CAPITULO XII

Artículo 304.- La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.
También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.
Artículo 305.- El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción.
Artículo 306.- La fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e Intendentes Municipales y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones.

 
SECCION XVII
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
 
CAPITULO I

Artículo 307.- Habrá un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el que estará compuesto de cinco miembros.
En los casos de vacancias y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento para el cumplimiento de su función jurisdiccional, se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.
Artículo 308.- Las calidades necesarias para ser miembro de este Tribunal, la forma de su designación, las prohibiciones e incompatibilidades, la dotación y duración del cargo, serán las determinadas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia. 

CAPITULO II

Artículo 309.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.
La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.
La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.
Artículo 310.- El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.
Para dictar resolución, deberán concurrir todos los miembros del Tribunal, pero bastará la simple mayoría para declarar la nulidad del acto impugnado por lesión de un derecho subjetivo.
En los demás casos, para pronunciar la nulidad del acto, se requerirán cuatro votos conformes. Sin embargo, el Tribunal reservará a la parte demandante, la acción de reparación, si tres votos conformes declaran suficientemente justificada la causal de nulidad invocada.
Artículo 311.- Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.
Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos.
Artículo 312.- La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare.
El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.
En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación.
Artículo 313.- El Tribunal entenderá, además, en las contiendas de competencia fundadas en la legislación y en las diferencias que se susciten entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y, también, en las contiendas o diferencias entre uno y otro de estos órganos.
También entenderá en las contiendas o diferencias que se produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o Consejos de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de la voluntad del órgano.
De toda contienda fundada en la Constitución entenderá la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO III

Artículo 314.- Habrá un Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, nombrado por el Poder Ejecutivo.
Las calidades necesarias para desempeñar este cargo, las prohibiciones e incompatibilidades, así como la duración y dotación, serán las determinadas para los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 315.- El Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo será necesariamente oído, en último término, en todos los asuntos de la jurisdicción del Tribunal.
El Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo es independiente en el ejercicio de sus funciones. Puede, en consecuencia, dictaminar según su convicción, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a derecho.
Artículo 316.- La autoridad demandada podrá hacerse representar o asesorar por quien crea conveniente.

CAPITULO IV

Artículo 317.- Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el "Diario Oficial".
Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.
Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.
Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley.
Artículo 318.- Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable.
Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.
Artículo 319.- La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes. La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que en cada caso determine la ley.

CAPITULO V

Artículo 320.- La ley podrá, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, crear órganos inferiores dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.
Estos órganos serán designados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo que disponga la ley sobre la base de las disposiciones que se establecen para el Poder Judicial y estarán sometidos a su superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica.
Artículo 321.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo proyectará sus presupuestos y los remitirá, en su oportunidad, al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los respectivos proyectos de presupuestos, acompañándolos de las modificaciones que estime pertinentes.

 
SECCION XVIII
DE LA JUSTICIA ELECTORAL
 
CAPITULO UNICO

Artículo 322.- Habrá una Corte Electoral que tendrá las siguientes facultades, además de las que se establecen en la Sección III y las que le señale la ley:
A) Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.
B) Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales.
C) Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y referéndum.
Artículo 323.- En materia presupuestal y financiera, se estará a lo que se dispone en la Sección XIV.
Artículo 324.- La Corte Electoral se compondrá de nueve titulares que tendrán doble número de suplentes. Cinco titulares y sus suplentes serán designados por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad.
Los cuatro titulares restantes, representantes de los partidos, serán elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo de acuerdo a un sistema de representación proporcional.
Artículo 325.- Los miembros de la Corte Electoral no podrán ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el Cuerpo Electoral, salvo que renuncien y cesen en sus funciones por lo menos seis meses antes de la fecha de aquélla.
Artículo 326.- Las resoluciones de la Corte Electoral se adoptarán por mayoría de votos y deberán contar, para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de tres de los cinco miembros a que se refiere el inciso primero del artículo 324, salvo que se adopten por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 327.- La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos tercios de votos de la Asamblea General.
En tal caso deberá convocar a una nueva elección -total o parcial- la que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de nulidad.
Artículo 328.- La Corte Electoral se comunicará directamente con los Poderes Públicos.

 
SECCION XIX
DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ANTERIORES
DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA REFORMA DE LA PRESENTE CONSTITUCION
 
CAPITULO I

Artículo 329.- Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo.

CAPITULO II

Artículo 330.- El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación.

CAPITULO III

Artículo 331.- La presente Constitución podrá ser reformada, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:
A) Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata. 

La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la iniciativa popular.
B) Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al Presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice. 

Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y B), se requerirá que vote por "SI" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
C) Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General. 

El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. 

Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de una Convención Nacional Constituyente que deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la Convención. El número de convencionales será doble del de Legisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en número doble al de convencionales. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, serán las que rijan para los Representantes. 

Su elección por listas departamentales, se regirá por el sistema de la representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma. 

Las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoría absoluta del número total de convencionales, debiendo terminar sus tareas dentro del año, contado desde la fecha de su instalación. El proyecto o proyectos redactados por la Convención serán comunicados al Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa publicación. 

El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberán ser ratificados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, en la fecha que indicará la Convención Nacional Constituyente. 

Los votantes se expresarán por "Sí" o por "No" y si fueran varios los textos de enmienda, se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal efecto, la Convención Constituyente agrupará las reformas que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional. 

En los casos de los apartados A) y B) sólo se someterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a las más próximas elecciones, los proyectos que hubieran sido presentados con seis meses de anticipación -por lo menos- a la fecha de aquéllas, o con tres meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el primero de dichos casos. Los presentados después de tales términos, se someterán al plebiscito conjuntamente con las elecciones subsiguientes.
D) La Constitución podrá ser reformada, también, por leyes constitucionales que requerirán para su sanción, los dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma Legislatura. Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, exprese su conformidad por mayoría absoluta de los votos emitidos y serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General.
E) Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificación de las enmiendas, en los casos de los apartados A), B), C) y D) coincidiera con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los ciudadanos deberán expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales, en documento separado y con independencia de las listas de elección. Cuando las reformas se refieran a la elección de cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior, teniendo fuerza imperativa la decisión plebiscitaria.

CAPITULO IV

Artículo 332.- Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

A) Si el plebiscito fuera proclamado afirmativo, por resolución firme de la Corte Electoral, la presente reforma entrará en vigor con fuerza obligatoria, a partir de ese momento.
B) Las disposiciones contenidas en las Secciones VIII, IX, X, XI y XVI, entrarán a regir el 1º de marzo de 1967.
C) Las listas de candidatos para las Juntas Electorales, creadas por la ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924, se incluirán en la misma hoja de votación en que figuren candidatos a cargos nacionales.
D) La Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de los quince días siguientes a la iniciación de la próxima Legislatura, procederá a fijar las asignaciones que percibirán el Presidente, el Vicepresidente de la República y los Intendentes Municipales que resultaren electos de acuerdo con este proyecto de reforma constitucional.
E) Créanse los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte, Comunicaciones y Turismo, que tendrán competencia sobre las materias indicadas.
Los actuales Ministerios de Instrucción Pública y Previsión Social y de Industrias y Trabajo se transformarán, respectivamente, en Ministerio de Cultura y Ministerio de Industria y Comercio.
La Comisión Nacional de Turismo, la Dirección Gral. de Correos, la Dirección Gral. de Telecomunicaciones, la Dirección General de Aviación Civil del Uruguay y la Dirección General de Meteorología del Uruguay, pasarán a depender, en calidad de servicios centralizados, del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá delegarles, bajo su responsabilidad y por decreto fundado, las competencias que estime necesarias para asegurar la eficacia y continuidad del cumplimiento de los servicios.
Facúltase al Poder Ejecutivo para tomar de Rentas Generales las cantidades necesarias para la instalación y funcionamiento de los referidos Ministerios, hasta que la ley sancione sus presupuestos de sueldos, gastos e inversiones.
F) Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que se indican, mientras no se dicten las leyes previstas para su integración, serán administrados:

1º) El Banco Central de la República; el Banco de la República Oriental del Uruguay; el Banco de Seguros del Estado; el Banco Hipotecario del Uruguay; la Administración General de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del Estado; la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y la Administración Nacional de Puertos, por Directorios de cinco miembros designados en la forma indicada en el artículo 187.
2º) La Administración de las Obras Sanitarias del Estado y la Administración de los Ferrocarriles del Estado, por Directorios de tres miembros designados en la forma prevista en el artículo 187.
3º) El Servicio Oceanográfico y de Pesca y las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, por Directores Generales designados en la forma indicada en el artículo 187.

G) Un Directorio integrado en la forma que se indica seguidamente, regirá el Instituto Nacional de Colonización:

a) un Presidente designado por el Poder Ejecutivo en la forma prevista en el artículo 187;
b) un delegado del Ministerio de Ganadería y Agricultura;
c) un delegado del Ministerio de Hacienda;
d) un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que deberá elegirlo de una lista integrada con dos candidatos propuestos por la Universidad de la República y dos candidatos propuestos por la Universidad del Trabajo del Uruguay; y
e) un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que deberá elegirlo de entre los candidatos propuestos por las organizaciones nacionales de productores, las cooperativas agropecuarias y las sociedades de fomento rural, cada una de las cuales tendrá derecho a proponer un candidato.

H) A partir del 1º de marzo de 1967, y hasta tanto la ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada una de las Cámaras, establezca la integración del Directorio del Banco Central de la República y sus competencias, este organismo, estará integrado en la forma indicada en el apartado 1º de la Cláusula F) de estas Disposiciones Transitorias, y tendrá los cometidos y atribuciones que actualmente corresponden al Departamento de Emisión del Banco de la República.
I) Las disposiciones de la Sección XVII se aplicarán a los actos administrativos cumplidos o ejecutados a partir del 1º de marzo de 1952.
Los actos administrativos anteriores a esa fecha podrán ser impugnados, o seguirán el trámite en curso, de conformidad con el régimen en vigor a la fecha de cumplimiento de esos actos. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que atribuyen competencias a los órganos de la justicia ordinaria para conocer en primera o ulterior instancia, en asuntos sometidos a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
J) En tanto no se promulgue la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo:

1º) Se regirá en su integración y funcionamiento, en cuanto sea aplicable, por la ley Nº 3.246, de 28 de octubre de 1907 y las leyes modificativas y complementarias.
2º) El procedimiento ante el mismo será el establecido en el Código de Procedimiento Civil para los juicios ordinarios de menor cuantía.
3º) Deberá dictar sus decisiones dentro del término establecido a ese efecto para la Suprema Corte de Justicia por las Leyes Nº 9.594, de 12 de setiembre de 1936 y Nº 13.355, de 17 de agosto de 1965; y el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo deberá expedirse dentro del término establecido por la misma ley para el Fiscal de Corte. Las decisiones del Tribunal serán susceptibles de ampliación o de aclaración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 486 y 487 del Código de Procedimiento Civil.
4º) Los órganos de la justicia ordinaria remitirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo copia testimoniada de las sentencias que dictaron con motivo del ejercicio de la acción de reparación prevista en el artículo 312. Los representantes de la parte demandada remitirán igualmente copia testimoniada de esas sentencias al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.
5º) La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que, en cada caso, establecen las leyes hasta ahora vigentes, para recurrir ante la autoridad judicial. En los casos no previstos expresamente, el término será de sesenta días a contar del día siguiente al de la notificación personal del acto administrativo definitivo, si correspondiere, o de su publicación en el "Diario Oficial" o del de expiración del plazo que tiene la autoridad para dictar la correspondiente providencia.

K) La disposición del artículo 247 no será aplicable para los Jueces de Paz en funciones al tiempo de sancionarse la presente Constitución, los que también podrán ser reelectos por más de una vez aun cuando no concurran las calidades que expresa el apartado final de dicho artículo.
L) La opción a que refiere el artículo 312, sólo podrá ejercitarse respecto de los actos administrativos dictados a partir de la vigencia de esta reforma.
M) Las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, la de la Industria y Comercio y la de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, estarán regidas por el Directorio del Banco de Previsión Social, que se integrará en la siguiente forma:

a) cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, en la forma prevista en el artículo 187, uno de los cuales lo presidirá;
b) uno electo por los afiliados activos;
c) uno electo por los afiliados pasivos;
d) uno electo por las empresas contribuyentes.

Mientras no se realicen las elecciones de los representantes de los afiliados en el Directorio del Banco de Previsión Social, éste estará integrado por los miembros designados por el Poder Ejecutivo y en ese lapso el voto del Presidente del Directorio será decisivo en caso de empate, aun cuando éste se hubiere producido por efecto de su propio voto.
N) Mientras no se dicte la ley prevista para su integración, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal estará integrado por cinco miembros, tres de los cuales por lo menos deberán ser maestros con más de diez años de antigüedad, designados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo previsto en el artículo 187.
O) La Comisión de Planeamiento y Presupuesto estará integrada por los Ministros de: Hacienda; Ganadería y Agricultura; Industria y Comercio; Trabajo y Seguridad Social; Obras Públicas; Salud Pública; Transporte, Comunicaciones y Turismo, y Cultura, o sus representantes y el Director de la Oficina, que la presidirá. Se instalará de inmediato, con los cometidos, útiles, mobiliario y personal de la actual Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico.
P) El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios, el Directorio del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, la Comisión Nacional de Educación Física y el Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, estarán integrados por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros.
Q) Todos los directorios y autoridades cuya forma de integración se modifica por estas enmiendas, continuarán en funciones hasta que estén designados o electos sus sucesores.
R) La disposición establecida en el artículo 77, inciso 9º), que se refiere a la separación de hojas de votación para los Gobiernos Departamentales, no regirá para la elección del 27 de noviembre de 1966.
S) En el plazo de un año, el Poder Ejecutivo elevará al Poder Legislativo, el proyecto de ley a que se refiere el artículo 202.
T) Los miembros del actual Consejo Nacional de Gobierno podrán ser elegidos para desempeñar los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República; y los miembros de los actuales Concejos Departamentales podrán serlo para desempeñar los cargos de Intendentes Municipales. Las prohibiciones establecidas en el artículo 201 no se aplicarán en la elección nacional de 1966.
U) La Presidencia de la Asamblea General publicará de inmediato el nuevo texto de la Constitución.
V) * La presente reforma del artículo 67 entrará en vigencia a partir del 1º de mayo de 1990. En ocasión del primer ajuste a realizarse con posterioridad a esa fecha, el mismo se hará, como mínimo, en función de la variación operada en el Indice Medio de Salarios entre el 1º de enero de 1990 y la fecha de vigencia de dicho ajuste.
V) ** Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (artículo 67) que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 1º de octubre de 1992. La Suprema Corte de Justicia, de oficio, o a petición de cualquier habitante de la República, emitirá pronunciamiento sin más trámite, indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración, lo que comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dichas normas dejarán de producir efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia.
W) Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las Elecciones Nacionales a celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que se dicte la ley prevista en el numeral 12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases:

a) Podrán votar todos los inscriptos en el Registro Cívico.
b) Se realizarán en forma simultánea el último domingo de abril del año en que deban celebrarse las elecciones nacionales por todos los partidos políticos que concurran a estas últimas.
c) El sufragio será secreto y no obligatorio.
d) En un único acto y hoja de votación se expresará el voto:

1) por el ciudadano a nominar como candidato único del Partido a la Presidencia de la República;

2) por las nóminas de convencionales nacionales y departamentales.

Para integrar ambas convenciones se aplicará la representación proporcional y los precandidatos no podrán acumular entre sí.
La referencia a convencionales comprende al colegio elector u órgano deliberativo con funciones electorales partidarias que determine la Carta Orgánica o el estatuto equivalente de cada partido político.
e) El precandidato más votado será nominado directamente como candidato único a la Presidencia de la República siempre que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos de su partido. También lo será aquel precandidato que hubiera superado el cuarenta por ciento de los votos válidos de su partido y que, además, hubiese aventajado al segundo precandidato por no menos del diez por ciento de los referidos votos.
f) De no darse ninguna de las circunstancias referidas en el literal anterior, el Colegio Elector Nacional, o el órgano deliberativo que haga sus veces, surgido de dicha elección interna, realizará la nominación del candidato a la Presidencia en votación nominal y pública, por mayoría absoluta de sus integrantes.
g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales.

Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electores partidarios.
h) De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura presidencial antes de la elección nacional, será ocupada automáticamente por el candidato a Vicepresidente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del colegio elector nacional u órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.

De producirse con relación al candidato a Vicepresidente, corresponderá al candidato presidencial designar su sustituto, salvo resolución en contrario de acuerdo con lo estipulado en el inciso anterior.

X) En tanto no se dicte la ley prevista en el penúltimo inciso del artículo 230, la Comisión Sectorial estará integrada por los delegados de los Ministerios competentes y por cinco delegados del Congreso de Intendentes, debiendo instalarse dentro de los noventa días a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional.
Y) Mientras no se dicten las leyes previstas por los artículos 262 y 287, las autoridades locales se regirán por las siguientes normas:

1) Se llamarán Juntas Locales, tendrán cinco miembros y, cuando fueren electivas, se integrarán por representación proporcional, en cuyo caso serán presididas por el primer titular de la lista más votada del lema más votado en la respectiva circunscripción territorial. En caso contrario, sus miembros se designarán por los Intendentes con la anuencia de la Junta Departamental y respetando, en lo posible, la proporcionalidad existente en la representación de los diversos partidos en dicha Junta.
2) Habrá Juntas Locales en todas las poblaciones en que ellas existan a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución, así como en las que, a partir de dicha fecha, cree la Junta Departamental, a propuesta del Intendente.

Z) Mientras no se dictare la ley prevista en el artículo 271, los candidatos de cada Partido a la Intendencia Municipal serán nominados por su órgano deliberativo departamental o por el que, de acuerdo a sus respectivas Cartas Orgánicas o Estatutos haga las veces de Colegio Elector. Este órgano será electo en las elecciones internas a que se refiere la Disposición Transitoria letra W).
Será nominado candidato quien haya sido más votado por los integrantes del órgano elector. También lo podrá ser quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el treinta por ciento de los sufragios emitidos. Cada convencional o integrante del órgano que haga las veces de Colegio Elector votará por un solo candidato.
De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura a la Intendencia Municipal antes de la elección departamental, será ocupada automáticamente por su primer suplente, salvo resolución en contrario antes del registro de las listas, del Colegio Elector Departamental u órgano deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.
De producirse con relación al primer suplente, corresponderá al Colegio Elector Departamental u órgano deliberativo equivalente, la designación de su sustituto.
Z') El mandato actual de los Intendentes Municipales, Ediles Departamentales y miembros de las Juntas Locales electivas, se prorrogará, por única vez, hasta la asunción de las nuevas autoridades según lo dispone el artículo 262 de la presente Constitución.
Z") La reparación que correspondiere, por la entrada en vigencia de ésta reforma, no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas.

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